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2020: El año en que cinco letras lo cambiaron todo

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Loli Benlloch

València, 19 dic (EFE).- Cinco letras, las que conforman la palabra covid, resumen el año 2020 también en la Comunitat Valenciana, que ha vivido las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de una pandemia que lo ha marcado todo y que tuvo en València el primer fallecido por el virus de España y Europa.

El coronavirus ha sido el protagonista absoluto de un año que parece que comenzó en marzo, cuando las fallas estaban ya en las calles a la espera de una fiesta cuya suspensión fue la primera de otras muchas -desde la Magdalena a las Hogueras o la Tomatina-, y que también parece que no acaba nunca.

LA FACTURA DE LA COVID

La covid ha dejado hasta el momento una factura humana de 2.718 valencianos fallecidos (825 de ellos ancianos de residencias) y más de 126.000 contagiados, y una factura económica para la Generalitat de mil millones de euros dedicados a luchar contra el virus y sus consecuencias en ámbitos como el laboral, el económico o el social.

La presión hospitalaria llegó al borde del colapso a finales de marzo ante una falta de recursos que el Consell intentó atajar con la Operación Ruta de la Seda, que trajo desde China material en 24 aviones, y la construcción de tres hospitales de campaña, cuyas adjudicaciones de emergencia investiga ahora la Agencia Antifraude.

El pueblo valenciano respetó mayoritariamente un confinamiento en el que hubo poco sol, pero muchos aplausos y música desde los balcones, y ha sido merecedor de la Alta Distinción de la Generalitat 2020 por su responsabilidad, junto a los colectivos que lucharon en primera línea contra el virus.

TIEMPO DE ACUERDOS

La pandemia ha sido tiempo de acuerdos en la Comunitat -se ha firmado uno político, uno social y uno institucional para la reconstrucción- y ha evidenciado la existencia de una «vía valenciana» que contrasta con la confrontación de la política nacional y algunas autonomías.

En el sexto año de gobierno del Botànic ha sido necesario reconducir la relación interna entre el president del Consell, el socialista Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, cuya reclamación pública de más cogobernanza recibió mensajes como «aportas o apartas».

La semana que viene se aprobarán los Presupuestos autonómicos para 2021, los más expansivos de la historia, quizá con el apoyo de Ciudadanos, que ha virado este año de una oposición radical a la búsqueda de acuerdos con el Consell, no sin recelos de Compromís y Unides Podem.

EL AÑO DE LOS ERTE

La palabra que marca el año económico es ERTE: más de 470.000 valencianos se han visto afectados por expedientes de regulación de empleo, presentados sobre todo por pequeñas empresas, pero también por Ford o Air Nostrum, que pese a todo no han evitado que el año acabe con 67.400 parados más.

La hostelería y el turismo han sido los que más se han resentido por las restricciones de la covid, que no obstante ha servido para que sectores como el textil reorientaran su producción a fabricar material contra el virus, como mascarillas o batas.

El inicio del proceso de fusión de Bankia y Caixabank, aprobada en València, es otro de hitos del año económico, que llega a su final con una incertidumbre añadida: la de cómo repercutirá el Brexit en la Comunitat.

GLORIA, GÜRTEL Y VIUDAS NEGRAS

La furia de la borrasca Gloria de enero dio inicio a un año que, en el apartado de sucesos, ha tenido como protagonista la búsqueda de Marta Calvo, y en el de tribunales, los mediáticos juicios de las ‘viudas negras’ de Alicante y de Patraix (Valencia) o la absolución de los 34 acusados por la contrata de las basuras de Orihuela (caso Brugal).

Ha sido el año de la sentencia de los contratos con Gürtel para la retransmisión de la visita del papa a València en 2006 -uno de cuyos procesados, Juan Cotino, murió de covid semanas después de ir al juicio en Madrid-; de una nueva condena al exconseller Rafael Blasco por el caso Cooperación y de la entrada en prisión de los condenados del caso Emarsa.

El levantamiento de sumario del caso Erial ha permitido poner cantidades y nombres al supuesto organigrama corrupto del exministro Eduardo Zaplana; el expresident del Consell Francisco Camps ha visto sobreseídos casos que le afectaban; y se ha dictaminado que Julio Iglesias no es el padre de un valenciano.

EL PRIMER CERVANTES

En este tiempo sin abrazos nos ha dejado Juan Genovés, pero también ha habido cosas buenas, como el primer Premio Cervantes a un valenciano, el poeta Francisco Brines, o el anuncio de que el aeropuerto de Alicante llevará el nombre del poeta oriolano Miguel Hernández.

El 2020, el año en que un virus lo cambió todo, termina con un atisbo de esperanza: el del próximo inicio de la vacunación contra al coronavirus, que permita a los valencianos retomar los afectos y los planes que han quedado en situación de espera.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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