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Ricardo Costa afirma que Gürtel trabajó con el Gobierno valenciano por decisión de Camps

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Imagen de archivo del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa (i), a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/Luca Piergiovanni
Madrid, 20 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa ha afirmado que el empresario de la trama Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, trabajó «con el partido y con el Gobierno» autonómico por decisión del entonces president, Francisco Camps, quien, ha reiterado, estaba al tanto de la financiación irregular de campañas.

«Es obvio que en Valencia (Álvaro Pérez) hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente y trabajaba con la administración pública valenciana», ha señalado este martes el ex secretario general del PPCV en su testifical en el juicio a Camps y a otra veintena de acusados que celebra desde enero la Audiencia Nacional.

RICARDO COSTA APUNTA A CAMPS

Quien fuese «mano derecha» de Camps en el partido, que fue absuelto junto a él en 2012 en el conocido como «juicio de los trajes», ha comenzado suscribiendo la gran mayoría de las tesis de la Fiscalía, que acusa al expresident de dar instrucciones para adjudicar el montaje de un expositor a la empresa Orange Market en 2009.

Pero más tarde, durante un tenso interrogatorio de la defensa de Camps en el que el tribunal ha llegado a pedir «calma», ha matizado que de lo que tiene constancia «respecto a la administración pública» es porque se lo decía Álvaro Pérez, que tenía «acceso directo» al expresidente y a exconsejeros, y ha negado haber sido testigo «de forma directa» de que Camps diese órdenes de contratar a Gürtel.

Y en relación con la contratación que se juzga, Costa ha llegado a aseverar que no tiene «ningún conocimiento sobre adjudicaciones públicas».

Antes, en relación a Fitur, ha aludido a una conversación con la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, quien le dijo poco antes de entrar en prisión por otra pieza del caso que «unos se quedan en la universidad y otros que les han planteado firmar determinadas adjudicaciones se van a la cárcel».

Martínez, que dejó la Conselleria dos años antes del polémico contrato, también ha declarado este martes y ha rechazado que recibiese órdenes para contratar con Orange Market.

Cuando la fiscal le ha recordado que en el juicio de Fitur dijo «que seguía instrucciones de Francisco Camps en cuanto a la contratación», ha indicado que no lo recuerda y que el expresidente sólo le pidió «potenciar el turismo».

CAMPS, «CONOCEDOR» DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR

Pese a que no es objeto de juicio, Costa ha vuelto a afirmar a preguntas de la Fiscalía que Camps era «conocedor» de un sistema de financiación irregular con dinero en efectivo de empresarios en 2007 y 2008, unos hechos por los que Costa fue condenado hace años en un juicio donde ya apuntó al expresident.

Como dijo entonces, ha explicado que el partido acumuló una deuda de un millón de euros con la trama y que, en una reunión con los considerados cabecillas de la red, les comunicó que «se había decidido» pagarla mediante «aportaciones en efectivo» y con facturas por actos «que no se habían producido».

«Les dije que en esa parte no entraba», ha indicado Costa, que ha recordado cómo «en ese momento» llamaron a Camps y éste les trasladó «básicamente que a él le habían dicho que era la única forma de pagar esa deuda y que tenían que hablar con (Vicente) Rambla», exvicepresidente valenciano.

Ha indicado que denunció ese sistema a la dirección nacional, que le comunicó que trasladarían su «prohibición al señor Camps», al tiempo que ha relatado que cuando Álvaro Pérez se quejó de que la Administración valenciana tenía una deuda con él, Costa le dijo que «ya sabía con quién tenía que hablar: el señor Rambla y el señor Camps».

No obstante, ha precisado que no le consta que la contratación de Orange Market que se juzga en este procedimiento y por la que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel a Camps persiguiese financiar la deuda que tenía el PP con Gürtel.

EL BIGOTES, «PERSONA DE CONFIANZA» DEL PP Y DE CAMPS

En sintonía con la versión de Álvaro Pérez, que Camps niega, Costa ha indicado que ambos tenían una relación «personal, cordial, amistosa» y que el empresario era una «persona de confianza del PP y del presidente», que en alguna ocasión se reunió con él en el Palau de la Generalitat.

También ha explicado que, como sostiene la Fiscalía, en 2003 Álvaro Pérez le dijo que «iba a venir a Valencia» a trabajar «porque se lo había pedido el presidente».

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La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería por presunta corrupción en la compra de mascarillas

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes en Almería a Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Popular en la provincia, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La operación incluye también la detención del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP. Las detenciones se producen por presuntos contratos irregulares vinculados a la adquisición de material sanitario.


Registros en marcha y una investigación dirigida desde un juzgado de Almería

Según fuentes próximas al caso, el operativo está siendo coordinado por un juzgado de instrucción de Almería, que ha ordenado registros simultáneos en varios puntos de la provincia relacionados con los investigados.

Estas fuentes subrayan que el procedimiento no está conectado con los casos abiertos en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que también investigan contratos de emergencia durante la pandemia. En este caso concreto, todos los implicados pertenecen al Partido Popular.


Contratos de mascarillas bajo sospecha

La investigación se inició tras detectar posibles irregularidades en contratos de suministro de mascarillas y otros materiales sanitarios, adjudicados durante los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

La UCO analiza ahora documentación incautada para determinar el alcance de las responsabilidades y el presunto perjuicio económico.

 

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