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Ricardo Costa afirma que Gürtel trabajó con el Gobierno valenciano por decisión de Camps

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Imagen de archivo del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa (i), a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/Luca Piergiovanni
Madrid, 20 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- El ex número dos del PP valenciano Ricardo Costa ha afirmado que el empresario de la trama Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, trabajó «con el partido y con el Gobierno» autonómico por decisión del entonces president, Francisco Camps, quien, ha reiterado, estaba al tanto de la financiación irregular de campañas.

«Es obvio que en Valencia (Álvaro Pérez) hacía todos los actos del PP porque lo decidía el presidente y trabajaba con la administración pública valenciana», ha señalado este martes el ex secretario general del PPCV en su testifical en el juicio a Camps y a otra veintena de acusados que celebra desde enero la Audiencia Nacional.

RICARDO COSTA APUNTA A CAMPS

Quien fuese «mano derecha» de Camps en el partido, que fue absuelto junto a él en 2012 en el conocido como «juicio de los trajes», ha comenzado suscribiendo la gran mayoría de las tesis de la Fiscalía, que acusa al expresident de dar instrucciones para adjudicar el montaje de un expositor a la empresa Orange Market en 2009.

Pero más tarde, durante un tenso interrogatorio de la defensa de Camps en el que el tribunal ha llegado a pedir «calma», ha matizado que de lo que tiene constancia «respecto a la administración pública» es porque se lo decía Álvaro Pérez, que tenía «acceso directo» al expresidente y a exconsejeros, y ha negado haber sido testigo «de forma directa» de que Camps diese órdenes de contratar a Gürtel.

Y en relación con la contratación que se juzga, Costa ha llegado a aseverar que no tiene «ningún conocimiento sobre adjudicaciones públicas».

Antes, en relación a Fitur, ha aludido a una conversación con la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, quien le dijo poco antes de entrar en prisión por otra pieza del caso que «unos se quedan en la universidad y otros que les han planteado firmar determinadas adjudicaciones se van a la cárcel».

Martínez, que dejó la Conselleria dos años antes del polémico contrato, también ha declarado este martes y ha rechazado que recibiese órdenes para contratar con Orange Market.

Cuando la fiscal le ha recordado que en el juicio de Fitur dijo «que seguía instrucciones de Francisco Camps en cuanto a la contratación», ha indicado que no lo recuerda y que el expresidente sólo le pidió «potenciar el turismo».

CAMPS, «CONOCEDOR» DE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR

Pese a que no es objeto de juicio, Costa ha vuelto a afirmar a preguntas de la Fiscalía que Camps era «conocedor» de un sistema de financiación irregular con dinero en efectivo de empresarios en 2007 y 2008, unos hechos por los que Costa fue condenado hace años en un juicio donde ya apuntó al expresident.

Como dijo entonces, ha explicado que el partido acumuló una deuda de un millón de euros con la trama y que, en una reunión con los considerados cabecillas de la red, les comunicó que «se había decidido» pagarla mediante «aportaciones en efectivo» y con facturas por actos «que no se habían producido».

«Les dije que en esa parte no entraba», ha indicado Costa, que ha recordado cómo «en ese momento» llamaron a Camps y éste les trasladó «básicamente que a él le habían dicho que era la única forma de pagar esa deuda y que tenían que hablar con (Vicente) Rambla», exvicepresidente valenciano.

Ha indicado que denunció ese sistema a la dirección nacional, que le comunicó que trasladarían su «prohibición al señor Camps», al tiempo que ha relatado que cuando Álvaro Pérez se quejó de que la Administración valenciana tenía una deuda con él, Costa le dijo que «ya sabía con quién tenía que hablar: el señor Rambla y el señor Camps».

No obstante, ha precisado que no le consta que la contratación de Orange Market que se juzga en este procedimiento y por la que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel a Camps persiguiese financiar la deuda que tenía el PP con Gürtel.

EL BIGOTES, «PERSONA DE CONFIANZA» DEL PP Y DE CAMPS

En sintonía con la versión de Álvaro Pérez, que Camps niega, Costa ha indicado que ambos tenían una relación «personal, cordial, amistosa» y que el empresario era una «persona de confianza del PP y del presidente», que en alguna ocasión se reunió con él en el Palau de la Generalitat.

También ha explicado que, como sostiene la Fiscalía, en 2003 Álvaro Pérez le dijo que «iba a venir a Valencia» a trabajar «porque se lo había pedido el presidente».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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