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Salario Mínimo Interprofesional a 1.080 euros: ¿cuándo entra en vigor la subida?

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salario minimo interprofesional 2023
Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para 2023 volverá a subir. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que subirá hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas.

La subida entrará en vigor el martes 14 de febrero de 2023.

Así lo ha asegurado durante su intervención en el Senado, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se haya reunido con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, un encuentro al que ha declinado asistir la CEOE.

Salario Mínimo Interprofesional para 2023

¿A qué trabajadores afecta la subida del salario mínimo?

El artículo 27 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que el Gobierno fija el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Además, este artículo afirma que la revisión del salario mínimo no afectará a «la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquel«.

¿El SMI es bruto o neto?

Todas las subidas que se han efectuado sobre el salario mínimo interprofesional que ha llevado a cabo el Gobierno durante la legislatura repercuten en el salario bruto de los trabajadores españoles. Esto quiere decir que la cantidad que reciban a final de mes no serán 1.080€ sino una cantidad inferior.

La diferencia entre el salario bruto y el salario neto está en la cantidad de dinero que se recibe en la nómina tras el pago de impuestos y las deducciones de la Seguridad Social. De este modo, los trabajadores que vean incrementado su sueldo al salario mínimo interprofesional no cobrará los 1.080€ sino una cantidad inferior.

Las últimas subidas del SMI

Desde los sindicatos reclamaban una subida hasta 1.100 euros, mientras que Díaz abogaba por la banda alta del informe del comité de expertos que planteó un alza para 2023 de entre el 4,6 % y el 8,2 %.

En junio del año pasado, la comisión asesora de expertos señaló al Gobierno varios rangos y escenarios de subidas del SMI.

En el más elevado, el salario mínimo debía alcanzar los 1.049 euros en 14 pagas en 2023 para cumplir con ese objetivo del 60%. Actualmente, el SMI es de 1.000 euros brutos en 14 pagas.

El SMI ha ido subiendo gradualmente en los últimos años.

En 2019, este pasó de 735,90€ a 900€. Un año después, en 2020, creció 50 euros. En 2021, se modificó de 950 euros a 965 euros. Y finalmente, en este 2022 se ha situado en 1.000 euros. El incremento desde 2019 ha sido del 33,5%.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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