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Nueva subida del salario mínimo hasta los 1.134 euros para 2024

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salario mínimo 2024
EFE/David Fernández/Archivo

Madrid (EFE).- El Ministerio de Trabajo ha acordado con los sindicatos UGT y CCOO una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5 %, 54 euros mas al mes, hasta los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas para este 2024.

Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey al término de la reunión, la patronal CEOE se ha descolgado del acuerdo.

Esta subida se aplica con carácter retroactivo al 1 de enero de 2024.

Salario mínimo en 2024

El incremento pactado implicará una mejora salarial de 54 euros más al mes y afectará algo más de dos millones de trabajadores que se sitúan en el espectro más bajo de la distribución salarial, buena parte de ellos mujeres y jóvenes. Además, el alza del SMI tendrá repercusión también en los convenios en los que las tablas salariales están vinculadas a la cuantía de esta renta, que fija cada año el Gobierno. El acuerdo deberá ser refrendado por el Consejo de Ministros, aunque tendrá que esperar al menos al 23 de enero. Eso sí, la subida se aplicará de forma retroactiva a todo 2024, por lo que la subida se notará ya en la nómina de enero aunque se apruebe más tarde.

El incremento del SMI se ha cerrado, de nuevo, sin el apoyo de los empresarios que en esta ocasión han participado en todas las reuniones celebradas en la sede del ministerio. La patronal CEOE, presidida por Antonio Garamendi, se ha bajado del acuerdo al no ver satisfechas sus pretensiones. Los empresarios perseguían un incremento del SMI del 3% mas un 1% adicional vinculado a la inflación, pero exigían al Gobierno que cambiara la ley para poder repercutir el coste que les supone esta alza en las contratas públicas.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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