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Salario Mínimo para vivir con lo mínimo

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Menos del 20% de jóvenes de la Comunitat están emancipados. Imagen: Pexels

Marta González Fontán

Este martes entra en vigor la última subida del Gobierno del Salario Mínimo Interprofesional, que elevará la cifra a 1080€ al mes. Cobrar más siempre es una buena noticia, pero hay que hacerse preguntas.

¿Se puede vivir en España cobrando el salario mínimo?

Sobre todo, ¿se puede vivir con tranquilidad y de manera digna?

Sube el SMI… Y todo lo demás

La subida del Salario Mínimo a 1080 euros brutos al mes constituye una subida del 8% con respecto al SMI actual de 1000 euros en catorce pagas. Hace tan solo cinco años la cifra era de 656€, un 47% menos. No todo tiempo pasado fue mejor, pero lo cierto es que vivir con 1080 euros al mes es muy difícil.

Algunos datos son indispensables para responder esta pregunta: la vivienda, la cesta de la compra y el transporte. Porque si algo necesitamos para vivir es un techo, un plato de comida y llegar a ese trabajo por el que ofrecen 1080€.

¿Cuál es el precio de vivir en Valencia?

El precio de los alquileres es uno de los temas más recurrentes cuando se habla de crisis económica. Tener un techo sobre nuestra cabeza es lo mínimo de lo mínimo (además de un derecho constitucional). Los datos disponibles dicen que el costo promedio de vivir en España es de 670 euros al mes. La subida de este precio se sitúo en un 1,5% en el último mes.

España alcanzó en enero su máximo histórico en el precio del alquiler

Este precio muestra grandes diferencias según la ciudad en la que nos encontremos. En el caso de Valencia, el precio del metro cuadrado en enero fue de 11,4€. Una subida del 1,6%. Aun así, se encuentra por debajo de la media española.

¿Cuánto nos cuesta llegar al trabajo?

A pesar de la pandemia, en 2022 tan solo el 15,5% de personas activas en España teletrabajaban, cifra por debajo del 24,4% de media de la Unión Europea, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat. A esto sumamos que el trayecto medio de los españoles desde su casa hasta su puesto de trabajo es de 36 minutos, según un estudio de la empresa Michael Page.

En Valencia un abono mensual de transporte cuesta, tras la bajada del 50% el 1 de febrero, entre 17,5 y 26,5€ para mayores de 35. Los jóvenes que no dispongan del abono gratuito válido hasta el 31 de julio pagarán entre 14,9 y 22,53€ al mes por su tarjeta SUMA.

Si el trayecto al trabajo se hace en coche, habrá que tener en cuenta el precio de la gasolina. Aunque no nos encontremos ya en la misma situación que al comienzo de la guerra de Ucrania, el litro cuesta hoy 1,655€ o 1,677€ en caso de que su coche consuma Diesel. Cogiendo los últimos datos disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cada español recorre al día 41,6km en desplazamientos interiores. Es decir, estaríamos gastando alrededor de 114 euros al mes.

¿Y comer?

En los últimos meses de 2022, el gasto de los españoles en el supermercado alcanzada cifras «sin precedentes», de acuerdo con NielsenIQ. Los productos de alimentación alcanzaron una subida del 15,9% anual en el IPC de diciembre.

Cada persona gastó de media 1015€ en la compra de productos básicos. En el caso de las familias, esta cifra se multiplica, mientras que el salario sigue siendo el mismo.

¿Qué pasa si, aún por encima, somos menores de 30 años?

En la Comunitat Valenciana, las personas de entre 16 y 30 años que se encuentran emancipadas constituyen menos del 20%. La edad media a la que los ya-no-tan-jóvenes abandonan la casa familiar para independizarse es ya de 29 años en la comunidad.

La presidenta del Consell Valencià  de la Juventut (CVJ), Cristina Martínez, afirma que la mayor reivindicación de los jóvenes ahora mismo es «la inquietud de quienes se preguntan ‘¿qué va a ser de mi vida?’, de poder iniciar y construir un proyecto de vida digno y tener oportunidades para hacerlo».

El Salario Mínimo Interprofesional es exactamente eso: un mínimo. Una cifra que apenas permite vivir, pero que, desde luego, no permite disfrutar de la vida.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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