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Se prevé que la subida del SMI afecte a más de 140.000 trabajadores en la Comunitat

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VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) – El Gobierno prevé que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, que aprobará el ejecutivo en el Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona, afecte a un total de 143.270 trabajadores en la Comunitat Valenciana, del total de 1,3 millones que se espera que se vean beneficiados por esta medida en el conjunto de España.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, en una rueda de prensa en la que ha valorado esta subida del SMI y la aprobación del techo de gasto en el Congreso este jueves.

Según ha detallado Fulgencio, en 2018 cobraban el salario mínimo en la Comunitat Valenciana un total de 61.598 personas, y el gobierno prevé que con el próximo incremento –de los 735,90 euros actuales a los 900 en 2019–, un total de 143.270 personas se vean beneficiadas. A nivel de todo el Estado, se pasará de unas 525.000 personas en 2018, a unas 1,3 millones.

El objetivo de esta subida, ha mantenido Fulgencio, es «prevenir la pobreza en el trabajo» porque «no puede ser» que en 2019 haya trabajadores que no puedan llegar a fin de mes. Así, ha destacado que esta subida de 900 euros en 2019, «habrá que ir mejorándolo» en años posteriores.

«Es un paso muy importante, pero no es el final del camino», ha manifestado, al tiempo que ha criticado a los que «dicen que es una subida desproporcionada», y los ha instado a «comparar con los 1.500 euros de otros países de nuestro entorno».

«ABSOLUTA ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA» QUE EL SENADO FRENE EL TECHO DE GASTO
Fulgencio también se ha pronunciado al respecto del el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 que se aprobó este jueves en el Congreso, y que deberá votar el Senado, donde previsiblemente no salga adelante por el voto en contra de la mayoría absoluta que tiene el PP en esta cámara.

Así, para el delegado, que la Cámara Alta pueda vetar este acuerdo es una «absoluta anormalidad democrática», que «no forma parte del espíritu de la Constitución».

Fulgencio ha destacado que esta senda de déficit «obtuvo el visto bueno de Europa», por lo que ha pedido a la «derecha parlamentaria» que «se dejen de encuestas y prisas», y que «atiendan a la obligación del oxígeno a los que sufrieron los recortes».

En esta línea, ha afirmado que apoyar el techo de gasto «no es apoyar al gobierno, sino al Estado del Bienestar y a las Comunidades Autónomas», ya que «supone más recursos en un estado en el que las cuentas «están mejor», y ha destacado que «suponen 2.500 millones de margen fiscal» para las autonomías.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el delegado ha comentado que buscan «recuperar parte de lo perdido en los últimos años», y ha asegurado que apuestan por el «blindaje del Estado del Bienestar». «El Gobierno tiene una agenda de cambio, aunque aún quedan muchas cosas por revertir en política social», ha asegurado.

Al respecto de la aprobación de las cuentas estatales para 2019, Fulgencio ha señalado que el gobierno «ya está negociando», y ha asegurado que «la era de la negociación ha venido para quedarse». Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios un «esfuerzo de generosidad», por lo que «todos tendrán que explicar» su actitud al respecto de las cuentas, «si fue en clave política o pensando en los ciudadanos».

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Guerra en Irán: cómo puede afectar a España

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Guerra en Oriente Próximo
EE.UU. e Israel atacan Irán en una ofensiva aérea para "aniquilar" al régimen de los ayatolás

Sigue la última hora sobre la guerra en Oriente Próximo:

La escalada militar tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha tensionado los mercados energéticos y financieros internacionales. El foco está en el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial y alrededor de un tercio del comercio global de gas natural licuado.

Cualquier alteración en esta ruta clave impacta de forma directa en Europa y, por extensión, en España. Estos son los cinco efectos que pueden influir en el día a día de hogares y empresas.


1. Gasolina y diésel más caros

El primer reflejo del conflicto se ha visto en el petróleo. El barril de Brent —referencia en Europa— ha superado con fuerza los 70 dólares y llegó a aproximarse a los 80 tras repuntes superiores al 8%, con previsiones que apuntan a posibles escaladas adicionales si la crisis se agrava.

Irán concentra cerca del 10% de las reservas mundiales y es uno de los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Un recorte de suministro o un bloqueo parcial en Ormuz tensionaría aún más el mercado.

En España, las estaciones de servicio ya anticipan subidas en el precio del combustible, con incrementos más acusados en el gasóleo que en la gasolina. Esto repercute directamente en el transporte, la logística y el coste final de muchos productos.


2. Electricidad y gas bajo presión

El gas natural también se ha encarecido en los mercados europeos, especialmente tras los ataques a infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico. Desde la guerra en Ucrania, la Unión Europea redujo su dependencia del gas ruso y aumentó las importaciones de gas natural licuado desde otras regiones, incluidas las del Golfo.

Aunque España cuenta con un suministro diversificado (Argelia, Estados Unidos y varios países africanos), el mercado energético es global. Si el gas sube en Europa, el precio mayorista de la electricidad puede verse arrastrado al alza, lo que terminaría notándose en la factura de hogares e industrias.


3. Caídas en bolsa y riesgo para los tipos de interés

La incertidumbre geopolítica también ha golpeado a la renta variable. El IBEX 35 ha registrado descensos relevantes, penalizado por su elevada exposición al sector bancario y al turismo.

Entidades como Banco Santander, BBVA o CaixaBank han sufrido retrocesos, mientras que aerolíneas como IAG —matriz de Iberia y British Airways— han acusado el doble impacto del encarecimiento del combustible y la cancelación de rutas.

En el lado opuesto, compañías energéticas como Repsol se han visto beneficiadas por el repunte del crudo, y firmas tecnológicas y de defensa como Indra han reaccionado al alza ante el previsible aumento del gasto militar.

Si la inflación repunta por el encarecimiento energético, el Banco Central Europeo podría frenar futuras bajadas de tipos o retrasar su hoja de ruta monetaria, lo que afectaría a hipotecas y financiación empresarial.


4. Problemas logísticos y transporte más caro

El transporte marítimo afronta un escenario complejo. Grandes navieras han optado por modificar rutas o suspender escalas en la zona. Evitar el Estrecho de Ormuz implica rodear África para conectar Asia y Europa, lo que supone más días de tránsito, mayor consumo de combustible y primas adicionales de seguros por riesgo bélico.

Este sobrecoste logístico termina trasladándose al precio final de bienes tecnológicos, textiles e industriales importados.

En el ámbito aéreo, varias compañías han cancelado o reprogramado vuelos hacia Oriente Medio. El encarecimiento del queroseno y los desvíos para evitar zonas de riesgo pueden derivar en billetes más caros si la situación se prolonga.


5. Impacto en la cesta de la compra

El efecto no se limita a la energía. Aproximadamente un tercio del comercio mundial de fertilizantes —como amoníaco y azufre— atraviesa el Estrecho de Ormuz. Además, la región produce una parte relevante del polietileno, esencial para envases y embalajes.

La agricultura española depende de estos insumos, cuyos precios están ligados al gas y al petróleo. Si el barril supera los 100 dólares y la interrupción comercial se mantiene, el encarecimiento podría trasladarse a frutas, verduras y productos básicos, alimentando un nuevo ciclo inflacionista.


Posición del Gobierno español

En el plano político, el Ejecutivo ha negado que Estados Unidos esté utilizando las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón para operaciones contra Irán.

El presidente Pedro Sánchez ha llamado a la desescalada diplomática, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Exteriores, José Manuel Albares, han insistido en que cualquier uso de instalaciones españolas se rige por el derecho internacional y la soberanía nacional.

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