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Se prevé que la subida del SMI afecte a más de 140.000 trabajadores en la Comunitat

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VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) – El Gobierno prevé que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, que aprobará el ejecutivo en el Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona, afecte a un total de 143.270 trabajadores en la Comunitat Valenciana, del total de 1,3 millones que se espera que se vean beneficiados por esta medida en el conjunto de España.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, en una rueda de prensa en la que ha valorado esta subida del SMI y la aprobación del techo de gasto en el Congreso este jueves.

Según ha detallado Fulgencio, en 2018 cobraban el salario mínimo en la Comunitat Valenciana un total de 61.598 personas, y el gobierno prevé que con el próximo incremento –de los 735,90 euros actuales a los 900 en 2019–, un total de 143.270 personas se vean beneficiadas. A nivel de todo el Estado, se pasará de unas 525.000 personas en 2018, a unas 1,3 millones.

El objetivo de esta subida, ha mantenido Fulgencio, es «prevenir la pobreza en el trabajo» porque «no puede ser» que en 2019 haya trabajadores que no puedan llegar a fin de mes. Así, ha destacado que esta subida de 900 euros en 2019, «habrá que ir mejorándolo» en años posteriores.

«Es un paso muy importante, pero no es el final del camino», ha manifestado, al tiempo que ha criticado a los que «dicen que es una subida desproporcionada», y los ha instado a «comparar con los 1.500 euros de otros países de nuestro entorno».

«ABSOLUTA ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA» QUE EL SENADO FRENE EL TECHO DE GASTO
Fulgencio también se ha pronunciado al respecto del el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 que se aprobó este jueves en el Congreso, y que deberá votar el Senado, donde previsiblemente no salga adelante por el voto en contra de la mayoría absoluta que tiene el PP en esta cámara.

Así, para el delegado, que la Cámara Alta pueda vetar este acuerdo es una «absoluta anormalidad democrática», que «no forma parte del espíritu de la Constitución».

Fulgencio ha destacado que esta senda de déficit «obtuvo el visto bueno de Europa», por lo que ha pedido a la «derecha parlamentaria» que «se dejen de encuestas y prisas», y que «atiendan a la obligación del oxígeno a los que sufrieron los recortes».

En esta línea, ha afirmado que apoyar el techo de gasto «no es apoyar al gobierno, sino al Estado del Bienestar y a las Comunidades Autónomas», ya que «supone más recursos en un estado en el que las cuentas «están mejor», y ha destacado que «suponen 2.500 millones de margen fiscal» para las autonomías.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el delegado ha comentado que buscan «recuperar parte de lo perdido en los últimos años», y ha asegurado que apuestan por el «blindaje del Estado del Bienestar». «El Gobierno tiene una agenda de cambio, aunque aún quedan muchas cosas por revertir en política social», ha asegurado.

Al respecto de la aprobación de las cuentas estatales para 2019, Fulgencio ha señalado que el gobierno «ya está negociando», y ha asegurado que «la era de la negociación ha venido para quedarse». Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios un «esfuerzo de generosidad», por lo que «todos tendrán que explicar» su actitud al respecto de las cuentas, «si fue en clave política o pensando en los ciudadanos».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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