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Así queda la subida salarial para los funcionarios hasta el 2028

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subida salarial funcionarios
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.EP

El pacto incluye mejoras laborales, eliminación de la tasa de reposición y revisiones en complementos de residencia e insularidad. CCOO aún no ha decidido si lo apoyará.

El Ministerio de Función Pública ha alcanzado este miércoles un preacuerdo histórico con los sindicatos UGT y CSIF para incrementar el salario de los empleados públicos un 11% en los próximos tres años. La propuesta, que aún debe ser valorada por CCOO, contempla una subida del 4,5% entre 2025 y 2026 y un 6,5% adicional entre 2027 y 2028.

✔ Subida salarial desde 2025 con efectos retroactivos

El pacto fija para 2025 una subida del 2,5%, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y será abonada en la nómina de diciembre.

En 2026 el incremento será del 1,5% fijo, con un 0,5% adicional si la inflación iguala o supera ese porcentaje. Ese tramo variable se cobraría en el primer trimestre de 2027, también con retroactividad.

Aunque la suma total es del 11%, los sindicatos calculan que el efecto arrastre podría elevar la mejora hasta el 11,5%.

✔ Eliminación de la tasa de reposición y mejoras laborales

El acuerdo no solo incluye incrementos salariales. También recoge importantes cambios estructurales:

  • Eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá reforzar plantillas en los ámbitos más tensionados.

  • Procesos selectivos más ágiles, con un plazo máximo de un año para su resolución.

  • Refuerzo de plantillas en servicios de atención al público.

  • Revisión y aumento en 2026 de los complementos de residencia e insularidad.

  • Mejoras en permisos, conciliación y salud laboral.

  • Avances en jubilación y refuerzo del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).

“Es un acuerdo que termina con la tasa de reposición y garantiza que las ofertas públicas se ejecuten en un año”, señaló Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.

✔ CCOO mantiene su decisión en suspenso

Aunque UGT y CSIF han dado su visto bueno, CCOO todavía está analizando el texto. El Ministerio confía en que finalmente se incorpore al pacto, que se prevé suscribir este jueves con o sin su apoyo.

El departamento dirigido por Óscar López ha destacado que el acuerdo supone “un gran avance para los servidores públicos y garantiza su poder adquisitivo hasta 2028”.

Por su parte, CSIF, que ha respaldado el pacto, lo considera “el mejor posible en las actuales circunstancias políticas”, marcadas por la inestabilidad y las limitaciones presupuestarias.

UGT, por su parte, celebra que “gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país”.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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