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Suspenden la Semana Santa de Sevilla 2021

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tradiciones semana santa españa

Sevilla, 29 dic (EFE).- Sevilla sufrirá por segundo año consecutivo y por culpa de la pandemia de coronavirus la suspensión de la Feria de Abril y de la Semana Santa, fiestas que suponen un movimiento económico cifrado en torno a 1.300 millones de euros, el 4,3 % del PIB local.

La inaudita suspensión por segundo año de las principales fiestas de la ciudad, además del impacto económico, supone un perjuicio emocional para miles de sevillanos, que durante las últimas semanas ya esperaban esta decisión a pesar del comienzo de la campaña de la vacuna.

Cuando se suspendieron las fiestas de primavera de este año, la mayoría confiaba en que para 2021 la pandemia estaría superada y se podrían volver a disfrutar masivamente de las sesenta procesiones que recorren las calles del centro de la ciudad y de una fiesta pagana en la que se mezclan bailes, cante, caballos y mucha comida y bebida.

Todo apuntaba a que tras la primera ola, que comenzó en febrero, se podrían volver a celebrar ambas fiestas, pero el repunte de contagios y de fallecidos en la segunda ola, que ha extendido la enfermedad a casi 60.000 sevillanos y ha provocado 1.149 muertes en la provincia, hizo que comenzaran a florecer los augurios más negativos.

El anuncio de la vacunación contra el coronavirus abrió una nueva esperanza, aunque pronto la Consejería de Salud advirtió de que para esas fiestas primaverales no habría suficiente población inmunizada, solo en torno al 30 %, y no se aconsejaba la celebración de eventos que supusieran la acumulación de personas.

Tras diversas reuniones, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció el 17 de diciembre que no se daban las condiciones para celebrar la Feria de Abril en 2021 y que se suspendía.

Para paliar los efectos económicos de esa decisión, el Ayuntamiento dijo que mantendrían reuniones con los sectores más afectados económicamente para analizar «cómo establecer medidas que puedan servir de apoyo».

Antes de suspender la Feria de Abril de 2020, el Ayuntamiento la trasladó a finales del mes de septiembre para esperar si para entonces era posible celebrarla aunque fuera con un formato más reducido, aunque finalmente fue suspendida de forma definitiva debido a la evolución de los contagios y de los fallecidos.

Doce días después, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, publicó un decreto en el que anunciaba la suspensión de la Semana Santa, lo que no ocurría desde 1933, cuando ninguna cofradía salió en procesión por el enrarecido ambiente que provocó el enfrentamiento político y social en los años de la Segunda República.

«Lamentablemente, la persistencia de altos niveles de incidencia de la enfermedad, junto con las previsiones anunciadas para la distribución y aplicación de las vacunas», desaconsejan la concentración de grandes grupos de personas así como su libre circulación, ha explicado el arzobispo.

Por todo ello «quedan suspendidos todos los actos y celebraciones organizados por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales que (…) tengan carácter externo y en general todos aquellos en los que se haga uso de la vía pública», según el decreto.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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