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Suspenden la Semana Santa de Sevilla 2021

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tradiciones semana santa españa

Sevilla, 29 dic (EFE).- Sevilla sufrirá por segundo año consecutivo y por culpa de la pandemia de coronavirus la suspensión de la Feria de Abril y de la Semana Santa, fiestas que suponen un movimiento económico cifrado en torno a 1.300 millones de euros, el 4,3 % del PIB local.

La inaudita suspensión por segundo año de las principales fiestas de la ciudad, además del impacto económico, supone un perjuicio emocional para miles de sevillanos, que durante las últimas semanas ya esperaban esta decisión a pesar del comienzo de la campaña de la vacuna.

Cuando se suspendieron las fiestas de primavera de este año, la mayoría confiaba en que para 2021 la pandemia estaría superada y se podrían volver a disfrutar masivamente de las sesenta procesiones que recorren las calles del centro de la ciudad y de una fiesta pagana en la que se mezclan bailes, cante, caballos y mucha comida y bebida.

Todo apuntaba a que tras la primera ola, que comenzó en febrero, se podrían volver a celebrar ambas fiestas, pero el repunte de contagios y de fallecidos en la segunda ola, que ha extendido la enfermedad a casi 60.000 sevillanos y ha provocado 1.149 muertes en la provincia, hizo que comenzaran a florecer los augurios más negativos.

El anuncio de la vacunación contra el coronavirus abrió una nueva esperanza, aunque pronto la Consejería de Salud advirtió de que para esas fiestas primaverales no habría suficiente población inmunizada, solo en torno al 30 %, y no se aconsejaba la celebración de eventos que supusieran la acumulación de personas.

Tras diversas reuniones, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció el 17 de diciembre que no se daban las condiciones para celebrar la Feria de Abril en 2021 y que se suspendía.

Para paliar los efectos económicos de esa decisión, el Ayuntamiento dijo que mantendrían reuniones con los sectores más afectados económicamente para analizar «cómo establecer medidas que puedan servir de apoyo».

Antes de suspender la Feria de Abril de 2020, el Ayuntamiento la trasladó a finales del mes de septiembre para esperar si para entonces era posible celebrarla aunque fuera con un formato más reducido, aunque finalmente fue suspendida de forma definitiva debido a la evolución de los contagios y de los fallecidos.

Doce días después, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, publicó un decreto en el que anunciaba la suspensión de la Semana Santa, lo que no ocurría desde 1933, cuando ninguna cofradía salió en procesión por el enrarecido ambiente que provocó el enfrentamiento político y social en los años de la Segunda República.

«Lamentablemente, la persistencia de altos niveles de incidencia de la enfermedad, junto con las previsiones anunciadas para la distribución y aplicación de las vacunas», desaconsejan la concentración de grandes grupos de personas así como su libre circulación, ha explicado el arzobispo.

Por todo ello «quedan suspendidos todos los actos y celebraciones organizados por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales que (…) tengan carácter externo y en general todos aquellos en los que se haga uso de la vía pública», según el decreto.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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