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GÜRTEL | Suspendido el juicio hasta el viernes ante la decisión de Crespo y ‘El Bigotes’ de ‘tirar de la manta’

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El juez ha suspendido hasta el viernes el juicio por la presunta financiación ilegal del PPCV dentro del caso Gürtel después de que el exsecretario de Organización del PP de Galicia y el responsable de Orange Market, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, hayan anunciado que pensaban aportar datos relevantes a la causa.

Los abogados de Crespo y ‘El Bigotes’ han solicitado esta medida de suspensión al comienzo de la sesión de este miércoles –que ha arrancado con casi dos horas de retraso– de acuerdo al artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión de la vista oral «cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria».

El juez ha atendido a esta petición y ha suspendido el juicio hasta el viernes, que se reanudará con la declaración de Crespo –para el que piden 22 años de prisión– y que continuará con la de ‘El Bigotes’ –que se enfrenta a 27 años de cárcel–. Antes de tomar esta decisión el magistrado ha preguntado a Durán que concretase si este interés de interrumpir temporalmente, al menos 48 horas, la celebración del juicio tiene relación a la declaración de Correa.

El defensor del considerado ‘número dos’ de la Gürtel lo ha corroborado y se ha disculpado por no haberse expresado con «tanta fortuna». «Es publico y notorio y no se escapa al entendimiento de nadie», ha subrayado Durán.

Asimismo, el abogado de Crespo ha confirmado al juez que su cliente aportaría elementos o hechos relevantes para la causa. En estos términos se ha pronunciado el abogado de ‘El Bigotes’, adhiriéndose a lo manifestado por su colega y ninguna de las partes presentes en este juicio se ha opuesto a que la sesión previstas para este miércoles y jueves sean suspendidas.

INDICACIONES DEL PP
Correa afirmó este martes durante su declaración que el PP de la Comunidad Valenciana, y concretamente el exsecretario general del partido regional, Ricardo Costa, el que indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si «querían cobrar».

En esta línea, en un escrito dirigido al magistrado unos días antes de que comenzase la vista oral, el líder de la Gürtel reconoció que el PP liderado entonces por Francisco Camps pagó a Orange Market en negro y con facturas falsas los servicios prestados para la organización de las campañas electorales de 2007 y 2008.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía el PP pagó a esta empresa un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. Sobre los gastos electorales, se precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.

Durán ha recordado que su defendido está en «situación de prisión preventiva» y que le gustaría tener un margen de tiempo para poder estudiar la confesión del líder de la Gürtel junto a él «para ver si la línea de estrategia de defensa puede ser la misma o experimentar variación».

Si Crespo y ‘El Bigotes’ finalmente acceden a hacer una confesión durante su declaraciones, siguiendo la estrategia de colaboración con la Justicia con Correa, la Fiscalía Anticorrupción podría atender a una rebaja de su solicitud inicial de pena. Al inicio del juicio, la fiscal Myriam Segura anunció que si se corroboraba que el líder de la Gürtel –que se enfrenta a 22 años de prisión– reconoce todos los hechos, estaría abierta a atenuar su solicitud de condena.

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El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado y le impone una fianza de 150.000 euros

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado instructor de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, le ha impuesto una fianza de 150.000 euros para asegurar posibles responsabilidades civiles. Si no la abona en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes.

El caso se basa en la filtración, presuntamente autorizada o coordinada por García Ortiz, del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con la investigación fiscal sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, se acusa al fiscal general de haber facilitado esa información a un medio de comunicación, lo que constituiría un delito de revelación de secretos cometido por autoridad.


El proceso judicial

La decisión del magistrado llega semanas después de que la Sala de Apelación del propio Supremo confirmara el procesamiento de García Ortiz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo y juzgar si su actuación supuso una violación del deber de confidencialidad inherente a su cargo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación particular, solicita una condena de seis años de prisión para el fiscal general. Sin embargo, el magistrado ha rechazado su suspensión cautelar del cargo, aunque ha remitido el auto a la Inspección Fiscal para que determine si procede alguna medida administrativa.


Respaldo del Gobierno y críticas de la oposición

Pese a la apertura de juicio, el Gobierno ha reiterado su plena confianza en Álvaro García Ortiz y ha defendido su presunción de inocencia. Así lo ha afirmado la ministra portavoz, quien ha subrayado que el fiscal general «siempre ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Por el contrario, la oposición ha exigido su dimisión inmediata. Desde el Partido Popular, se considera que la situación es insostenible desde el punto de vista ético y político. Su portavoz en el Congreso ha señalado que en un país democrático, el fiscal general debería haber renunciado ya al cargo.


La Fiscalía también recurre

En paralelo, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. La teniente fiscal sostiene que la instrucción ha vulnerado derechos fundamentales y no ha respetado las garantías procesales necesarias. Por ello, solicita el archivo del caso.

La causa se encuentra ahora en una fase clave: a la espera de que se determine la fecha del juicio y de que la Inspección Fiscal valore si es procedente adoptar medidas disciplinarias internas contra García Ortiz.


Claves del caso

  • Imputado: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

  • Delito atribuido: Revelación de secretos

  • Fianza: 150.000 euros, a abonar en cinco días

  • Condena solicitada: 6 años de prisión (por parte de APIF)

  • Reacciones: Apoyo del Gobierno, duras críticas del PP y Compromís

  • Estado actual: Auto de apertura de juicio oral firme; pendiente de fecha


Este juicio marca un precedente inédito en la historia reciente del Ministerio Fiscal en España y pone bajo escrutinio público el papel institucional del fiscal general, su relación con el Gobierno y los límites legales de su actuación.

 

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