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Trabajo investiga al hermano de Ximo Puig por fraude en subvenciones del programa ‘Avalem Joves’

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VALÈNCIA, 4 Nov. – Inspección de Trabajo ha abierto sendas investigaciones a las empresas Comunicació dels Ports SA y Mas Mut Produccions, vinculadas a Francis Puig –hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig– tras la denuncia presentada por el PP por las subvenciones recibidas a cuenta del programa Avalem Joves para la contratación de jóvenes entre 2016 y 2018, que ascienden a casi 112.000 euros, que tenían como condición el aumento neto de plantilla que, según la información recabada por los ‘populares’, no se habría producido.

Según ha explicado la diputada del PP Eva Ortiz en rueda de prensa, presentaron la denuncia ante Inspección de Trabajo de Valencia el 17 de abril de este año para que «esclareciera si hay un delito contra los derechos de los trabajadores» y el pasado 2 de octubre se les informó de que «se han realizado las pertinentes actuaciones de comprobación de las dudas y los posibles incumplimientos señalados en el escrito de la denuncia».

«Sigue abierta» esa investigación, ha remarcado la secretaria general del PPCV, que ha subrayado que Inspección «está haciendo sus labores, están trabajando en ello» y no sabe si lo habrán puesto en conocimiento o no de Fiscalía, dado que al no ser ellos personal interesado en la empresa o trabajadores se les da una información «muy limitada».

En todo caso, ha anunciado que el PP ampliará la denuncia interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 4 de València –por las ayudas recibidas por estas empresas de la Conselleria de Educación para el fomento del uso del valenciano, por la que Francis Puig declarará como investigado en diciembre– en breve dejando constar así sus sospechas de un fraude en las subvenciones y delito contra los derechos de los trabajadores para que «haga lo que tenga que hacer».

Preguntada sobre el hecho de que se vaya a pedir a la Fiscalía Anticorrupción que se encargue de la causa en la que se investiga a Francis Puig y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por las ayudas al valenciano, ha indicado que el PP respeta todas las acciones judiciales y lo que quiere es «que se ponga luz y taquígrafos». «Y si es Anticorrupción, perfecto».

Eva Ortiz ha señalado que ahora se trata de «otra conselleria, otra subvención y otro posible fraude». En concreto, alude a las subvenciones del programa Avalem Joves, puesto en marcha por la Conselleria de Economía para fomentar la contratación indefinida inicial de jóvenes cualificados.

Las condiciones que deben regir esa contratación eran cuatro: efectuar ese contrato después de la convocatoria; que suponga un incremento neto de la plantilla media de trabajadores en situación de alta en los 30 días naturales anteriores a la celebración del contrato; mantener el empleo creado durante al menos 12 meses y no disminuir plantilla media durante el periodo de mantenimiento salvo vacantes por baja voluntaria, discapacidad sobrevenida, muerte, jubilación, despido disciplinario o por causas objetivas.

Las órdenes de Economía fijaban en cada ejercicio las cuantías a recibir por la contratación de hombres y mujeres. En 2016 se concedían 7.338,24 euros por el contrato de un varón y 9.172,80 euros por el de una mujer; en 2017 se aumentaron hasta los 7.926,24 euros por contratar un hombre y 9.907,80 euros y en 2018 la cuantía vuelve a incrementarse hasta los 18.544,68 euros para varones y 19.574,94 euros para mujeres.

La denuncia del PP ante Inspección de Trabajo repasa las subvenciones que se otorgaron a ambas empresas, que «no coinciden con la plantilla que declaran» en sus cuentas anuales.

SUBVENCIONES RECIBIDAS ENTRE 2016 Y 2018
En el caso de Comunicació dels Ports, Ortiz ha explicado que según los datos disponibles en el portal GVA Oberta recibió en 2016 un total de 16.511,04 euros, equivalentes a un contrato de un hombre y otro de mujer. No obstante, el PP señala que en las cuentas anuales la empresa especifica cuatro contratos fijos hombres, los mismos que en 2015, con lo que no se refleja el contrato subvencionado de un varón.

En 2017 percibió 27.741,84 euros, equivalentes a tres contratos (un hombre y tres mujeres) pero según ha comprobado el PP en las cuentas hay tres contratados fijos hombres, «uno menos que en 2016», y tres contratadas fijas mujeres, por lo que no figuran «ni el contrato subvencionado de un hombre ni los dos de mujeres».

Por último, en el ejercicio 2018 percibió 39.149,88 euros, equivalentes a tres contratos de mujeres, pero «no aumenta la plantilla respecto a 2017» cuando debería incrementarse en dos mujeres. En total, según ha destacado el PP, Comunicació dels Ports percibió estos tres años 83.402,76 euros.

Respecto a Mas Mut Produccions, recibió en 2017 una subvención de 9.907,80 euros (equivalente al contrato de una mujer) cuando en las cuentas declara dos contratados fijos hombres, uno menos que en 2016, y ninguna contratada fija mujer.

En 2018, percibió 18.544,68 euros (contrato de un hombre) pero según refleja el PP en su denuncia no aumenta la plantilla, que debería incrementarse con un varón. En total, esta empresa percibió 28.452,48 euros.

«O HAN MENTIDO O HAY UN FRAUDE»
Según ha indicado Eva Ortiz, ambas empresas recibieron 11.855,24 euros y deberían haber incrementado su plantilla en nueve trabajadores, pero «Mas Mut tiene uno menos que en 2015 y Comunicació Els Ports solo tiene uno más y tendría que tener 7». «O han mentido en las cuentas anuales o hay un fraude de subvenciones», ha señalado la diputada del PP, que no sabe «cuál de las dos cosas es mejor».

Además, el PP va a registrar un escrito dirigido a la Conselleria de Economía en el que piden «copia íntegra de la documentación que acredita las labores de comprobación y control de las subvenciones que tienen que ver con este asunto». «Queremos saber si se ha revisado, si se ha hecho algo, si se ha devuelto el dinero, si se ha sancionado», ha señalado Ortiz.

La ‘popular’ tiene «la ligera intuición de que aquí tampoco se ha controlado la justificación de las subvenciones que van a parar, una vez más, a las empresas del hermano del presidente» y se trata de 111.000 euros y «trabajadores, hombres y mujeres» a los que, intuye, «les han dicho que les iban a contratar con una serie de condiciones, si es que alguna vez les han contratado».

Asimismo, ha pedido a los consellers de Economía, Rafa Climent, y de Educación, Vicent Marzà, que «colaboren con la justicia» porque «hay dos empresas que tienen que ver con los hermanos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que empiezan a ser una maquinaria de conseguir subvenciones sin control por parte de la Generalitat que preside el hermano de estos señores».

PEDIRÁN COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SI PUIG NO COMPARECE
Ortiz ha instado a Compromís a que empiece mañana mismo y diga que sí a la comparecencia de Puig que propone el PP para que explique las ayudas recibidas por estas empresas para el fomento del valenciano y explique también estas subvenciones de Avalem.

«Hay muchas preguntas que debería contestar pero se empeña en no querer dar la cara», ha indicado la ‘popular’, que ha avanzado que si su propuesta de comparecencia no sale adelante pedirán una comisión de investigación en el parlamento valenciano.

También ha indicado que la orden de Avalem Joves sigue abierta y no saben si estas empresas volverán a tener subvenciones: «La del fomento del valenciano desapareció por los recortes e igual ahora desaparece Avalem Joves solo por no dar explicaciones».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Frenaron su incineración y cuatro años después investigan si fue asesinado: el caso del empresario canario

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Sus tres hijas consiguieron frenar la incineración de Ángel Ferrera en 2022 para que se practicara una autopsia. Cuatro años después, unos análisis toxicológicos con niveles anómalos de varios metales han reabierto las sospechas

La muerte de Ángel Ferrera, uno de los empresarios más conocidos de Canarias y expresidente de Toyota Canarias, vuelve a estar bajo investigación judicial cuatro años después de su fallecimiento. El empresario murió el 15 de agosto de 2022, a los 79 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón con metástasis. Sin embargo, unos nuevos resultados toxicológicos han reactivado las dudas sobre las circunstancias de su muerte y han situado a su segunda esposa bajo investigación por un posible homicidio.

El caso tiene su origen en las sospechas de sus tres hijas, Silvia, Sonia y Marta, que en agosto de 2022 lograron impedir judicialmente que el cuerpo de su padre fuera incinerado. Las hermanas pidieron que se practicara una autopsia antes de proceder a la cremación, al sospechar que la muerte podía no deberse únicamente a la enfermedad que padecía.

Los primeros análisis forenses apuntaron al cáncer como causa del fallecimiento y, en septiembre de aquel año, el juzgado autorizó finalmente la incineración. Cuatro años después, el Instituto Nacional de Toxicología ha detectado concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso en las muestras analizadas, según las informaciones publicadas sobre la investigación.

La Justicia trata ahora de esclarecer el origen de esas sustancias y determinar si existe una relación con la muerte del empresario.

La viuda, investigada por un posible homicidio

La segunda esposa de Ángel Ferrera, María Tavío, está siendo investigada en una causa penal abierta para esclarecer si el empresario murió exclusivamente por su enfermedad o si pudo existir una intervención delictiva.

En mayo de 2026, el juez acordó medidas cautelares contra ella: retirada del pasaporte, obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y una fianza de 160.000 euros. Estas medidas fueron solicitadas por las hijas del empresario y contaron con el respaldo de la Fiscalía.

La investigación permanece abierta y no existe una resolución judicial que determine que la viuda sea responsable de la muerte. La causa debe esclarecer las circunstancias del fallecimiento y el significado de los resultados toxicológicos.

El hallazgo de los metales no demuestra por sí solo que se produjera un envenenamiento ni permite establecer quién habría podido administrarlos. Los investigadores deben determinar su procedencia, las concentraciones detectadas y su posible relevancia para explicar la muerte.

Las hijas frenaron la incineración por sus sospechas

La incineración de Ángel Ferrera estaba prevista para el 16 de agosto de 2022 en el tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria. Su segunda esposa había organizado la despedida siguiendo, según las informaciones publicadas entonces, la voluntad del empresario de ser incinerado sin velatorio.

Sin embargo, sus tres hijas acudieron al juzgado de guardia para solicitar que se detuviera la cremación. Sospechaban que las circunstancias de los meses anteriores al fallecimiento debían investigarse y que era necesario conservar el cuerpo para practicar pruebas forenses.

La intervención judicial permitió realizar una autopsia y recoger muestras biológicas. El cadáver permaneció bajo custodia mientras se practicaban los análisis, que inicialmente atribuyeron el fallecimiento al cáncer de pulmón con metástasis.

El 12 de septiembre de 2022, después de recibir el informe forense, el juzgado autorizó la incineración. En aquel momento, los resultados disponibles no impedían la cremación y la causa oficial de la muerte seguía siendo la enfermedad oncológica.

La decisión de las hijas de acudir a la Justicia permitió conservar las muestras que ahora forman parte de la investigación. Los nuevos resultados toxicológicos han devuelto relevancia a aquella petición, aunque todavía no permiten concluir que la muerte fuera criminal.

Un cáncer avanzado y un conflicto familiar

Ángel Ferrera llevaba años luchando contra un cáncer de pulmón que terminó extendiéndose al cerebro y a los huesos. Durante la fase final de la enfermedad, su estado de salud se deterioró y recibió cuidados orientados a aliviar los síntomas.

Las sospechas de sus hijas se remontaban a meses antes de su muerte. Según las informaciones publicadas en 2022, las hermanas habían trasladado a su entorno sus dudas sobre la medicación que recibía su padre y habían promovido actuaciones judiciales relacionadas con la situación familiar.

El enfrentamiento entre las hijas de su primer matrimonio y su segunda esposa también se hizo visible durante los funerales. Mientras las hermanas organizaron una ceremonia religiosa en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, la viuda y personas de su entorno prepararon otra despedida en la Catedral de Canarias.

La disputa familiar se desarrolló en paralelo a las diligencias judiciales y a las pruebas destinadas a aclarar las circunstancias del fallecimiento.

Quién era Ángel Ferrera, uno de los empresarios más influyentes de Canarias

Ángel Ferrera desarrolló durante décadas una destacada trayectoria en el mundo empresarial del archipiélago. Fue presidente de Toyota Canarias durante cerca de 40 años y también estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Las Palmas durante quince años, entre 1986 y 2001.

Nacido en Avilés en 1943, se trasladó a Canarias durante su infancia y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. A su regreso al archipiélago, construyó una carrera vinculada a grandes empresas y organizaciones económicas.

Su relación con Toyota comenzó en los años setenta y contribuyó a consolidar la presencia de la marca japonesa en las islas. También ocupó responsabilidades en otras compañías y participó en el desarrollo de organizaciones empresariales.

A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos por su contribución a la economía canaria, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias y la distinción de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Su fallecimiento en agosto de 2022 fue comunicado como consecuencia de la enfermedad que padecía. Ahora, los nuevos resultados toxicológicos han llevado a la Justicia a revisar las circunstancias de aquella muerte.

Qué se sabe sobre la investigación en 2026

La causa judicial busca determinar si las concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso encontradas en las muestras de Ángel Ferrera tienen una explicación compatible con su enfermedad y sus circunstancias médicas o si pueden aportar indicios de un posible delito.

La viuda continúa investigada y su situación procesal no equivale a una condena. La investigación deberá establecer si existió homicidio, cuál fue la causa concreta del fallecimiento y si hay pruebas que permitan atribuir responsabilidades.

Cuatro años después de que sus hijas consiguieran detener la incineración, el caso vuelve a estar en el centro de la actualidad judicial. La autopsia que solicitaron en 2022 y las muestras que se conservaron constituyen ahora una parte relevante de las diligencias con las que se intenta esclarecer la muerte de uno de los empresarios más conocidos de Canarias.

 

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