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Trabajo investiga al hermano de Ximo Puig por fraude en subvenciones del programa ‘Avalem Joves’

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VALÈNCIA, 4 Nov. – Inspección de Trabajo ha abierto sendas investigaciones a las empresas Comunicació dels Ports SA y Mas Mut Produccions, vinculadas a Francis Puig –hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig– tras la denuncia presentada por el PP por las subvenciones recibidas a cuenta del programa Avalem Joves para la contratación de jóvenes entre 2016 y 2018, que ascienden a casi 112.000 euros, que tenían como condición el aumento neto de plantilla que, según la información recabada por los ‘populares’, no se habría producido.

Según ha explicado la diputada del PP Eva Ortiz en rueda de prensa, presentaron la denuncia ante Inspección de Trabajo de Valencia el 17 de abril de este año para que «esclareciera si hay un delito contra los derechos de los trabajadores» y el pasado 2 de octubre se les informó de que «se han realizado las pertinentes actuaciones de comprobación de las dudas y los posibles incumplimientos señalados en el escrito de la denuncia».

«Sigue abierta» esa investigación, ha remarcado la secretaria general del PPCV, que ha subrayado que Inspección «está haciendo sus labores, están trabajando en ello» y no sabe si lo habrán puesto en conocimiento o no de Fiscalía, dado que al no ser ellos personal interesado en la empresa o trabajadores se les da una información «muy limitada».

En todo caso, ha anunciado que el PP ampliará la denuncia interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 4 de València –por las ayudas recibidas por estas empresas de la Conselleria de Educación para el fomento del uso del valenciano, por la que Francis Puig declarará como investigado en diciembre– en breve dejando constar así sus sospechas de un fraude en las subvenciones y delito contra los derechos de los trabajadores para que «haga lo que tenga que hacer».

Preguntada sobre el hecho de que se vaya a pedir a la Fiscalía Anticorrupción que se encargue de la causa en la que se investiga a Francis Puig y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por las ayudas al valenciano, ha indicado que el PP respeta todas las acciones judiciales y lo que quiere es «que se ponga luz y taquígrafos». «Y si es Anticorrupción, perfecto».

Eva Ortiz ha señalado que ahora se trata de «otra conselleria, otra subvención y otro posible fraude». En concreto, alude a las subvenciones del programa Avalem Joves, puesto en marcha por la Conselleria de Economía para fomentar la contratación indefinida inicial de jóvenes cualificados.

Las condiciones que deben regir esa contratación eran cuatro: efectuar ese contrato después de la convocatoria; que suponga un incremento neto de la plantilla media de trabajadores en situación de alta en los 30 días naturales anteriores a la celebración del contrato; mantener el empleo creado durante al menos 12 meses y no disminuir plantilla media durante el periodo de mantenimiento salvo vacantes por baja voluntaria, discapacidad sobrevenida, muerte, jubilación, despido disciplinario o por causas objetivas.

Las órdenes de Economía fijaban en cada ejercicio las cuantías a recibir por la contratación de hombres y mujeres. En 2016 se concedían 7.338,24 euros por el contrato de un varón y 9.172,80 euros por el de una mujer; en 2017 se aumentaron hasta los 7.926,24 euros por contratar un hombre y 9.907,80 euros y en 2018 la cuantía vuelve a incrementarse hasta los 18.544,68 euros para varones y 19.574,94 euros para mujeres.

La denuncia del PP ante Inspección de Trabajo repasa las subvenciones que se otorgaron a ambas empresas, que «no coinciden con la plantilla que declaran» en sus cuentas anuales.

SUBVENCIONES RECIBIDAS ENTRE 2016 Y 2018
En el caso de Comunicació dels Ports, Ortiz ha explicado que según los datos disponibles en el portal GVA Oberta recibió en 2016 un total de 16.511,04 euros, equivalentes a un contrato de un hombre y otro de mujer. No obstante, el PP señala que en las cuentas anuales la empresa especifica cuatro contratos fijos hombres, los mismos que en 2015, con lo que no se refleja el contrato subvencionado de un varón.

En 2017 percibió 27.741,84 euros, equivalentes a tres contratos (un hombre y tres mujeres) pero según ha comprobado el PP en las cuentas hay tres contratados fijos hombres, «uno menos que en 2016», y tres contratadas fijas mujeres, por lo que no figuran «ni el contrato subvencionado de un hombre ni los dos de mujeres».

Por último, en el ejercicio 2018 percibió 39.149,88 euros, equivalentes a tres contratos de mujeres, pero «no aumenta la plantilla respecto a 2017» cuando debería incrementarse en dos mujeres. En total, según ha destacado el PP, Comunicació dels Ports percibió estos tres años 83.402,76 euros.

Respecto a Mas Mut Produccions, recibió en 2017 una subvención de 9.907,80 euros (equivalente al contrato de una mujer) cuando en las cuentas declara dos contratados fijos hombres, uno menos que en 2016, y ninguna contratada fija mujer.

En 2018, percibió 18.544,68 euros (contrato de un hombre) pero según refleja el PP en su denuncia no aumenta la plantilla, que debería incrementarse con un varón. En total, esta empresa percibió 28.452,48 euros.

«O HAN MENTIDO O HAY UN FRAUDE»
Según ha indicado Eva Ortiz, ambas empresas recibieron 11.855,24 euros y deberían haber incrementado su plantilla en nueve trabajadores, pero «Mas Mut tiene uno menos que en 2015 y Comunicació Els Ports solo tiene uno más y tendría que tener 7». «O han mentido en las cuentas anuales o hay un fraude de subvenciones», ha señalado la diputada del PP, que no sabe «cuál de las dos cosas es mejor».

Además, el PP va a registrar un escrito dirigido a la Conselleria de Economía en el que piden «copia íntegra de la documentación que acredita las labores de comprobación y control de las subvenciones que tienen que ver con este asunto». «Queremos saber si se ha revisado, si se ha hecho algo, si se ha devuelto el dinero, si se ha sancionado», ha señalado Ortiz.

La ‘popular’ tiene «la ligera intuición de que aquí tampoco se ha controlado la justificación de las subvenciones que van a parar, una vez más, a las empresas del hermano del presidente» y se trata de 111.000 euros y «trabajadores, hombres y mujeres» a los que, intuye, «les han dicho que les iban a contratar con una serie de condiciones, si es que alguna vez les han contratado».

Asimismo, ha pedido a los consellers de Economía, Rafa Climent, y de Educación, Vicent Marzà, que «colaboren con la justicia» porque «hay dos empresas que tienen que ver con los hermanos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que empiezan a ser una maquinaria de conseguir subvenciones sin control por parte de la Generalitat que preside el hermano de estos señores».

PEDIRÁN COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SI PUIG NO COMPARECE
Ortiz ha instado a Compromís a que empiece mañana mismo y diga que sí a la comparecencia de Puig que propone el PP para que explique las ayudas recibidas por estas empresas para el fomento del valenciano y explique también estas subvenciones de Avalem.

«Hay muchas preguntas que debería contestar pero se empeña en no querer dar la cara», ha indicado la ‘popular’, que ha avanzado que si su propuesta de comparecencia no sale adelante pedirán una comisión de investigación en el parlamento valenciano.

También ha indicado que la orden de Avalem Joves sigue abierta y no saben si estas empresas volverán a tener subvenciones: «La del fomento del valenciano desapareció por los recortes e igual ahora desaparece Avalem Joves solo por no dar explicaciones».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno

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El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.

El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda

Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:

  • Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
  • Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.

El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.

Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil

Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.

El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.

De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.

Protección especial para los trabajadores afectados

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.

Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.

Limitación de los precios del transporte alternativo

Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.

Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.

Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.

El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.

Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.

Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente

El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:

  1. Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
  2. Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
  3. Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.

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