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Tres empleados de Caixabank comparecerán el 27 de noviembre en la comisión de la EMT

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Comisión EMT

VALÈNCIA, 13 Nov.- La comisión de trabajo que investiga el fraude de 4 millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València se retomará el próximo 27 de noviembre con la comparecencia prevista de tres empleados de Caixabank.

Si no acudieran estos trabajadores de banca tras ser citados, les sustituirían cuatro trabajadores de la EMT, entre ellos la directora del Departamento de Finanzas de la EMT, la secretaria del comité de compras y responsable jurídica adjunta a la dirección gerencia, el director de recursos humanos y la de administración.

Posteriormente, para el 4 de diciembre, se ha fijado la declaración del director de Desarrollo de la EMT, dos administrativas del área de gestión y del secretario. El calendario continúa el 11 de diciembre con el director adjunto de la empresa pública, el presidente del Comité de Empresa, el viceinterventor del Ayuntamiento y el auditor jefe del consistorio.

En la sesión de la comisión de investigación celebrada este martes, estaba prevista inicialmente la comparecencia de la jefa de Gestión y de trabajadores de CaixaBank. No obstante, el banco comunicó que no irían sus empleados y, entonces, se decidió incluir a otros comparecientes previstos para otro día.

En concreto, para cubrir el hueco de los trabajadores de CaixaBank se incluyó a la directora del Departamento de Finanzas de la EMT y a la secretaria del comité de compras y responsable jurídica adjunta a la dirección gerencia. Pero, finalmente, ayer solo compareció María Rayón después de que la oposición se quejara de la modificación del calendario sin previo aviso.

Desde el PP subrayaron que no se había dado tiempo de preparar las nuevas comparecencias y pidió dejarlas para más adelante como en un principio se había programado.

Al respecto, en el receso hecho tras la comparecencia de la responsable de gestión, la concejala y consejera del PP en la EMT Marta Torrado criticó que «sin avisar», dado que «nos hemos enterado en el mismo momento en que hemos llegado» a la reunión, se había decidido «unilateralmente» adelantar comparecencias previstas para más adelante «de personal de la EMT» al no acudir los empleados del banco.

«Nos hemos negado porque no se nos puede avisar en el mismo momento. Hemos pedido que tras el receso decidamos las próximas comparecencias previstas y hacer una reformulación» del calendario.

En esta línea, la edil ‘popular’ resaltó que la decisión de adelantar comparecencias ayer se hizo «sin consultar con ningún consejero de la oposición, ni con Vox, ni con Cs ni con el PP».

Por su parte, la concejala y consejera socialista y presidenta de la comisión de investigación, Elisa Valía, señaló que se habían adelantado comparecencias para «aprovechar el tiempo» y cubrir así el hueco que dejaban en el calendario los trabajadores de CaixaBank que no acudieron.

«Se ha llamado a dos personas –más– de la EMT para adelantar», dijo, al tiempo que explicó que el lunes por la tarde recibió un correo que no vio hasta el martes por la mañana en el que se le indicaba que no acudirían los representantes del banco a la comisión.

Sobre este asunto se ha pronunciado hoy miércoles la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha considerado que Compromís y PSPV «pretenden cerrar cuanto antes la comisión sobre el robo en la EMT tapando en falso toda una serie de irregularidades escandalosas y quitarse así de en medio este problemón».

Con estas palabras, Catalá ha cuestionado que ayer se aprobara un calendario «rápido» para la comisión y se pretendiera adelantar comparecencias que no estaban previstas y que, por tanto, no había sido posible preparar. Al respecto, ha manifestado que «todo esto es un signo inequívoco de que el Partido Socialista tiene ya las conclusiones redactadas y quiere que el temporal pase cuanto antes».

La portavoz ‘popular’ ha agregado que «el gobierno municipal quiere cerrar con rapidez este escándalo porque no quieren que la opinión pública siga viendo la manera tan negligente en que estaban gestionando una empresa pública con más de 115 millones de euros de
presupuesto».

«CONOCER LA VERDAD»
«Para el PP lo más importante es conocer la verdad, saber qué ha pasado, saber cuáles han sido los fallos de protocolo en los pagos, y que no vuelvan a pasar. No podemos quedarnos con el bochorno
de que el Ayuntamiento de Valencia quede como el primer
Ayuntamiento estafado de España», ha apostillado.

«El Grupo Popular no va a permitir que le dan carpetazo cuanto ante a la comisión. No vamos permitir que pretendan salir de rositas. Vamos a querer saber toda la verdad, que no corran tanto. Nos ha estafado 4 millones de euros y no 4 duros, y eso bien merece paciencia y que se revise toda la documentación cuantas veces sea necesario», ha garantizado en un comunicado.

Fuente: EUROPA PRESS

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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