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Un informe refleja que en Valencia el empleo femenino padece mayor precarización, dependencia y temporalidad

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La Concejala de Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha presentado el primer informe sobre la realidad de las mujeres en el mercado de trabajo en la ciudad de Valencia, un documento que refleja la situación de “marginación y desigualdad” que afecta a las mujeres, y que en los últimos años se ha visto más agravada aún por efecto de la crisis. En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Concejalía de Empleo ha puesto en marcha una serie de medidas de formación, promoción y sensibilización.

El objetivo del informe es doble: por un lado, disponer de un diagnóstico claro de la situación de la mujer en el marco laboral, de cara a poder definir las actuaciones específicas de la Concejalía. Y por otro, ha explicado Gómez, “obtener datos objetivos de una realidad incontestable: la situación de desventaja de las mujeres dentro del mercado de trabajo”. Hay que tener en cuenta que hasta ahora no se había realizado ningún informe similar, “porque lo que teníamos hasta ahora era muy parco y no específico sobre la mujer”, ha lamentado la concejala.

El análisis estará disponible en los próximos días en la web municipal, así como en la web de València Activa. Las principales conclusiones que se desprenden de los datos versan sobre las afiliaciones a la seguridad social, la evolución de las contrataciones, y la evolución del paro femenino.

Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, en 2015 y 2016 el 52% son mujeres, pero al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos este porcentaje desciende hasta el 37%. Es el sector Servicios el que concentra el número más elevado de afiliaciones a la seguridad social de mujeres, especialmente en el Régimen del Sistema Especial de Empleados del Hogar, que está totalmente feminizado (con un 96% de mujeres). Asimismo, el 57% del total de contratos temporales son mujeres, y de las afiliaciones que son mediante contratos a tiempo parcial, el 67% son contratos a mujeres

“Todo ello demuestra que la flexibilización y la precarización laboral afecta en mayor medida a las mujeres; que son las mujeres quienes padecen mayor dependencia laboral y mayor temporalidad en los contratos”, ha lamentado Sandra Gómez.

En cuanto a evolución de las contrataciones, entre 2007 y 2017 se ha producido una destrucción drástica del empleo femenino: 10.119 contratos menos (de 19.329 a 9.210). Tal como ha destacado Sandra Gómez, “en los últimos año se observa un leve repunte, pero es todavía insuficiente”. En cifras totales de contratos por año a mujeres, la reducción es de 100.000 en sólo 3 años: de 249.878 en 2007 a 149.862 en 2010.

A esta situación se suma el aumento del desequilibrio entre el número de contratos a varones y a mujeres: si bien en 2007 los valores eran similares en cuanto al número de contratos a varones y a mujeres, a partir de 2009 se empieza a observar este desequilibrio, que se mantiene en la actualidad.

Finalmente, el informe analiza el impacto en el empleo por grupos de edad. El grueso de las contrataciones (entre el 55% y el 65% del total) se realiza a mujeres de 25 a 44 años, “aunque el número es menor que a los varones de la misma edad”, ha matizado Sandra Gómez.

EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE PARO DESDE 2007 A 2017

Las conclusiones sobre la evolución de las cifras de desempleo son también contundentes: en los últimos 10 años se ha duplicado el número de mujeres paradas. Mientras que en 2007 el paro registrado femenino era de 20.477, en 2015 subió hasta las 44.367 mujeres.

Es cierto, ha matizado Gómez, que el incremento del paro entre 2007 y 2010 fue muy intenso tanto entre los hombres como entre las mujeres. El número de parados y paradas se duplica en esta década, pero en el caso de las mujeres, el número es superior desde 2012 hasta la actualidad. “No obstante –ha continuado la concejala- desde 2015 se observa un leve descenso del número de mujeres paradas durante todos los meses”. En enero de 2015 están registradas 44.367 mujeres en paro mientras que el mismo mes de enero de 2017 el número de mujeres registradas en el paro es de 40.734.

La delegada de Empleo ha afirmado, tras exponer la situación en datos, que “están muy lejos de los que nos gustaría”, y ha subrayado “las limitaciones competenciales que tenemos desde los ayuntamientos”. Por eso, ha denunciado que el Gobierno haya eliminado los Planes de Igualdad específicos (decisión adoptada el pasado mes de enero), y ha anunciado la voluntad del Ayuntamiento de Valencia de “suplir esas deficiencias en políticas activas de empleo”.

ACCIONES ESPECÍFICAS EN EL 8 DE MARZO

“Es una realidad que las mujeres sufren de una manera más acentuada la temporalidad y el desempleo. Por eso –ha añadido- desde Valencia Activa, y teniendo en cuenta esta realidad, estamos llevando a cabo una serie de Acciones específicas para mujeres”. Dichas iniciativas se han dado a conocer en el marco de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

BARRIS PER LA OCUPACIÓ

Los distintos centros municipales van a acoger distintas actividades de formación, asesoramiento, dinámicas de grupo… y otras dentro del programa Barris per la Ocupació. Cada persona recibirá información personalizada sobre los servicios existentes en materia de empleo y formación que les puedan ser útiles en dicha búsqueda

Asimismo, está el programa específico para mujeres desempleadas de larga duración, de carácter proactivo y participativo, que incluye entrevista en profundidad, asesoramiento curricular y la incorporación de acciones formativas en materia de empleo y emprendimiento.

Además, el Presupuesto Municipal 2017 incluye una partida de 27.000 euros destinada a los Planes de Igualdad para Empresas, que permitirá ofrecer asesoramiento a 60 empresas en materia de igualdad y políticas para favorecer la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia de empleo.

Y asimismo, desde la Concejalía se destinan otros 40.000 euros al proyecto de fomento del Empleo en Mujeres de etnia Gitana, con el objetivo de proporcionar una salida laboral para facilitar la inserción en el mercado de trabajo a través de la formación ocupacional de 30 mujeres de etnia gitana de la ciudad. Y otros 57.000 euros para el Programa específico para mujeres en riesgo de exclusión social, a través de la formación de 50 mujeres en riesgo de exclusión social en Valencia.

El informe supone un primer paso para abordar un problema global con conocimiento ajustado sobre la realidad, ha concluido Sandra Gómez. Para su elaboración se ha analizado la «Estadística de Cuentas de Cotización y Afiliación de Trabajadores a la Seguridad Social» publicada en el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, las Estadísticas de paro registrado recogidas por el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), y las Estadísticas de contratos obtenidas del Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE), ambas publicadas en el Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF).

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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