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Un juzgado investiga presuntas irregularidades en contratos de la Diputación para Fitur en época de Ripoll

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Un juzgado investiga presuntas irregularidades en contratos de la Diputación para Fitur en época de Ripoll

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) –

El juzgado de Instrucción 7 de Alicante ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades entre 2004 y 2008 en facturas del Patronato de Turismo Costa Blanca dependiente de la Diputación de Alicante, bajo la presidencia en esos años de José Joaquín Ripoll (PP), relativas a la contratación de servicios para Fitur.

La investigación surge a raíz de un escrito de Anticorrupción ante el juzgado, que partía a su vez de la denuncia que llevó en su día a Fiscalía el grupo Compromís en la Diputación, en la que se aludía a un presunto fraccionamiento de los contratos para la adjudicación de los stands del Patronato de Turismo de la Costa Blanca para Fitur, entre 2004 y 2009, en los que consideraba que se había ejecutado un «fraude masivo» al trocear un montante de 3,2 millones de euros en 70 facturas, muchas de las cuales no superan los 12.000 euros.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez abrió en octubre diligencias de investigación por presuntos delitos contra la aministración pública en las que cita como investigados a los administradores de las empresas Exporiggin S. L y Equipamiento integral para stands Molinos S.L., así como al director del Patronato de Turismo Costa Blanca entre 2007 y 2008, «previa averiguación de la identidad concreta de este último».

En esas fechas la exalcaldesa de Dénia, la ‘popular’ Ana Kringe, ocupaba el cargo de gerente de la entidad. En una providencia anterior, el juez requería a Fiscalía, visto el contenido y la fecha de los hechos a los que se refería y la posible extinción de responsabilidades penales por prescripción, a que precisara el objeto de la denuncia en cuenta a actividades e individualización de las personas implicadas.

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Le cobran 12 euros por un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza 

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colgador bolso restaurante Ibiza 
Restaurante japonés Wakame

La polémica se ha desatado en Ibiza tras conocerse el caso de una clienta que recibió en su cuenta un cargo de 12 euros por un simple gancho para colgar el bolso en la mesa. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al restaurante japonés Wakame, ubicado en la isla, por considerar que se trata de una práctica abusiva contraria a la legislación de consumo.

El caso: de una oferta amable a un cobro inesperado

Según relató la afectada en la red social X (antes Twitter), la camarera del establecimiento le ofreció “amablemente” colocar su bolso en un gancho instalado en la mesa. En un primer momento, la clienta rechazó la propuesta, pero la insistencia del personal la llevó a aceptar. La sorpresa llegó al recibir la cuenta, donde figuraba un cargo adicional bajo el concepto «gancho bolsa».

El restaurante ha intentado justificar el cobro alegando que en ocasiones anteriores algunos clientes se llevaban el accesorio pensando que era gratuito. Por ello, aseguran que aplican el importe como “depósito” para evitar olvidos a la hora de retirarlo, afirmando que se descuenta al pagar salvo que el cliente quiera quedárselo.

Sin embargo, FACUA señala que en ningún momento se informó a la consumidora del coste antes de ofrecerle el servicio, algo que la ley obliga a hacer de forma clara y previa. Además, recuerdan que este tipo de colgadores se pueden adquirir en el mercado por poco más de un euro, lo que hace que el cobro resulte “desproporcionado y abusivo”.

Qué dice la ley sobre este tipo de cobros

FACUA fundamenta su denuncia en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma prohíbe prácticas comerciales desleales, cobros por servicios no solicitados expresamente y cláusulas abusivas que generen un desequilibrio entre las partes.

Asimismo, el artículo 20 establece que cualquier servicio debe mostrar su precio final completo, incluyendo impuestos y gastos adicionales, antes de que el consumidor lo acepte.

La Ley 7/2014 de las Islas Baleares también sanciona la utilización de métodos de venta que induzcan a pagar servicios accesorios no solicitados o que confundan al consumidor sobre su coste real.

FACUA pide sanciones

Ante estos hechos, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear que abra una investigación y, en caso de confirmarse la irregularidad, imponga un expediente sancionador al restaurante.

La asociación recuerda que cualquier establecimiento que quiera cobrar por un servicio opcional debe informar de forma previa y clara al cliente y permitirle decidir libremente si lo adquiere o no. De lo contrario, la ley considera que se trata de un obsequio o atención comercial y no puede cobrarse después.

Un debate que incendia las redes

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado el cobro y lo consideran un ejemplo de cómo algunos negocios aplican tarifas abusivas en zonas turísticas como Ibiza. Otros apuntan que, aunque el restaurante intente justificarlo como un “depósito”, el hecho de no informar previamente vulnera los derechos básicos de los consumidores.

FACUA concluye que este tipo de prácticas dañan la imagen del sector hostelero y suponen un riesgo para el turismo de calidad en las Islas Baleares.

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