València, 14 may (EFE).- Alrededor de 400 empleados de banca se han concentrado este viernes frente al Palacio de Congresos de València, donde CaixaBank celebra su junta general de accionistas, en protesta por el ERE de recorte de la plantilla, con caretas del presidente y consejero delegado de esta entidad, José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar, respectivamente.
Desde las diez de la mañana, representantes de los sindicatos de CaixaBank y Bankia, cuya fusión ha dado lugar al primer banco del país, se han concentrado en los exteriores del edificio para denunciar que se mantiene un ERE para 8.000 personas «mientras Goirigolzarri se va a triplicar el salario», según ha afirmado la secretaria de Organización de UGT-CaixaBank, Raquel Ruiz.
«Estamos legitimados para pedir lo que es nuestro y que la sociedad tenga el servicio bancario que se merece», ha manifestado a EFE, para añadir que van a continuar con las protestas mientras no se retiren las salidas forzosas reclamando que no se rebajen las condiciones de los empleados ni haya salidas traumáticas.
Ruiz ha señalado que no se han producido avances en la negociación del ERE y «al paso que vamos, o quitan las salidas traumáticas o ningún sindicato les va a firmar nada», y ha recordado que los sindicatos están unidos en estas reivindicaciones.
Para el próximo día 20 tienen previstas concentraciones en las sedes de la avenida Diagonal de Barcelona y la calle Pintor Sorolla de València.
En la protesta de este viernes participan representantes de UGT, CCOO y otros sindicatos con representación en CaixaBank y Bankia.
Desde el sindicato UGT han recordado que todos los sindicatos se reafirman en el rechazo a los despidos forzosos, a las medidas traumáticas y al recorte de las condiciones laborales que pretende la dirección del banco, y efectúan una petición unánime para que la empresa «entre en razón» por que lo que hay sobre la mesa es «inabarcable e inaceptable y no corresponde» al esfuerzo de la plantilla que ha dado como resultado los miles de millones de beneficios obtenidos.
También desde las plataformas antidesahucios e Iniciativa-PV han convocado para esta mañana en el exterior del Palacio de Congresos una concentración para reivindicar que el derecho a la vivienda está por encima de todos los negocios.
La consellera de Justicia, Salomé Pradas, junto ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres en una reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI). EFE/ Kai Forsterling/Archivo
El mensaje fue redactado la tarde del 29 de octubre de 2024, llegó a cargarse en el sistema, pero se retiró tras el debate en el Cecopi sobre su redacción
La Conselleria de Emergencias ha remitido al Tribunal de Instancia número 3 de Catarroja el borrador del primer mensaje Es-Alert elaborado durante la dana del 29 de octubre de 2024, un aviso que finalmente no se envió a la población porque su contenido se interpretó como una orden de confinamiento.
Según consta en la documentación judicial, el mensaje fue redactado entre las 18.15 y las 18.38 horas y llegó a introducirse en el sistema informático de alertas. Sin embargo, fue descartado tras un intenso debate en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), órgano encargado de la gestión de la emergencia.
Esta circunstancia fue confirmada por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, durante su declaración como testigo el pasado 4 de diciembre. Suárez explicó que varios miembros del Cecopi consideraron que la redacción del Es-Alert podía generar alarma social al interpretarse como una instrucción de confinamiento generalizado.
El responsable autonómico ha concluido este martes su comparecencia ante el juzgado que investiga la gestión de la dana, en una sesión que se ha prolongado durante cerca de cuatro horas. Durante el interrogatorio respondió a las preguntas de doce abogados de las acusaciones y dos de las defensas, en el marco de la causa judicial abierta por las decisiones adoptadas durante la emergencia.
La entrega de este borrador supone un nuevo avance en la investigación judicial, que trata de esclarecer cómo se tomaron las decisiones clave sobre la comunicación a la ciudadanía en uno de los episodios meteorológicos más graves registrados en la Comunitat Valenciana.
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