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Vecinos del Carmen reclaman el «cese inmediato» de Convent Carmen

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VALÈNCIA, 24 Sep. – La asociación Amics del Carme ha solicitado al Ayuntamiento de València el «cese inmediato» de la actividad del local Convent Carmen como «paso previo a una demanda por inactividad en el cumplimiento de las ordenanzas municipales», según ha anunciado en un comunicado.

La entidad alega razones «singularmente graves» para fundamentar su petición de cese como «no haber protegido el valor patrimonial del antiguo convento de San José, y no haber evitado las obras que han transformado el jardín en un restaurante al aire libre» o «no aplicar la normativa sobre contaminación acústica que prohíbe nuevos locales y no proteger la salud y el derecho al descanso de los vecinos».

Asimismo, argumenta que se han «saltado» el procedimiento administrativo «a la torera» y han «ocultado» durante más de ocho meses el expediente de aprobación en trámite a los legítimamente interesados.

Según Amics del Carme, el Ayuntamiento de València les notificó el pasado 5 de septiembre el requerimiento efectuado a los propietarios de Convent Carmen, un requerimiento que, a su juicio, «constituye, en sí mismo, un monumento al despropósito».

Ese requerimiento señala que «comprobado e informado por los técnicos municipales de las inexactitudes o falsedades de cualquier dato, manifestación o documento presentado o que no se ajusta a la normativa en vigor, requiérase a la titularidad de la actividad, para que, en el plazo de un mes, subsane las deficiencias, y aporte la documentación acreditativa y justificativa de las subsanaciones señaladas en los citados informes».

Sin embargo, de acuerdo con la entidad, «la actividad a subsanar había finalizado el 6 de enero y el informe en cuestión pone en evidencia que la supuesta actividad, en teoría finalizada cuando se realiza la inspección, no cumple ni uno solo de los requisitos exigibles».

Entre otros, Amics del Carme cita la accesibilidad, ventilación, sanitarios, evacuación o ambientación musical y recalca que no consta «por ningún lado la acreditación oficial de los informes del proyecto, como tampoco dictamen patrimonial alguno». «A pesar de ello, y sin valorar la gravedad de las carencias que los técnicos señalan en su informe, el Servicio de Actividades le concede un mes para subsanar inexactitudes o falsedades», critica.

Por este motivo, Amics del Carme ha solicitado, primero, el cese inmediato de la actividad y después la «aclaración» de todas las anomalías detectadas como el incumplimiento de las normas de protección del Bien de Relevancia Local, normas que limitan el tipo de obras a realizar exclusivamente a las de conservación y, en todo caso, con informe patrimonial previo o permitir un ruido ambiente superior a los 45 decibelios en una zona saturada y protegida con limitaciones de uso.

«REITERADAS DENUNCIAS»
Esto último, apunta Amics del Carme, «a pesar de las reiteradas denuncias que se acumulan desde noviembre del pasado año de vecinos, policía local y la propia asociación». Sin embargo, la «más grave» considera que es «la ocultación del expediente a pesar de los informes favorables del Servicio de Transparencia del propio Ayuntamiento para que fuera accesible a los vecinos».

Así, advierte que el paso siguiente será demandar judicialmente al Ayuntamiento «si en el plazo legalmente previsto (tres meses) no atiende al emplazamiento realizado». La asociación critica que el problema es que esta tramitación «anómala» no es «un hecho aislado» sino que «está en la raíz de buena parte de los problemas de gentrificación que padecemos en Ciutat Vella».

FUente: (EUROPA PRESS)

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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