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Vecinos del Carmen reclaman el «cese inmediato» de Convent Carmen

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VALÈNCIA, 24 Sep. – La asociación Amics del Carme ha solicitado al Ayuntamiento de València el «cese inmediato» de la actividad del local Convent Carmen como «paso previo a una demanda por inactividad en el cumplimiento de las ordenanzas municipales», según ha anunciado en un comunicado.

La entidad alega razones «singularmente graves» para fundamentar su petición de cese como «no haber protegido el valor patrimonial del antiguo convento de San José, y no haber evitado las obras que han transformado el jardín en un restaurante al aire libre» o «no aplicar la normativa sobre contaminación acústica que prohíbe nuevos locales y no proteger la salud y el derecho al descanso de los vecinos».

Asimismo, argumenta que se han «saltado» el procedimiento administrativo «a la torera» y han «ocultado» durante más de ocho meses el expediente de aprobación en trámite a los legítimamente interesados.

Según Amics del Carme, el Ayuntamiento de València les notificó el pasado 5 de septiembre el requerimiento efectuado a los propietarios de Convent Carmen, un requerimiento que, a su juicio, «constituye, en sí mismo, un monumento al despropósito».

Ese requerimiento señala que «comprobado e informado por los técnicos municipales de las inexactitudes o falsedades de cualquier dato, manifestación o documento presentado o que no se ajusta a la normativa en vigor, requiérase a la titularidad de la actividad, para que, en el plazo de un mes, subsane las deficiencias, y aporte la documentación acreditativa y justificativa de las subsanaciones señaladas en los citados informes».

Sin embargo, de acuerdo con la entidad, «la actividad a subsanar había finalizado el 6 de enero y el informe en cuestión pone en evidencia que la supuesta actividad, en teoría finalizada cuando se realiza la inspección, no cumple ni uno solo de los requisitos exigibles».

Entre otros, Amics del Carme cita la accesibilidad, ventilación, sanitarios, evacuación o ambientación musical y recalca que no consta «por ningún lado la acreditación oficial de los informes del proyecto, como tampoco dictamen patrimonial alguno». «A pesar de ello, y sin valorar la gravedad de las carencias que los técnicos señalan en su informe, el Servicio de Actividades le concede un mes para subsanar inexactitudes o falsedades», critica.

Por este motivo, Amics del Carme ha solicitado, primero, el cese inmediato de la actividad y después la «aclaración» de todas las anomalías detectadas como el incumplimiento de las normas de protección del Bien de Relevancia Local, normas que limitan el tipo de obras a realizar exclusivamente a las de conservación y, en todo caso, con informe patrimonial previo o permitir un ruido ambiente superior a los 45 decibelios en una zona saturada y protegida con limitaciones de uso.

«REITERADAS DENUNCIAS»
Esto último, apunta Amics del Carme, «a pesar de las reiteradas denuncias que se acumulan desde noviembre del pasado año de vecinos, policía local y la propia asociación». Sin embargo, la «más grave» considera que es «la ocultación del expediente a pesar de los informes favorables del Servicio de Transparencia del propio Ayuntamiento para que fuera accesible a los vecinos».

Así, advierte que el paso siguiente será demandar judicialmente al Ayuntamiento «si en el plazo legalmente previsto (tres meses) no atiende al emplazamiento realizado». La asociación critica que el problema es que esta tramitación «anómala» no es «un hecho aislado» sino que «está en la raíz de buena parte de los problemas de gentrificación que padecemos en Ciutat Vella».

FUente: (EUROPA PRESS)

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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