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Valencia

VÍDEO| El Síndic de Greuges abrirá una queja de oficio si no mejora la espera en dependencia

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València, 27 mar (EFE).- El Síndic de Greuges, Ángel Luna, abrirá una queja de oficio si los datos en la Comunitat Valenciana de la lista de espera de la dependencia correspondientes al mes de marzo, y que se conocerán a principios de abril, no revierten el incremento que ha experimentado en el último semestre de 2023.

En la rueda de prensa ofrecida tras entregar en Les Corts la memoria de la Sindicatura correspondiente a 2023, Luna ha advertido del incremento «incomprensible» e «inusual» de la lista de espera de solicitudes de declaración de dependencia, que de julio a diciembre de 2023 pasó de 13.342 a 18.580 personas.

Ha manifestado que este incremento obliga a la Conselleria, aún más si cabe, a analizar en profundidad las causas de la ineficacia del procedimiento de declaración de dependencia y de aprobación del Programa Individual de Atención correspondiente (PIA), y a adoptar medidas urgentes para su solución.

Luna ha destacado que esta cifra creció hasta las 19.000 personas en enero de 2024 pero se redujo a 17.000 en febrero, por lo que la institución esperará a ver si la tendencia a la baja se mantiene en el mes de marzo.

De lo contrario, ha avanzado que abrirá una queja de oficio para conocer la razones de ese aumento en la lista de espera.

Ángel Luna ha explicado que durante 2023 no se han querido abrir muchas quejas de oficio porque querían ser respetuosos con la entrada de nuevos equipos gestores y darles un tiempo para que pudieran adaptarse y aterrizar en sus nuevas responsabilidades.

En todo caso, ha destacado que durante el año pasado hubo un incremento importante de las quejas relacionadas con los servicios sociales, al pasar de 1.032 de 2022 a 1.264 en 2023, lo que significa que este tipo de quejas representaron el 41,66 % de las totales recibidas por la Sindicatura durante el pasado ejercicio.

Reconocimiento de la discapacidad

El Síndic ha destacado, en concreto, el elevado número de quejas por deficiencias en el procedimiento de valoración de la discapacidad, y en las demoras en emitir las correspondientes resoluciones de reconocimiento de grado.

En el informe, lamenta que los recordatorios legales que hace para que las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad se resuelvan en el plazo de tres meses, al que está obligada la Administración por tratarse de un procedimiento declarado de emergencia ciudadana, caigan en reiteradamente en saco roto.

Además, añade que continúan sin dotarse de los recursos materiales, económicos y personales a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad, y destaca especialmente la situación extraordinaria que sufre el Centro de Valoración de Alicante, con una demora media superior al año.

Por otra parte, califica de «inaudito» que permanezcan las dificultades de los aplicativos informáticos que la Conselleria de Servicios Sociales argumenta como excusa, transcurridos seis años desde la entrada en vigor de la ley de Renta Valenciana de Inclusión.

VÍDEO| El Síndic de Greuges abrirá una queja de oficio si no mejora la espera en dependencia

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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