València, 27 mar (EFE).- El Síndic de Greuges, Ángel Luna, abrirá una queja de oficio si los datos en la Comunitat Valenciana de la lista de espera de la dependencia correspondientes al mes de marzo, y que se conocerán a principios de abril, no revierten el incremento que ha experimentado en el último semestre de 2023.
En la rueda de prensa ofrecida tras entregar en Les Corts la memoria de la Sindicatura correspondiente a 2023, Luna ha advertido del incremento «incomprensible» e «inusual» de la lista de espera de solicitudes de declaración de dependencia, que de julio a diciembre de 2023 pasó de 13.342 a 18.580 personas.
Ha manifestado que este incremento obliga a la Conselleria, aún más si cabe, a analizar en profundidad las causas de la ineficacia del procedimiento de declaración de dependencia y de aprobación del Programa Individual de Atención correspondiente (PIA), y a adoptar medidas urgentes para su solución.
Luna ha destacado que esta cifra creció hasta las 19.000 personas en enero de 2024 pero se redujo a 17.000 en febrero, por lo que la institución esperará a ver si la tendencia a la baja se mantiene en el mes de marzo.
De lo contrario, ha avanzado que abrirá una queja de oficio para conocer la razones de ese aumento en la lista de espera.
Ángel Luna ha explicado que durante 2023 no se han querido abrir muchas quejas de oficio porque querían ser respetuosos con la entrada de nuevos equipos gestores y darles un tiempo para que pudieran adaptarse y aterrizar en sus nuevas responsabilidades.
En todo caso, ha destacado que durante el año pasado hubo un incremento importante de las quejas relacionadas con los servicios sociales, al pasar de 1.032 de 2022 a 1.264 en 2023, lo que significa que este tipo de quejas representaron el 41,66 % de las totales recibidas por la Sindicatura durante el pasado ejercicio.
Reconocimiento de la discapacidad
El Síndic ha destacado, en concreto, el elevado número de quejas por deficiencias en el procedimiento de valoración de la discapacidad, y en las demoras en emitir las correspondientes resoluciones de reconocimiento de grado.
En el informe, lamenta que los recordatorios legales que hace para que las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad se resuelvan en el plazo de tres meses, al que está obligada la Administración por tratarse de un procedimiento declarado de emergencia ciudadana, caigan en reiteradamente en saco roto.
Además, añade que continúan sin dotarse de los recursos materiales, económicos y personales a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad, y destaca especialmente la situación extraordinaria que sufre el Centro de Valoración de Alicante, con una demora media superior al año.
Por otra parte, califica de «inaudito» que permanezcan las dificultades de los aplicativos informáticos que la Conselleria de Servicios Sociales argumenta como excusa, transcurridos seis años desde la entrada en vigor de la ley de Renta Valenciana de Inclusión.
VÍDEO| El Síndic de Greuges abrirá una queja de oficio si no mejora la espera en dependencia
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El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. - EUROPA PRESS - Archivo
Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024 que no tuvo conocimiento de la magnitud del episodio meteorológico hasta poco antes de las 20.00 horas de ese día y que el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, no le informó en tiempo real de la evolución de la emergencia.
Feijóo ha realizado estas manifestaciones durante su declaración por videoconferencia ante la magistrada del Juzgado que instruye la causa, después de que esta aceptara su comparecencia a distancia al amparo del artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite este formato para autoridades de alto rango.
Declaración por videoconferencia ante la jueza de la DANA
El líder de la oposición ha comparecido desde el Congreso de los Diputados, donde ha sido fotografiado a su entrada antes de conectarse con el juzgado de Valencia. En su testimonio, Feijóo ha explicado que la información que recibió durante la tarde del 29 de octubre fue parcial y fragmentaria, y que no fue consciente de la gravedad de la situación hasta avanzada la tarde.
Según ha detallado, no existió una comunicación constante ni directa con Mazón durante las horas críticas de la emergencia, y ha insistido en que no recibió datos actualizados “minuto a minuto” sobre el impacto de la DANA, que provocó graves inundaciones y numerosas incidencias en distintos puntos del territorio valenciano.
Mensajes aportados al juzgado
En el marco de la investigación judicial, Feijóo ha remitido al juzgado los mensajes intercambiados con Carlos Mazón el día de la DANA. La documentación fue enviada en dos tandas, los días 24 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026, y forma ya parte de las diligencias del caso.
Estos mensajes, según fuentes conocedoras del procedimiento, reflejan contactos puntuales pero no una coordinación permanente durante la jornada en la que se produjeron los episodios más intensos del temporal.
Investigación sobre la gestión de la emergencia
La jueza investiga si hubo fallos en la cadena de información y en la toma de decisiones durante la DANA, especialmente en lo relativo a la activación de alertas y a la comunicación entre administraciones. En este contexto, la declaración de Feijóo busca esclarecer cuándo y cómo tuvo conocimiento la dirección nacional del PP de la situación que se estaba viviendo en la Comunitat Valenciana.
El presidente popular ha defendido que la gestión operativa de la emergencia correspondía a la Generalitat Valenciana y a los servicios autonómicos de protección civil, y ha reiterado que su papel fue el de seguir la información disponible en cada momento, sin intervenir directamente en la toma de decisiones técnicas.
Un testimonio clave en la causa
La comparecencia de Feijóo se suma a otras declaraciones relevantes en una investigación que continúa avanzando y que mantiene el foco en las horas críticas previas y posteriores a la DANA. La magistrada deberá ahora valorar el contenido de los mensajes aportados y el alcance de las responsabilidades políticas y administrativas derivadas de la gestión del temporal.
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