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Català ve «responsabilidades» en los incidentes de movilidad y señala que Grezzi no puede seguir

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VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) –

La candidata del PP a la Alcaldía de València, María José Català, sí que ve «responsabilidades» en algunos de los accidentes de tráfico registrados en la ciudad, en los que se han visto implicados patinetes, por las políticas de Movilidad aplicadas y considera que el concejal Giuseppe Grezzi «no puede seguir» porque «hay que dejarse de caprichos que tienen consecuencias nefastas».

Català, en la presentación este miércoles de su programa electoral, ha comentado que quiere ser «amable» pero que sí que considera que «determinadas decisiones políticas en materia de movilidad del Gobierno de La Nau han provocado lamentables incidentes». «No estoy echando la culpa a nadie pero hay una persona que no puede seguir en la gestión municipal», ha recalcado.

Al respecto, ha mantenido que aunque el alcalde Joan Ribó «dice que va a esconder a Grezzi en campaña, lo mejor sería que lo escondería definitivamente y que no fuera en la lista». «Si sigue Ribó, sigue Grezzi y sigue todo lo que está haciendo en València», ha advertido. En ese sentido, ha insistido en que es «imposible mantener a alguien que ha demostrado su ineficacia en la gestión».

Por contra, ha recalcado hay que aunar las áreas de seguridad y movilidad, en las que hasta ahora ha habido «una falta de coordinación» por estar en concejalías de distintos partidos, y «dejar de cuestionar a la Policía Local».

Català se ha comprometido a apoyar una movilidad sostenible, pero «con sentido común». Para ello, revertirá los carriles-bici «problemáticos» como el de la Avenida del Reino, la Avenida de Burjassot y rediseñará la calle Colón.

Además, potenciará la EMT y creará un parking lanzadera en la Alameda porque «sin un transporte público no puede haber una ciudad sostenible». Asimismo, ha defendido las empresas de movilidad alternativas. «No todo es carril bici», ha apostillado.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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