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El PP pide la comparecencia de la nueva directora del centro territorial de TVE tras «censurar el acto de Casado»

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VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) – El portavoz del PP en Les Corts, Jorge Bellver, ha solicitado la comparecencia de la nueva directora del centro territorial de TVE en la Comunitat, Arantxa Torres, para explicar el «nuevo criterio informativo» en la Comisión de seguimiento de RTVE del parlamento valenciano, tras «censurar el acto de (Pablo) Casado –presidente del Partido Popular–«.

Para el ‘popular’, «llama mucho la atención el sesgo que viene adoptando TVE censurando algunas noticias según de quién se trate». Ante esta situación, quieren saber «el por qué de diferencias en el informativo territorial según de quién se trate y si esto va a ser una norma habitual a partir de ahora en la televisión pública», informa el PPCV en un comunicado.

Bellver ha puesto como ejemplo que en el informativo regional del pasado lunes 17 de septiembre «se emitió la noticia del acto de la Fiesta de la Rosa del PSPV celebrada ese fin de semana, pero ayer lunes 24 no se dio nada del acto de inicio de curso político del PP con Pablo Casado celebrado el sábado» en la Pobla de Farnals (Valencia).

Ha subrayado al respecto que «fue un acto multitudinario donde estuvo presente el nuevo presidente nacional del PP, la presidenta regional, Isabel Bonig, y representantes del PPCV». «Desgraciadamente, TVE en la Comunitat Valenciana decidió que no tenía que informarse de ese acto pese a la repercusión política y social que nosotros consideramos que tiene», ha lamentado.

Por tanto, ha asegurado que «es evidente que los medios de televisión públicos no están a favor de una información plural, independiente y neutral, y se empeñan en silenciar al PP cuando no en criticarlo».

Los ‘populares’ quieren que la directora territorial de TVE dé explicaciones en Les Corts, como en su día ya presentaron una queja a «la directora de À Punt (Empar Marco) porque en el primer informativo ya dieron dos noticias falsas que hacían mención al PP».

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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