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El PPCV exige a Puig y Oltra que aparten de sus listas municipales a los imputados en el caso Alquería

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La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, ha exigido este miércoles al secretario general del PSPV, Ximo Puig, y a la colíder de Compromís, Mónica Oltra, que aparten de sus listas municipales a los candidatos de ambas formaciones investigados en el caso Alquería.

Elena Bastidas se ha referido así en un comunicado a la citación como investigados de los socialistas Salvador Femenía, diputado provincial y actual alcalde y candidato de su partido en l’Alqueria de la Comtessa, y Víctor Jiménez, alcalde y candidato en Rocafort, así como del número de dos en la lista de Compromís al ayuntamiento de Silla, Josep Lluís Melero.

Además, se cita también como investigados al actual gerente de Egevasa, Miguel Ángel Ferri; al secretario comarcal del PSPV de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; al asesor socialista Manuel Carot, que trabajó con Joan Lerma entre 1987 y 1995 y con José Manuel Orengo en Gandia entre 2010 y 2011; el exconcejal de Compromís en Oliva, Pau Pérez; el dirigente de este partido en Sueca Raúl Ibáñez, y Soledad Torija, persona vinculada a la formación nacionalista, ha detallado el PPCV.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a estas nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía.

En este caso figuran como investigados por prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

«Puig y Oltra no pueden seguir mirando hacia otro lado y dando cobertura a los presuntos corruptos de sus partidos en sus listas electorales. Mientras ellos tratan blanquear sus casos, se les acumulan los imputados en las candidaturas municipales», ha señalado.

A su juicio, «produce vergüenza ajena escuchar a Ximo Puig y Mónica Oltra hablar de recuperar la hipoteca reputacional cuando ellos son incapaces de presentar listas sin imputados», ha subrayado, y ha lamentado el «engaño de estas dos formaciones, que no son capaces de demostrar con hechos sus palabras acerca de tomar medidas firmes frente a hechos presuntamente delictivos».

Asimismo, ha pedido al presidente de la Diputación, Toni Gaspar, «que no siga haciendo como si aquí no pasara nada. Salvador Femenía es diputado provincial, Miguel Ángel Ferri es director gerente de Egevasa y ahora se unen a la nómina de imputados en la que ya están el diputado de Cultura y portavoz de Compromís, Xavier Rius, y la de la diputada de Deportes, Isabel García».

«Mucho discurso regenerador y mucha declaración grandilocuente pero la realidad es que la corrupción anida bajo las siglas de PSOE y Compromís. Resulta grotesco escuchar a Oltra, Puig o a Gaspar decir que nunca han exigido la dimisión de un imputado. El problema es su doble vara de medir cuando los casos de corrupción afectan a personas de su formación política».

Según el PPCV, el PSPV y Compromís «se han convertido en los partidos que más imputados o salpicados por corrupción llevan en sus listas ya que, sólo en la provincia de Valencia tienen más de 25 causas judiciales abiertas». «Las listas de PSPV y Compromís están plagadas de imputados o implicados en casos de corrupción, sin que Puig ni Oltra hagan nada. Son las listas de la vergüenza», ha recalcado.

«Parece que los socialistas se olvidan ahora del entonces presidente socialista de la Diputación que urdió el caso Alquería, del alcalde de Paterna investigado por dos casos nada claros, de la alcaldesa de Moncada y el concejal de Policía también investigado», ha dicho.

Fuente: Europa Press

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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