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El PPCV exige a Puig y Oltra que aparten de sus listas municipales a los imputados en el caso Alquería

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La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, ha exigido este miércoles al secretario general del PSPV, Ximo Puig, y a la colíder de Compromís, Mónica Oltra, que aparten de sus listas municipales a los candidatos de ambas formaciones investigados en el caso Alquería.

Elena Bastidas se ha referido así en un comunicado a la citación como investigados de los socialistas Salvador Femenía, diputado provincial y actual alcalde y candidato de su partido en l’Alqueria de la Comtessa, y Víctor Jiménez, alcalde y candidato en Rocafort, así como del número de dos en la lista de Compromís al ayuntamiento de Silla, Josep Lluís Melero.

Además, se cita también como investigados al actual gerente de Egevasa, Miguel Ángel Ferri; al secretario comarcal del PSPV de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; al asesor socialista Manuel Carot, que trabajó con Joan Lerma entre 1987 y 1995 y con José Manuel Orengo en Gandia entre 2010 y 2011; el exconcejal de Compromís en Oliva, Pau Pérez; el dirigente de este partido en Sueca Raúl Ibáñez, y Soledad Torija, persona vinculada a la formación nacionalista, ha detallado el PPCV.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a estas nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía.

En este caso figuran como investigados por prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

«Puig y Oltra no pueden seguir mirando hacia otro lado y dando cobertura a los presuntos corruptos de sus partidos en sus listas electorales. Mientras ellos tratan blanquear sus casos, se les acumulan los imputados en las candidaturas municipales», ha señalado.

A su juicio, «produce vergüenza ajena escuchar a Ximo Puig y Mónica Oltra hablar de recuperar la hipoteca reputacional cuando ellos son incapaces de presentar listas sin imputados», ha subrayado, y ha lamentado el «engaño de estas dos formaciones, que no son capaces de demostrar con hechos sus palabras acerca de tomar medidas firmes frente a hechos presuntamente delictivos».

Asimismo, ha pedido al presidente de la Diputación, Toni Gaspar, «que no siga haciendo como si aquí no pasara nada. Salvador Femenía es diputado provincial, Miguel Ángel Ferri es director gerente de Egevasa y ahora se unen a la nómina de imputados en la que ya están el diputado de Cultura y portavoz de Compromís, Xavier Rius, y la de la diputada de Deportes, Isabel García».

«Mucho discurso regenerador y mucha declaración grandilocuente pero la realidad es que la corrupción anida bajo las siglas de PSOE y Compromís. Resulta grotesco escuchar a Oltra, Puig o a Gaspar decir que nunca han exigido la dimisión de un imputado. El problema es su doble vara de medir cuando los casos de corrupción afectan a personas de su formación política».

Según el PPCV, el PSPV y Compromís «se han convertido en los partidos que más imputados o salpicados por corrupción llevan en sus listas ya que, sólo en la provincia de Valencia tienen más de 25 causas judiciales abiertas». «Las listas de PSPV y Compromís están plagadas de imputados o implicados en casos de corrupción, sin que Puig ni Oltra hagan nada. Son las listas de la vergüenza», ha recalcado.

«Parece que los socialistas se olvidan ahora del entonces presidente socialista de la Diputación que urdió el caso Alquería, del alcalde de Paterna investigado por dos casos nada claros, de la alcaldesa de Moncada y el concejal de Policía también investigado», ha dicho.

Fuente: Europa Press

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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