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El PPCV exige a Puig y Oltra que aparten de sus listas municipales a los imputados en el caso Alquería

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La vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, ha exigido este miércoles al secretario general del PSPV, Ximo Puig, y a la colíder de Compromís, Mónica Oltra, que aparten de sus listas municipales a los candidatos de ambas formaciones investigados en el caso Alquería.

Elena Bastidas se ha referido así en un comunicado a la citación como investigados de los socialistas Salvador Femenía, diputado provincial y actual alcalde y candidato de su partido en l’Alqueria de la Comtessa, y Víctor Jiménez, alcalde y candidato en Rocafort, así como del número de dos en la lista de Compromís al ayuntamiento de Silla, Josep Lluís Melero.

Además, se cita también como investigados al actual gerente de Egevasa, Miguel Ángel Ferri; al secretario comarcal del PSPV de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; al asesor socialista Manuel Carot, que trabajó con Joan Lerma entre 1987 y 1995 y con José Manuel Orengo en Gandia entre 2010 y 2011; el exconcejal de Compromís en Oliva, Pau Pérez; el dirigente de este partido en Sueca Raúl Ibáñez, y Soledad Torija, persona vinculada a la formación nacionalista, ha detallado el PPCV.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga el caso Alquería, ha citado a declarar como investigadas a estas nueve personas vinculadas a PSPV y Compromís que fueron contratadas desde 2015 como altos cargos de Divalterra –antigua Imelsa– y cuyas contrataciones cuestionan la UDEF y Fiscalía.

En este caso figuran como investigados por prevaricación y malversación el expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines.

«Puig y Oltra no pueden seguir mirando hacia otro lado y dando cobertura a los presuntos corruptos de sus partidos en sus listas electorales. Mientras ellos tratan blanquear sus casos, se les acumulan los imputados en las candidaturas municipales», ha señalado.

A su juicio, «produce vergüenza ajena escuchar a Ximo Puig y Mónica Oltra hablar de recuperar la hipoteca reputacional cuando ellos son incapaces de presentar listas sin imputados», ha subrayado, y ha lamentado el «engaño de estas dos formaciones, que no son capaces de demostrar con hechos sus palabras acerca de tomar medidas firmes frente a hechos presuntamente delictivos».

Asimismo, ha pedido al presidente de la Diputación, Toni Gaspar, «que no siga haciendo como si aquí no pasara nada. Salvador Femenía es diputado provincial, Miguel Ángel Ferri es director gerente de Egevasa y ahora se unen a la nómina de imputados en la que ya están el diputado de Cultura y portavoz de Compromís, Xavier Rius, y la de la diputada de Deportes, Isabel García».

«Mucho discurso regenerador y mucha declaración grandilocuente pero la realidad es que la corrupción anida bajo las siglas de PSOE y Compromís. Resulta grotesco escuchar a Oltra, Puig o a Gaspar decir que nunca han exigido la dimisión de un imputado. El problema es su doble vara de medir cuando los casos de corrupción afectan a personas de su formación política».

Según el PPCV, el PSPV y Compromís «se han convertido en los partidos que más imputados o salpicados por corrupción llevan en sus listas ya que, sólo en la provincia de Valencia tienen más de 25 causas judiciales abiertas». «Las listas de PSPV y Compromís están plagadas de imputados o implicados en casos de corrupción, sin que Puig ni Oltra hagan nada. Son las listas de la vergüenza», ha recalcado.

«Parece que los socialistas se olvidan ahora del entonces presidente socialista de la Diputación que urdió el caso Alquería, del alcalde de Paterna investigado por dos casos nada claros, de la alcaldesa de Moncada y el concejal de Policía también investigado», ha dicho.

Fuente: Europa Press

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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