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Las personas afectadas por un ERTE cobrarán entre el 2 y el 4 de mayo

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Puig remodela Presidencia: Estos son los ceses y nombramientos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Gobierno le ha trasladado que entre el 2 y el 4 de mayo abonará las prestaciones al 80% de las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la Comunitat Valenciana, unas 300.000.

El president, que ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida por videoconferencia con responsables de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), ha explicado que la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico va a mantener conversaciones con las entidades bancarias para que el 20% restante de trabajadores y trabajadoras puedan también recibir esta ayuda a principios de mes.

En total, son aproximadamente 300 millones de euros los que se van a a destinar a personas afectadas por ERTE en la Comunitat Valenciana, según ha precisado el president, que ha recordado que la urgencia de dar seguridad a estas familias era una de las reivindicaciones que había trasladado en las reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de responsables de las comunidades autónomas.

Estos pagos permitirán dar «cierta tranquilidad» a los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por estos expedientes de regulación temporal de empleo «en unos momentos tan extraordinariamente difíciles», ha señalado el president, que ha expresado su confianza en que, a partir de junio, la situación esté ya normalizada y los desembolsos se efectúen a principios de mes.

Supresión de trabas burocráticas

El president ha agradecido, por otro lado, la voluntad que le ha manifestado la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) de participar en los acuerdos de recuperación, reconstrucción y renacimiento de la Comunitat, y ha destacado que uno de los elementos que han puesto sobre la mesa, como es la supresión de trabas burocráticas para impulsar la inversión y la economía, será un «vector claro» de estos pactos.

Tal y como ha explicado Puig, las propuestas empresariales se trasladarán a la Mesa de Diálogo Social y se pondrán encima de la mesa para el acuerdo político.

Ximo Puig ha subrayado que la creación de empleo ha sido siempre y lo va seguir siendo «más que nunca» en los próximos meses una «obsesión» para el Consell. Por ello, la Administración «ha de propiciar un marco que facilite las inversiones», de acuerdo con una «alianza social» entre sindicatos y empresariado, ha indicado.

En este sentido, el responsable del Consell ha subrayado que la Generalitat, al igual que el conjunto de administraciones, debe ofrecer «seguridad jurídica y agilidad máxima en todos los ámbitos», con el fin de favorecer la generación de puestos de trabajo. Dentro de este objetivo, entre otras medidas, reforzará el plan Agiliza para facilitar las inversiones.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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