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Salvador Illa: «Nada hace pensar que tengamos que volver a una situación como la de marzo»

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que si se cumplen las medidas actuales para frenar los contagios de COVID-19 no habrá que adoptar otras: «Nada hace pensar que tengamos que volver a una situación como la de marzo».

En una entrevista este domingo en ‘La Vanguardia’ recogida por Europa Press, ha explicado que la situación actual de la pandemia es distinta a la de marzo, y que ahora «hay que estabilizar la curva y bajar los contagios. Estamos ante un incremento de casos que tenemos que controlar pero que hoy por hoy no amenaza el sistema sanitario», una subida que atribuye a factores como la movilidad desde el fin del estado de alarma y la mejora del sistema de detección precoz de casos.

Sobre la casuística de los casos detectados en la actualidad es distinta a la que había al principio de la pandemia, ha asegurado que «Si valoramos los datos en su conjunto vemos que más de la mitad son asintomáticos, que la media de edad es mucho más baja (en torno a los 40 años), casos más leves, que la presión hospitalaria ronda el 5% y que, afortunadamente, el número de fallecimientos es muy distinto».

De no estabilizarse, ha explicado que se procederá conforme al «plan de respuesta temprana pactado con las autonomías» en junio, que prevé varios escenarios y fases. Ha pedido que no se minimice la importancia de la presión hospitalaria actual –en torno al 5%–, porque de incrementarse los casos acabará subiendo: «Y eso no nos lo podemos permitir».

VUELTA LA ESCUELA Y VACUNA

Ante la polémica vuelta al cole en septiembre, ha defendido que el Gobierno tiene unos criterios «muy trabajados desde hace tiempo», con 2.000 millones de euros que se invertirán en materia educativa del fondo de 16.000 millones destinado a las comunidades autónomas.

Ha insistido en que los padres no deben llevar a sus hijos al colegio si tienen síntomas, como fiebre: «Si no, no habrá salida. Un trabajador, un niño, quien sea que tenga síntomas, no deben llevar a sus hijos al colegio si tienen síntomas, como fiebre no debe salir de casa».

Sobre la vacuna para el coronavirus, ha dicho: «Si tuviera que hacer un pronóstico hoy, con los datos de los que dispongo, diría que en diciembre podríamos empezar a vacunar a los colectivos que más lo necesitan».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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