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Salvador Illa: «Nada hace pensar que tengamos que volver a una situación como la de marzo»

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que si se cumplen las medidas actuales para frenar los contagios de COVID-19 no habrá que adoptar otras: «Nada hace pensar que tengamos que volver a una situación como la de marzo».

En una entrevista este domingo en ‘La Vanguardia’ recogida por Europa Press, ha explicado que la situación actual de la pandemia es distinta a la de marzo, y que ahora «hay que estabilizar la curva y bajar los contagios. Estamos ante un incremento de casos que tenemos que controlar pero que hoy por hoy no amenaza el sistema sanitario», una subida que atribuye a factores como la movilidad desde el fin del estado de alarma y la mejora del sistema de detección precoz de casos.

Sobre la casuística de los casos detectados en la actualidad es distinta a la que había al principio de la pandemia, ha asegurado que «Si valoramos los datos en su conjunto vemos que más de la mitad son asintomáticos, que la media de edad es mucho más baja (en torno a los 40 años), casos más leves, que la presión hospitalaria ronda el 5% y que, afortunadamente, el número de fallecimientos es muy distinto».

De no estabilizarse, ha explicado que se procederá conforme al «plan de respuesta temprana pactado con las autonomías» en junio, que prevé varios escenarios y fases. Ha pedido que no se minimice la importancia de la presión hospitalaria actual –en torno al 5%–, porque de incrementarse los casos acabará subiendo: «Y eso no nos lo podemos permitir».

VUELTA LA ESCUELA Y VACUNA

Ante la polémica vuelta al cole en septiembre, ha defendido que el Gobierno tiene unos criterios «muy trabajados desde hace tiempo», con 2.000 millones de euros que se invertirán en materia educativa del fondo de 16.000 millones destinado a las comunidades autónomas.

Ha insistido en que los padres no deben llevar a sus hijos al colegio si tienen síntomas, como fiebre: «Si no, no habrá salida. Un trabajador, un niño, quien sea que tenga síntomas, no deben llevar a sus hijos al colegio si tienen síntomas, como fiebre no debe salir de casa».

Sobre la vacuna para el coronavirus, ha dicho: «Si tuviera que hacer un pronóstico hoy, con los datos de los que dispongo, diría que en diciembre podríamos empezar a vacunar a los colectivos que más lo necesitan».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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