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Valencia

Abren juicio oral contra López Jaraba por presuntas irregularidades en contratos de RTVV con José Luis Moreno

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VALÈNCIA, 16 Oct. – El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el que fuera director general de la extinta Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por presuntas irregularidades en la contratación de una serie y un programa de la productora Alba Adriática, cuyo administrador único era el empresario José Luis Moreno.

Así lo ha acordado en un auto con fecha del pasado 14 de octubre, tras haber pedido esa apertura de juicio oral las acusaciones ejercidas por CGT PV, CCOO PV y la Abogacía de la Generalitat. La Fiscalía había solicitado el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no estaba «debidamente acreditada la perpetración del delito».

CGT-PV solicita para López Jaraba una pena de ocho años de prisión e inhabilitación por 20 años y 1.385.295 euros por malversación, prevaricación y fraude a la administración; CCOO, que actúa como acusación popular tras la interposición de una querella, reclama siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta y multa de 33.000 euros mientras que la Abogacía de la Generalitat Valenciana exige siete años de cárcel, 17 años y medio de inhabilitación absoluta y una responsabilidad civil de 1,38 millones.

López Jaraba está procesado desde el pasado mes de junio por malversación o, en su caso, administración desleal por sobrecostes de 1.385.295 euros en la contratación de una serie y un programa de la productora Alba Adriática, propiedad de José Luis Moreno.

Ahora, en esta resolución el juez señala que tras haberse solicitado la apertura de juicio por acusaciones particular y popular, se acuerda la apertura y se da nuevo traslado al ministerio fiscal para que formule escrito de calificación, salvo que renuncie a ello. El titular del juzgado fija una fianza de responsabilidad civil de 1,8 millones de euros a cargo del acusado, a la vista de los escritos de acusación.

En caso de no verificar esa cuantía, el instructor ordena el embargo de bienes de su propiedad en cantidad sufciiente para cubrir esa sumar o acreditar en forma legal la insolvenciañ El órgano competente para conocer de esta causa será la Audiencia de Valencia.

Según ha indicado CCOO PV en un comunicado, en junio de 2014 este sindicato registró denuncia ante la Fiscalía de la Comunitat Valenciana por estos hechos, que fue remitida a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y desde allí al Juzgado de primera instancia e instrucción 6 de Paterna para su acumulación a las Diligencias Previas 422/14.

Cuando el sindicato pidió su personación como acusación particular, la petición fue rechazada por el resto de acusaciones por lo que interpuso querella para actuar como acusación popular y en esa calidad ha presentado su escrito de conclusiones y pedido la apertura de juicio oral por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa como delitos continuados.

«Tras un periplo de más de cinco años, con el auto se reconocen los indicios de una nefasta gestión por López Jaraba, que como muchas otras variables desembocó en el cierre de la extinta RTVV con la pérdida de empleo directo en Canal 9 e indirecto en todo el sector audiovisual valenciano», ha subrayado el sindicato.

COMPROMÍS: «RECORRIDO MUY LARGO»
Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha mostrado la satisfacción de su formación porque «finalmente la justicia haya abierto juicio oral contra José López Jaraba por su gestión en RTVV». «Ha sido un recorrido muy largo desde que Compromís denunciáramos ante la justicia en 2014 a los responsables del agujero económico que provocó la nefasta gestión de los gobiernos del PP en nuestra radiotelevisión pública», ha añadido en un comunicado.

«Cinco años después hemos conseguido que uno de los responsables del saqueo de RTVV se siente en el banquillo de los acusados para responder por el despilfarro y desvío de los fondos de la entidad. Confiamos que con este juicio además de delimitar las responsabilidades del acusado, consigamos que el dinero robado vuelva a las arcas públicas, objetivo principal de todas nuestras denuncias por corrupción», ha recalcado.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Valencia

Tres antiguos menores del caso Bar España aseguran que fueron amenazados para denunciar falsos abusos

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Caso Bar España
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, tras declarar en mayo de 2019 como perjudicado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón, en el denominado "caso Bar España", por un presunto delito de injurias y calumnias a políticos y empresarios a los que falsamente se relacionaba con la pederastia. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Tres personas que eran menores cuando denunciaron supuestas prácticas de pederastia en el caso Bar España han asegurado en el juicio por la difusión de este bulo que sus declaraciones eran mentira y que las realizaron bajo amenazas de una persona fallecida a la que la Fiscalía sitúa como origen de la historia.

Los tres testigos han declarado este jueves en la vista oral y han explicado que fueron presionados para sostener unas acusaciones que, según han afirmado, no eran ciertas.

Uno de ellos ha relatado que aquella persona les dictaba lo que debían decir. «Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos», ha explicado ante el tribunal.

Otro de los testigos, hermano del anterior, ha asegurado que le amenazaban con impedirle ver a sus hermanos si no obedecía. Una prima de ambos también ha declarado que recibió amenazas para denunciar unos abusos que ha negado que fueran ciertos.

Gabriela Bravo denuncia el daño de las acusaciones

La exconsellera de Justicia Gabriela Bravo también ha declarado en el juicio y ha recordado las acusaciones que la vinculaban con una supuesta red de pederastia relacionada con el Bar España. Según ha explicado, se le señalaba por conocer presuntamente los delitos y no actuar para investigarlos ni proteger a los menores.

Bravo ha asegurado que aquellas informaciones le afectaron profundamente, tanto por su responsabilidad política como por su trayectoria profesional como fiscal especializada en menores.

«De repente, verme involucrada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera», ha declarado.

La exconsellera ha cuestionado las informaciones difundidas a partir de un informe en el que se solicitaba abrir una investigación y ha considerado injuriosas las publicaciones que, según sostiene, la acusaban de no haber actuado.

Bravo ha reclamado una indemnización y que se eliminen de las redes sociales los contenidos relacionados con esas acusaciones. «A veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño», ha advertido.

Empresarios denuncian las consecuencias del caso Bar España

La sesión también ha contado con las declaraciones de varios empresarios que, según han relatado, fueron relacionados en redes sociales y mediante panfletos distribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia vinculada al establecimiento.

Los testigos han descrito las consecuencias personales y profesionales de aquellas acusaciones. Uno de ellos ha resumido el impacto sufrido con una frase: «Me han destrozado la vida».

Otro ha explicado que se difundieron afirmaciones que vinculaban el local con presuntos abusos sexuales a menores, violaciones y asesinatos. Una tercera persona ha señalado que su negocio comenzó a funcionar mal a raíz de las acusaciones y que finalmente tuvo que cerrarlo.

El juicio por la difusión del bulo del caso Bar España continuará con nuevas declaraciones de testigos. Está previsto que el resto de los acusados que todavía no han comparecido lo hagan el próximo lunes.

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