València, 3 sep (EFE).- El próximo lunes se cumplen 25 años desde que la Audiencia de Valencia condenase a 170 años de prisión a Miguel Ricart por el triple crimen de Alcàsser, una causa con un eco mediático sin fin que también sigue viva en el juzgado a la búsqueda de evidencias contra Antonio Anglés, el prófugo más buscado en España.
La sentencia, que fue confirmada en mayo de 1999 por el Tribunal Supremo, declaró probado que las tres niñas, que tenían entre 14 y 15 años, fueron raptadas el 13 de noviembre de 1992 por Ricart, otro varón identificado que no fue detenido (Anglés) y posiblemente alguna persona más.
Las menores fueron violadas y asesinadas en un paraje de Tous (Valencia) conocido como La Romana, donde sus cuerpos fueron descubiertos en enero de 1993.
La investigación judicial sobre lo sucedido, de la que es responsable el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, está completamente agotada, aunque queda abierta una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés, uno de los prófugos más perseguidos de toda Europa.
LA REACTIVACIÓN DEL CASO
En los últimos años se han realizado diferentes pesquisas orientadas a su búsqueda en el extranjero a raíz de unas llamadas y correos electrónicos que recibió la hermana de Anglés, que resultaron infructuosas, y también se han analizado restos óseos hallados en las costas de Irlanda, donde se sospecha que pudo llegar o haber fallecido Anglés.
La reciente personación en la causa de la acusación popular que ejerce la Asociación Laxhsmi para la lucha contra el Crimen ha dado un nuevo impulso tanto a la búsqueda como a la posible certificación, mediante técnicas de análisis modernas, de la posible presencia de Anglés en escenarios del crimen.
En los últimos meses ha promovido el análisis de pelos y otros posibles restos forenses en los vehículos de Ricart y Anglés, una búsqueda que resultó infructuosa por el mal estado de estos restos.
Además, ha impulsado la búsqueda de ADN en la ropa interior de las tres niñas asesinadas y otros restos encontrados en varios escenarios relacionados con este suceso, como la alfombra en que fueron envueltas tras su violación, tortura y asesinato.
Así, tras recibir el visto bueno del juzgado instructor, se ha ordenado analizar de nuevo en busca de posibles restos una sábana blanca que cubría un colchón de espuma en la caseta de La Romana (donde supuestamente se retuvo a las niñas durante la noche), varias fibras del forro de un colchón hallado en el mismo lugar, ropa interior de Toñi, las camisetas de Desirée y Miriam, un pedazo de tapizado del Opel Corsa de Miguel Ricart, unas raspaduras tomadas del interior de la citada caseta y de un trozo de madera del mismo lugar, así como de la moqueta en la que se envolvió a las víctimas.
TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI PARA UN CASO DE LOS AÑOS 90
Según el experto en genética y director del Laboratorio de Genética Forense del Instituto de Medicinal Legal de Las Palmas, José Juan Pestano, y el criminólogo y responsable de la asociación Laxshmi, Félix Ríos, las técnicas de amplificación de ADN actuales pueden permitir encontrar rastros genéticos donde no se obtuvieron en los años 90.
Algunas de esas muestras dieron positivo entonces, en pruebas orientadoras sobre semen o sangre, pero o bien no dieron confirmación en pruebas posteriores o no se practicaron análisis detallados por falta de tiempo, ni se obtuvo ADN, posiblemente por la baja sensibilidad de las pruebas y tecnología de ADN de la época, opinan los especialistas que han instado estas pruebas.
Asimismo, y también a instancias de esta acusación popular, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a través de dos de sus laboratorios ubicados en Madrid y Barcelona, analizará muestras de pelos hallados en varios escenarios de este crimen y los comparará con los de siete hombres que fueron considerados en su día sospechosos.
Tres de estas personas son hermanos de Antonio Anglés, uno es Miguel Ricart, único condenado por los crímenes, y los otros tres son amigos o conocidos de Anglés, compañeros de delincuencia en algún caso, o relacionados con la venta o el consumo de estupefacientes en otro.
El único condenado por estos hechos, Miguel Ricart, tiene actualmente 52 años y salió del centro penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) en noviembre de 2013, tras ver reducida su sentencia a 21 años por la suspensión de la denominada doctrina Parot.
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