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Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por «desobediencia» con la consulta del 9-N
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hace 8 añosen
De
La Sala Civil y Penal del TSJC, en sentencia de fecha 13 de marzo de 2017, ha condenado al expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas i Gabarró como autor de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público a las penas de multa de doce meses, con una cuota diaria de cien euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado, por tiempo de dos años.
En esa misma sentencia son condenas las acusadas Joana Ortega i Alemany, exvicepresidenta del Govern de la Generalitat i exconsellera de Governació i Relacions Institucionals, e Irene Rigau i Oliver, exconsellera del Departament d’Esnenayment de la Generalitat, como cooperadoras necesarias de ese mismo delito de desobediencia, a las penas de multa de diez meses, con igual cuota económica, e inhabilitación especial, con el mismo alcance que el anterior, durante un año y nueve meses, en el caso de Ortega; y a una multa de ocho meses, con igual cuota económica, e inhabilitación especial, con el mismo alcance que para el autor, durante un año y seis meses, en el caso de Rigau. En la misma sentencia se les absuelve a los tres acusados del delito de prevaricación administrativa por el que venían acusados por el Fiscal y las acusaciones populares.
En los fundamentos de la sentencia se afirma que no se ha sometido a juicio ni la convocatoria del proceso participativo realizada por el President de la Generalitat el día 14 de octubre, ni tampoco la colocación de las urnas el día 9 de noviembre, sino exclusivamente la desobediencia a la orden de suspensión emanada de la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014.
La Sala Civil y Penal del TSJC parte de la atribución al Tribunal Constitucional de una auténtica jurisdicción constitucional, así como de que su providencia de 4 de noviembre de 2014 reunía todas las condiciones formales y encerraba un mandato claro, expreso, concreto y terminante de suspender toda actividad administrativa orientada a la realización del proceso participativo convocado para el 9 de noviembre, que imponía a sus destinatarios un deber inexcusable de acatamiento a tal mandato, en ningún caso necesitado de requerimiento o advertencia personal de tipo alguno.
Se les reprocha a los acusados el hecho de que, lejos de hacer efectiva la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional, no solo no dictaron ningún tipo de resolución ni efectuaron anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre, sino que observaron un catálogo de conductas demostrativas todas de su determinación firme de contravenir la providencia del Tribunal Constitucional.
Entre esas conductas se relacionan particularmente las relativas al mantenimiento de la página web «participa2014.cat”; el mantenimiento de la campaña de publicidad institucional; el mantenimiento del reparto de correspondencia oficial; la aportación y suministro del material de la votación (urnas, sobres y papeletas); la elaboración e instalación de programas informáticos y suministro del material tecnológico y apoyo técnico; la contratación de un seguro de responsabilidad civil de cobertura para los voluntarios; la utilización de centros públicos como sedes de votación y la instalación de un centro de prensa.
Esta actividad, según los razonamientos de la sentencia, desacredita la tesis defensiva de que todo el proceso participativo, a partir del día 4 de noviembre de 2014, quedó en manos de los voluntarios, lo que no se sostiene a partir de la verificación de la ingente, por no decir frenética, actividad preparativa desplegada en ejecución de otros tantos contratos públicos, generadores todos de compromisos de pago que fueron cargados y atendidos contra la Generalitat de Catalunya.
El diferente tratamiento punitivo dado por el tribunal a los acusados lo justifica, en el caso del acusado Sr. Mas i Gabarró, no solo como autor directo y material del delito cometido sino también porque sobre su persona, como President de la Generalitat (al que corresponde estatutariamente la dirección y coordinación de la acción de gobierno) recaía con la mayor intensidad el deber de suspensión de actividades impuesto por la providencia del Tribunal Constitucional desobedecida, en la medida que había sido el artífice de convocatoria inicial.
Y entre las acusadas, por la distinta relevancia de las aportaciones de una y otra al hecho desobediente, superior en el caso de la Sra. Ortega i Alemany, como Vicepresidenta del Govern de la Generalitat y titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals por el control superior que ejerció en todo momento de los mecanismos organizativos y arquitectónicos del proceso participativo.
La absolución por el delito de prevaricación se dispone atendiendo a que la arbitrariedad que las acusaciones atribuyen a los tres acusados y por la que piden su condena por el delito de prevaricación, procede y se centra en la decisión de los acusados de no hacer efectiva la suspensión ordenada en la providencia TC de 4 de noviembre; declarando la Sala Civil y Penal del TSJC que en esas concretas conductas no puede afirmar la presencia de elementos de ilegalidad que excedan o desborden la inherente al hecho desobediente ya calificado y sancionado como constitutivo de un delito de desobediencia; lo que impide una condena añadida por el delito de prevaricación, pues no lo permite el principio non bis in ídem, que prohíbe castigar doblemente una misma conducta.
“La sentencia estará disponible en este mismo enlace una vez suprimidos los datos de carácter personal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 560.1.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal”.
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Paco Salazar renuncia a su puesto en el equipo de Sánchez tras ser acusado de acoso sexual a compañeras del PSOE
Publicado
hace 1 horaen
5 julio, 2025
Paco Salazar, una de las figuras más próximas a Pedro Sánchez en el entorno de Moncloa y previsto como nuevo miembro del núcleo duro del presidente del Gobierno, ha presentado su renuncia antes incluso de tomar posesión del cargo. La decisión llega tras la publicación de graves acusaciones por presunto acoso sexual y proposiciones inapropiadas a varias compañeras del Partido Socialista.
La renuncia se produjo tras una reunión tensa en la sede de Ferraz, donde Salazar comunicó su decisión en medio del creciente malestar interno por su comportamiento. Según ha adelantado el diario eldiario.es, al menos dos mujeres del PSOE denunciaron haber sido objeto de comentarios obscenos, insinuaciones sexuales constantes y proposiciones para mantener encuentros fuera del ámbito laboral, como cenas a solas y sugerencias para quedarse a dormir en su domicilio.
Conductas reiteradas y conocidas internamente
Según la investigación periodística, los comportamientos atribuidos a Paco Salazar eran conocidos desde hace meses por varios dirigentes del partido, aunque no se habían hecho públicos hasta ahora. Se trata de un patrón de conducta que incluye uso reiterado de lenguaje sexual, comentarios sobre la apariencia física de sus compañeras y una actitud persistente que ha generado un profundo malestar.
Desde el PSOE, se ha confirmado la existencia de las acusaciones y se ha anunciado que se abrirán diligencias internaspara esclarecer los hechos. En un comunicado oficial, el partido señala que Paco Salazar ha solicitado personalmente la apertura de una investigación preliminar sobre las informaciones conocidas este lunes.
El PSOE inicia una investigación interna urgente
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha informado que iniciará «de inmediato» las diligencias previas de información, aunque puntualiza que hasta el momento no constaban denuncias formales internas contra Salazar.
“El PSOE actuará con firmeza ante cualquier situación que atente contra la dignidad de las personas y los principios de igualdad y respeto que defiende el partido”, aseguran fuentes de Ferraz. La organización política pone así en marcha un procedimiento interno que evaluará las conductas descritas en los informes periodísticos y valorará posibles sanciones.
Impacto político en el entorno de Moncloa
La renuncia de Paco Salazar representa un revés para el equipo de confianza de Pedro Sánchez, donde el hasta ahora alto cargo era considerado uno de los principales ‘fontaneros’ de Moncloa, es decir, una figura clave en la estrategia política, la interlocución interna y la gestión de la maquinaria del partido.
Este episodio se suma a otros recientes que aumentan la presión sobre el Ejecutivo y el Partido Socialista, en un contexto marcado por polémicas judiciales y crisis reputacionales que han afectado a altos cargos y colaboradores cercanos.
Diversas trabajadoras relatan un patrón de comportamiento basado en comentarios sexuales, invitaciones fuera del horario laboral y represalias por rechazos
El recién nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Paco Salazar, figura clave en la reestructuración del partido promovida por Pedro Sánchez, se enfrenta a acusaciones de presunto acoso sexual y abuso de poder por parte de varias subordinadas que trabajaron bajo su mando en diferentes etapas.
Los testimonios recogidos por elDiario.es y otros medios apuntan a un ambiente laboral marcado por el hostigamiento, donde Salazar habría realizado comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo de sus compañeras, enviado mensajes personales e insinuantes fuera del horario laboral e incluso lanzado invitaciones a cenar o a dormir en su casa.
“Acoso sexual y abuso de poder”: el testimonio de una excolaboradora
Una de las denunciantes, bajo el nombre ficticio de Lidia, trabajó directamente con Paco Salazar en La Moncloa y ha descrito su comportamiento como un uso continuado de lenguaje sexualizado en el entorno profesional. Según su relato, tras rechazar sus invitaciones, sufrió represalias laborales, como la retirada de funciones o la falta de promoción profesional.
“No se trataba de simples comentarios, sino de un hostigamiento insistente que iba más allá de lo laboral”, asegura.
Otra joven, vinculada al partido desde las primarias de 2017, también expresó haber recibido un trato “baboso” y repetidos comportamientos inadecuados, a pesar de la diferencia de edad y su cercanía familiar con un histórico dirigente socialista.
Un “secreto a voces” en el PSOE
Según fuentes internas del partido, el comportamiento de Salazar era conocido desde hace años, aunque nunca se trasladó a los canales disciplinarios del PSOE. Cargos intermedios y militantes de base hablan de un “clamor extendido” respecto a su conducta, especialmente desde que ocupaba el puesto de número dos en el Gabinete de Presidencia, bajo el mando de Iván Redondo.
Además, su perfil no es nuevo en el círculo de Sánchez: Paco Salazar fue uno de los integrantes del famoso “Peugeot” con el que el actual presidente recorrió España durante las primarias socialistas de 2017, lo que confirma su cercanía al núcleo duro del liderazgo actual.
Vinculación con Ábalos y Cerdán
Salazar mantiene también lazos estrechos con otras figuras implicadas en escándalos recientes dentro del PSOE. Fue colaborador de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y compañero de piso de Santos Cerdán, exsecretario de Organización y actualmente en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo.
Su nuevo nombramiento como adjunto a Rebeca Torró, la nueva secretaria de Organización del partido, ha generado rechazo en varios sectores del PSOE, que ven con preocupación que una figura tan cuestionada ocupe un cargo de alta responsabilidad en plena crisis interna del partido.
“Muchos lo han recibido con pavor. Su nombramiento ahonda en la desconexión entre la cúpula del partido y la realidad que viven muchas mujeres en el entorno socialista”, señalan fuentes internas.
Un nuevo escándalo que sacude la renovación de Sánchez
La elección de Paco Salazar por parte de Sánchez llega en uno de los momentos más delicados para el PSOE, con el caso Cerdán todavía en desarrollo judicial y un Comité Federal clave que busca reorientar el rumbo del partido. Estas acusaciones por presunto acoso podrían suponer un nuevo revés para la estrategia de renovación del presidente, justo cuando intenta recuperar la iniciativa política.
Hasta el momento, ni la dirección del PSOE ni Salazar han emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones.
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