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Así es el protocolo de protección que Sanidad ha enviado a todos los centros educativos para el próximo curso

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horarios de la ESO Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte han enviado a los centros educativos de enseñanzas no universitarias el protocolo de protección y prevención ante la transmisión y contagio de la COVID-19 para el curso 2020-2021, siempre recordando que hay que convivir en un contexto de pandemia que va evolucionando y que es cambiante.

El protocolo contempla las medidas de actuación determinadas por las autoridades sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que ha realizado varias reuniones con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para informar en todo momento de como se ha desarrollado este documento.

El objetivo central de este protocolo se ha centrado en establecer las actuaciones que hay que tomar para asegurar una vuelta a las aulas en septiembre de manera segura, saludable y sostenible, a través de la aplicación de medidas de promoción de la salud, la protección y la prevención adaptadas a las diferentes etapas educativas.

Es también una guía para facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del establecimiento de protocolos de actuación y coordinación factibles.

Por ello, el inicio del curso 2020-2021 se ha diseñado a partir de una planificación profunda y rigurosa que permite, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y la adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.

Este protocolo marca las pautas para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y el personal de los centros educativos y sirve para arbitrar las medidas de especial protección para los colectivos más vulnerables a la COVID-19, para que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando el riesgo al máximo. Es un documento que busca ofrecer un marco común y se implementa según la realidad de cada centro educativo y su contexto local.

El protocolo contempla las medidas para la limitación o control del contacto interpersonal, entre las cuales se encuentran las entradas y salidas en los centros educativos, los desplazamientos dentro de los centros, la manera de actuar en las zonas comunes y las interacciones con personas externas a la organización de los centros.

También se detalla la manera de proceder desde el punto de vista de la seguridad sanitaria en cuanto a las actividades extraescolares, el servicio de transporte escolar, el servicio de comedor escolar y el uso de mascarillas.

Otro de los apartados del protocolo se refiere a las medidas de prevención personal, así como las de limpieza, desinfección y ventilación en los centros educativos.

El protocolo elaborado por la Conselleria de Sanidad contempla también las directrices para la gestión de la sospecha de casos en los centros educativos con el establecimiento en cada centro de un ‘espacio COVID-19’ específico.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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