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Así es el protocolo de protección que Sanidad ha enviado a todos los centros educativos para el próximo curso

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Clases suspendidas Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte han enviado a los centros educativos de enseñanzas no universitarias el protocolo de protección y prevención ante la transmisión y contagio de la COVID-19 para el curso 2020-2021, siempre recordando que hay que convivir en un contexto de pandemia que va evolucionando y que es cambiante.

El protocolo contempla las medidas de actuación determinadas por las autoridades sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que ha realizado varias reuniones con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para informar en todo momento de como se ha desarrollado este documento.

El objetivo central de este protocolo se ha centrado en establecer las actuaciones que hay que tomar para asegurar una vuelta a las aulas en septiembre de manera segura, saludable y sostenible, a través de la aplicación de medidas de promoción de la salud, la protección y la prevención adaptadas a las diferentes etapas educativas.

Es también una guía para facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del establecimiento de protocolos de actuación y coordinación factibles.

Por ello, el inicio del curso 2020-2021 se ha diseñado a partir de una planificación profunda y rigurosa que permite, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y la adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.

Este protocolo marca las pautas para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y el personal de los centros educativos y sirve para arbitrar las medidas de especial protección para los colectivos más vulnerables a la COVID-19, para que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando el riesgo al máximo. Es un documento que busca ofrecer un marco común y se implementa según la realidad de cada centro educativo y su contexto local.

El protocolo contempla las medidas para la limitación o control del contacto interpersonal, entre las cuales se encuentran las entradas y salidas en los centros educativos, los desplazamientos dentro de los centros, la manera de actuar en las zonas comunes y las interacciones con personas externas a la organización de los centros.

También se detalla la manera de proceder desde el punto de vista de la seguridad sanitaria en cuanto a las actividades extraescolares, el servicio de transporte escolar, el servicio de comedor escolar y el uso de mascarillas.

Otro de los apartados del protocolo se refiere a las medidas de prevención personal, así como las de limpieza, desinfección y ventilación en los centros educativos.

El protocolo elaborado por la Conselleria de Sanidad contempla también las directrices para la gestión de la sospecha de casos en los centros educativos con el establecimiento en cada centro de un ‘espacio COVID-19’ específico.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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