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Así será la vuelta a las clases el próximo curso: asistencia presencial, grupos burbuja, mascarilla y menos distancia

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EFE/Brais Lorenzo/Archivo

Madrid, 13 may (EFE/OP).- Los alumnos de todos los tramos educativos no universitarios asistirán el próximo curso a clases presenciales, donde se mantendrá el uso de las mascarilla, los grupos «burbuja» hasta los 12 años y una distancia interpersonal menor, se pasa de 1,5 a 1,2 metros.

Es la propuesta de medidas frente a la covid-19 en el curso 2021-2022 que los ministerios de Sanidad y Educación han enviado a las comunidades, un borrador que se analizará esta tarde en la Comisión de Salud Pública y mañana en la Comisión de Educación, por tanto está sujeto a cambios, han explicado a EFE fuentes de la cartera de Isabel Celaá.

La propuesta final se aprobará el día 19 en una reunión sectorial entre las CCAA, Sanidad y Educación.

Según este texto, al que ha tenido acceso EFE, las clases presenciales se garantizarán en las regiones con bajo riesgo de transmisión, es decir, el nivel 1 y 2 (el primero por debajo de 50 contagios por 100.000 habitantes y el segundo de 50 a 150).

Las comunidades que se encuentren en el nivel de alerta 3 (de 150 a 250 casos por 100.000 habitantes) y nivel 4 (más de 250 casos), se podría pasar a la semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO y de manera «excepcional».

Además de la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, continuará siendo preferente la ventilación cruzada y los grupos «burbuja» hasta los doce años.

Una de las novedades de la propuesta ministerial es la posibilidad de reducir la distancia de seguridad de 1,5 metros a 1,2 en las aulas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Oficiales de Idiomas.

Precisamente, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha apostado este jueves por la vuelta a las clases presenciales porque ha razonado que las ventajas son «muy superiores a cualquier riesgo o eventualidad», durante un debate de la OEI.

En Infantil, los grupos de convivencia estable, llamados también «burbuja», estarán formados por un máximo de 20 niños junto al tutor, y se les permitirá interactuar entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos…), de acuerdo siempre con la propuesta.

En Primaria, estos grupos de convivencia podrán ser de hasta 25 escolares.

En las aulas de Secundaria se podrá reducir la distancia de 1,5 a 1,2 metros para garantizar la presencialidad; en 1º y 2º de la ESO se plantea una opción estable para los dos escenarios; en 3º y 4º de la ESO, en los niveles de alerta 3 y 4, se sugiere elevar la distancia a mínimo 1,5 metros u optar por las clases al aire libre.

En Bachillerato también se podrá rebajar la distancia en el aula a 1,2 metros y si hay un nivel alto de riesgo de contagio se plantean tres alternativas: optar por las clases al aire libre, aumentar la distancia interpersonal a mínimo 1,5 metros o, de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las dos opciones anteriores, se pasaría a semipresencialidad.

En el caso de la FP rige la misma propuesta de la distancia que en Bachillerato, tanto en sus aulas ordinarias como en las actividades que se desarrollen en espacios singulares, como talleres, laboratorios o naves.

Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que durante el mes de junio España recibirá 13 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, a razón de 2,7 millones semanales, aproximadamente un millón más por semana.

Sánchez ha hecho este anuncio en un acto en el Palacio de la Moncloa con motivo de la reforma del artículo 49 de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad.

«Vamos en línea recta a la inmunidad de grupo, es decir que 33 millones de compatriotas estén vacunados a mediados de agosto», ha aseverado Sánchez tras poner de manifiesto el «cumplimiento a rajatabla» de los compromisos de vacunación fijados.

La Comunidad de Madrid también ha anunciado este jueves que se suma a las autonomías que prevén vacunar contra el coronavirus a partir de junio a la población general de entre 40 y 49 años y ve «factible» empezar en julio con los menores de 40 años.

Por último, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han tramitado la mitad de las actas de denuncia interpuestas durante el primer estado de alarma (del 14 de marzo al 21 de junio de 2020): 481.969 actas (un 50,1%) de los 960.580 expedientes tramitados por el incumplimiento de las medidas de limitación de circulación en España, sin contar País Vasco y Cataluña ya que aquí las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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