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Así será la vuelta a las clases el próximo curso: asistencia presencial, grupos burbuja, mascarilla y menos distancia

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EFE/Brais Lorenzo/Archivo

Madrid, 13 may (EFE/OP).- Los alumnos de todos los tramos educativos no universitarios asistirán el próximo curso a clases presenciales, donde se mantendrá el uso de las mascarilla, los grupos «burbuja» hasta los 12 años y una distancia interpersonal menor, se pasa de 1,5 a 1,2 metros.

Es la propuesta de medidas frente a la covid-19 en el curso 2021-2022 que los ministerios de Sanidad y Educación han enviado a las comunidades, un borrador que se analizará esta tarde en la Comisión de Salud Pública y mañana en la Comisión de Educación, por tanto está sujeto a cambios, han explicado a EFE fuentes de la cartera de Isabel Celaá.

La propuesta final se aprobará el día 19 en una reunión sectorial entre las CCAA, Sanidad y Educación.

Según este texto, al que ha tenido acceso EFE, las clases presenciales se garantizarán en las regiones con bajo riesgo de transmisión, es decir, el nivel 1 y 2 (el primero por debajo de 50 contagios por 100.000 habitantes y el segundo de 50 a 150).

Las comunidades que se encuentren en el nivel de alerta 3 (de 150 a 250 casos por 100.000 habitantes) y nivel 4 (más de 250 casos), se podría pasar a la semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO y de manera «excepcional».

Además de la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, continuará siendo preferente la ventilación cruzada y los grupos «burbuja» hasta los doce años.

Una de las novedades de la propuesta ministerial es la posibilidad de reducir la distancia de seguridad de 1,5 metros a 1,2 en las aulas de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Oficiales de Idiomas.

Precisamente, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha apostado este jueves por la vuelta a las clases presenciales porque ha razonado que las ventajas son «muy superiores a cualquier riesgo o eventualidad», durante un debate de la OEI.

En Infantil, los grupos de convivencia estable, llamados también «burbuja», estarán formados por un máximo de 20 niños junto al tutor, y se les permitirá interactuar entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos…), de acuerdo siempre con la propuesta.

En Primaria, estos grupos de convivencia podrán ser de hasta 25 escolares.

En las aulas de Secundaria se podrá reducir la distancia de 1,5 a 1,2 metros para garantizar la presencialidad; en 1º y 2º de la ESO se plantea una opción estable para los dos escenarios; en 3º y 4º de la ESO, en los niveles de alerta 3 y 4, se sugiere elevar la distancia a mínimo 1,5 metros u optar por las clases al aire libre.

En Bachillerato también se podrá rebajar la distancia en el aula a 1,2 metros y si hay un nivel alto de riesgo de contagio se plantean tres alternativas: optar por las clases al aire libre, aumentar la distancia interpersonal a mínimo 1,5 metros o, de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las dos opciones anteriores, se pasaría a semipresencialidad.

En el caso de la FP rige la misma propuesta de la distancia que en Bachillerato, tanto en sus aulas ordinarias como en las actividades que se desarrollen en espacios singulares, como talleres, laboratorios o naves.

Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que durante el mes de junio España recibirá 13 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, a razón de 2,7 millones semanales, aproximadamente un millón más por semana.

Sánchez ha hecho este anuncio en un acto en el Palacio de la Moncloa con motivo de la reforma del artículo 49 de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad.

«Vamos en línea recta a la inmunidad de grupo, es decir que 33 millones de compatriotas estén vacunados a mediados de agosto», ha aseverado Sánchez tras poner de manifiesto el «cumplimiento a rajatabla» de los compromisos de vacunación fijados.

La Comunidad de Madrid también ha anunciado este jueves que se suma a las autonomías que prevén vacunar contra el coronavirus a partir de junio a la población general de entre 40 y 49 años y ve «factible» empezar en julio con los menores de 40 años.

Por último, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han tramitado la mitad de las actas de denuncia interpuestas durante el primer estado de alarma (del 14 de marzo al 21 de junio de 2020): 481.969 actas (un 50,1%) de los 960.580 expedientes tramitados por el incumplimiento de las medidas de limitación de circulación en España, sin contar País Vasco y Cataluña ya que aquí las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas.

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La Audiencia Nacional rechaza suspender el campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta

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La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de suspensión cautelarísima presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la instalación de un campamento de acogida para inmigrantes en el Puerto de Ceuta.

La decisión judicial permite al Gobierno continuar con la puesta en marcha del recinto, destinado a atender a las personas que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada a finales de julio.

El SUP había solicitado que se paralizara de forma inmediata la instalación al considerar que existían problemas relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos para los agentes. La Audiencia Nacional ha rechazado esta medida cautelarísima, aunque el fondo del recurso presentado por el sindicato todavía deberá resolverse.

Un campamento de 16.000 metros cuadrados

El recinto previsto en el Puerto de Ceuta ocupa alrededor de 16.000 metros cuadrados y está planteado como una solución temporal para aliviar la situación de acogida en la ciudad autónoma.

Según la información publicada sobre el proyecto, el espacio permitirá trasladar a parte de los inmigrantes que permanecen actualmente en otros puntos de Ceuta. Algunas fuentes sitúan en alrededor de 1.800 personas el colectivo que estaba previsto trasladar al campamento.

La resolución de la Audiencia Nacional permite continuar con el operativo mientras se tramita el procedimiento judicial. El Gobierno sostiene que el recinto dispone de las condiciones necesarias y que se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes.

El recurso del Sindicato Unificado de Policía

El Sindicato Unificado de Policía recurrió la decisión de utilizar terrenos del puerto para instalar el campamento y pidió a la Audiencia Nacional que frenara su puesta en funcionamiento.

La organización policial había planteado sus objeciones principalmente por cuestiones de seguridad y prevención de riesgos. La decisión conocida este jueves no supone, sin embargo, que la Audiencia Nacional haya resuelto definitivamente el recurso: únicamente rechaza la suspensión cautelarísima solicitada por el SUP.

De esta forma, el Gobierno puede continuar con la instalación del campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta, a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.

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