La Federació D’associacions Veïnals de València ha exigido este martes la paralización del proceso de adjudicación de la concesión para la construcción y gestión de la nueva terminal norte del Puerto de València y ha solicitado la apertura de un debate serio en el que tengan voz todos los agentes implicados con el objetivo de analizar la posibilidad de desmontar los actuales diques de abrigo que tanto daño han hecho y siguen haciendo a las playas del parque natural de la Albufera para reutilizarlos en una posible ampliación del Puerto de Sagunto que satisfaga las necesidades de espacio a largo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a largo plazo.

Esta opción, realizable técnicamente teniendo en cuenta que con su nuevo proyecto la APV ya debe desmontar un contradique que recibió financiación europea, evitaría además una infraestructura insostenible en términos económicos y ambientales como es el acceso norte, viario ligado a la ampliación portuaria pese que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007 no lo contempla. Esta opción, además, garantizaría las previsiones de nuevos puestos de trabajo, sin entrar en unas cifras que los propios estibadores han cuestionado en sus alegaciones debido a la alta automatización con la que funcionaría la nueva terminal.

“Se trata de abrir un debate serio con todos los actores políticos y ciudadanos en el que analicemos qué modelo de puerto y de ciudad queremos y en el que se pongan sobre la mesa todas las externalidades y efectos que tendrá la ampliación para los barrios del Marítimo y de las pedanías de Pinedo, El Saler y el Perellonet, así como para sus playas muy erosionadas ya, lo que pone en serio riesgo el Parque Natural de la Albufera”, ha explicado la presidenta de la entidad vecinal, María José Broseta.

Sobre los informes remitidos por Puertos del Estado los cuales derivan la responsabilidad de tramitar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la propia APV, Broseta ha lamentado la dejación de funciones del Gobierno central, autocalificado como el más progresista y ecologista, en un proyecto de esta envergadura, máxime teniendo en cuenta que hace un año declaró la Emergencia Climática y que está tramitando una Ley de Cambio Climático.

Además, la entidad ha recordado que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, del que depende Puertos del Estado, alegó en 2007 contra la ampliación como concejal del grupo municipal socialista, al igual, por cierto, que la Federación vecinal. Las alegaciones, recogidas en la DIA (página3) tanto del grupo socialista como de la organización vecinal ponían el foco en que el proyecto no estaba debidamente justificado y ya se proponía su traslado a Sagunt.

“No entendemos que el Ministerio de Transición Ecológica no haya participado en los informes de Puertos del Estado y por tanto exigimos que, como departamento con las máximas competencias en materia ambiental, no haga dejación de funciones y analice si realmente este nuevo proyecto que nada tiene que ver con el que obtuvo la DIA en 2007 puede tener algún efecto adicional negativo para el medio ambiente, especialmente para las playas del sur”, ha comentado Broseta.

La Federación ha advertido de que pese a que Puertos del Estado considera en su informe que la DIA de 2007, basada en una ley de 1986, no ha caducado (algo jurídicamente muy discutible), sigue habiendo aspectos que incumplen las condiciones del documento, o que al menos no están debidamente justificados, tal y como deja entrever el mismo informe técnico del organismo estatal en todo lo que se refiere a los vertidos al litoral por la actividad de los dragados o al material sobrante de demoliciones.

Entre los aspectos que no contempla la DIA de 2007 destaca, por ejemplo, que con el nuevo proyecto las condiciones del dragado en la dársena interior pasan a cota -24 (la DIA en todo momento establece la cota a -18), por no hablar de todo el cambio de configuración de los muelles que incrementarán el impacto visual en las playas del Cabnayal y la Malvarrosa, o el traslado de la terminal de cruceros a los antiguos astilleros de Unión Naval, una zona mucho más cercana al casco urbano, cuyo impacto en los barrios aledaños tampoco se ha evaluado.

Una operación, por cierto, que ha implicado el rescate de una concesión al naviero Vicente Boluda a cambio de otra concesión, operación que investiga el Tribunal de Cuentas.

La Federación muestra su apoyo a cuantas acciones judiciales lleve a cabo la Comissió Ciutat-Port para paralizar la ampliación con el objetivo, mencionado anteriormente, de que se abra un debate ciudadano para analizar el modelo de puerto y de ciudad más adecuado para el futuro, que tenga en cuenta el interés general de todos y de todas.

“Como cuando se produjeron las movilizaciones ciudadanas para salvar El Saler de una urbanización o para conseguir que el viejo cauce no se transformara en una autopista, estamos ante un momento crucial para el futuro de la ciudad; las futuras generaciones se merecen que echemos el freno para repensar un proyecto de estas dimensiones que podría hipotecar el futuro de la fachada marítima, de las playas del sur y del parque natural de la Albufera”, ha afirmado Broseta, quien ha recordado que el alcalde socialista Ricard Pérez Casado señaló la ampliación sur sobre la playa de Natzaret como el aspecto de su gestión del que más se ha arrepentido.