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Aumentan un 4,8% las contrataciones para la campaña de Semana Santa en la Comunitat

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VALÈNCIA, 25 Mar.- La campaña de Semana Santa de 2019 generará en la Comunitat Valenciana 21.300 contratos, lo que supone un 4,8% más que 2018, el crecimiento más bajo a nivel nacional y por debajo de la media, que se sitúa en el 7%, según Randstad.

A nivel provincial, Valencia (5,5%) registra el incremento más destacable, seguida por Castellón (4,4%) y Alicante (4%). En número de contratos, Valencia, con 11.030 contratos es la provincia en la que se generan más, suponiendo el 51,8% de la región. La siguen Alicante (7.420 contratos), y Castellón (2.860).

El estudio se ha centrado en los sectores de transporte y distribución, hostelería y entretenimiento, aquellos que impulsan la incorporación de profesionales durante este periodo.

El número de contratados vuelve a ser el más alto registrado del periodo estudiado y en los últimos cinco años, desde 2014, el crecimiento se sitúa en el 81,8%, lo que supone cerca de 9.600 contratos.

La campaña de Semana Santa generará, según la previsión de Randstad, 198.980 contratos en España, un 7% más que el volumen registrado en 2017 (186.018 contratos). Esta cifra es de nuevo la más alta del periodo estudiado, a pesar de haberse desacelerado 4,4 puntos porcentuales con respecto al crecimiento de 2018 (11,6%).

Cuando se analiza la serie histórica, se detecta que la contratación en esta campaña del año se ha comportado como un reflejo de la situación económica en España, sobre todo durante los primeros años del análisis. En este sentido, tras un crecimiento sostenido por encima de dos dígitos entre 2005 y 2007, el año 2008 supuso un cambio de tendencia, coincidiendo con la crisis económica. Este descenso fue aún más pronunciado en 2009, cuando se registró la cifra más baja de la serie histórica, con menos de 80.500 contrataciones.

Entre 2010 y 2013 la campaña de Semana Santa se mantuvo en el entorno de las 100.000 incorporaciones, con ligeras subidas y bajadas. Sin embargo, desde 2014 se han registrado seis años de crecimiento consecutivos, hasta los 198.980 contratos previstos en 2019.

Randstad destaca que este año el empleo vuelve a crecer en todas las regiones en la campaña de Semana Santa. En este sentido, Baleares (10,5%) ha sido la única comunidad que ha registrado un crecimiento de dos cifras, seguida por Cantabria (9,6%) y Castilla-La Mancha (9%). También por encima de la media nacional (7%) se sitúan Aragón (8,8%), Murcia (8,3%), Navarra (8,2%), Catalunya (7,8%), Canarias (7,6%), Castilla y León (7,3%), Euskadi (7,3%), Madrid (7%) y Galicia (7%).

En el lado opuesto, por debajo de la media nacional, se encuentran Asturias (6,6%) y Andalucía (5,9%). Las tres regiones donde se prevé menor crecimiento son La Rioja, con un incremento del 5,5% respecto a 2018; Canarias, con un 5,3%; y Aragón, con un 4,8%.

En términos absolutos, el informe de Randstad pone de manifiesto que Andalucía (43.660), Catalunya (27.140) y Madrid (22.030) son las regiones donde se incorporarán más profesionales, ya que acumulan cerca del 47% del total de contrataciones de Semana Santa.

A nivel provincial, al igual que en el autonómico, se prevé una buena campaña, con incrementos en todas las provincias. Con crecimientos de dos cifras se encuentran las provincias de Teruel (12,1%), Segovia (11,4%), Palencia (10,8%), Huelva (10,7%), Toledo (10,2%), Zaragoza (10,1%), Ciudad Real (10,1%) y Cuenca (10%). Las provincias con menores crecimientos han sido Cádiz (3,7%), Tarragona (3,7%), Huesca (3,3%), Cáceres (2,4) y Soria (2,1%). Cierra la lista Lleida, con un incremento de apenas del 0,9%.

Adaptación al puesto, atención al cliente e idiomas

El incremento del volumen de negocio derivado de las actividades relacionadas con el mayor consumo de ocio y turismo, gracias en parte al aumento turistas nacionales e internacionales, provoca que las empresas precisen reforzar sus plantillas aunque no sea de manera recurrente.

En este sentido, las empresas buscan perfiles que tengan una capacidad rápida al puesto, preferiblemente que cuenten con experiencia previa en el sector en el que desarrollan su actividad. Además, y dada la naturaleza de los sectores que más impulsan el empleo en estas épocas, se buscan perfiles de trabajadores con vocación comercial y de atención al cliente.

El incremento del turismo, tanto nacional como internacional, impulsa la demanda de profesionales con idiomas, principalmente inglés, ya que es un idioma básico en hostelería, restauración e infraestructuras de transporte. La posibilidad de desarrollar su actividad en un tercer idioma, menos habitual que el inglés, incrementa exponencialmente las posibilidades de los candidatos.

Fuente: Europa Press

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El juez de la AN deja en libertad con cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

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Leire Díez
La exconcejal y exmilitante socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) – El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha acordado este sábado dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez les ha impuesto como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción

Son las medidas que ha solicitado la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y, al no haber ninguna otra parte de momento en la causa, el juez no podía acordar prisión para ninguno de ellos, que han salido por su propio pie de la AN sobre las 13.42 horas.

Llegada a la Audiencia Nacional y declaraciones

Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha comenzado a tomarles declaración a las 10.00 horas.

Las fuentes consultadas señalan que Díez se ha negado a declarar porque no conoce el motivo de su detención ni los hechos que se le atribuyen.

Fernández, por su parte, ha respondido a preguntas del juez, de la Fiscalía y de su propia defensa. Fuentes jurídicas señalan que se le investiga por presuntos amaños en la adjudicación de contratos entre 2021 y 2022, un extremo que ha negado en su declaración, en la que también se le ha preguntado por Servinabar, la empresa de la que serían socios el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su amigo Alonso.

Este último, Alonso, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Investigación bajo secreto de sumario

Los tres fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Registros y requerimientos de información

El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que –según las pesquisas de la UCO– está vinculada a Cerdán.

Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.

También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».

Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.

Díez trabajó para empresas de la SEPI

La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Arturo Zamarriego considera que la exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa, donde estuvo hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.

Servinabar pagó a Fernández

Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el ‘caso Aznalcóllar’, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.

Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ sobre la información tributaria de Servinabar.

En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.

La segunda imputación de Alonso

Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’ relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.

Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

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