Valencia
AVA-ASAJA denuncia que las ayudas directas por la Dana «dejan fuera al 80 %» de los afectados
Publicado
hace 2 añosen
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha expresado su descontento ante las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para los afectados por la reciente dana. Según la organización agraria, estas medidas «dejarán fuera a más del 80 % de los agricultores y ganaderos afectados», al imponer requisitos que excluyen a un gran número de profesionales del sector.
Requisitos de las Ayudas Directas: Principales Críticas
Los autónomos y empresas afectados ya pueden solicitar los 5.000 euros de ayuda directa, pero AVA-ASAJA advierte que los criterios establecidos en la normativa estatal excluyen a:
- Productores a tiempo parcial.
- Jubilados, quienes representan una gran proporción del sector agrario valenciano.
Además, las ayudas complementarias destinadas a explotaciones agrarias con pérdidas superiores al 40 % de los ingresos medios de los últimos años tendrán un límite máximo de 25.000 euros (incluyendo los 5.000 euros de ayuda directa). Para AVA-ASAJA, esta cantidad es insuficiente para cubrir los daños reales en muchas explotaciones afectadas.
Ayudas a Empresas: Insuficientes para Pequeñas Explotaciones
El Gobierno ha contemplado ayudas de hasta 150.000 euros para las empresas afectadas. Sin embargo, para aquellas con un volumen de ingresos inferior a 2 millones de euros (la mayoría del sector agrario), la ayuda máxima no excederá los 20.000 euros, lo que también ha sido calificado como insuficiente por la organización.
Declaraciones de Cristóbal Aguado, Presidente de AVA-ASAJA
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha instado al Gobierno a no excluir a los productores afectados, especialmente a quienes trabajan el campo a tiempo parcial o son jubilados. Según Aguado:
«Las personas trabajadoras de otros sectores que dedican parte de su tiempo a cultivar campos, y sobre todo las personas jubiladas que mantienen la explotación familiar porque no tienen relevo generacional, se merecen un premio, no un castigo.»
Además, calificó de «irrisorio» el límite de 25.000 euros para ayudas complementarias, dado el nivel de inversión necesario para reconstruir explotaciones gravemente dañadas o desaparecidas.
Medidas solicitadas a la Unión Europea
AVA-ASAJA también ha elevado su solicitud a instancias europeas. En reuniones con el comisario designado de Agricultura, Christophe Hansen, y representantes de la Comisión Europea, ha planteado:
- La activación de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) para paliar los efectos de la dana.
- La reprogramación temporal del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).
- El uso de otros fondos europeos específicos para la recuperación del potencial productivo.
Llamado al gobierno: Aprovechar los recursos europeos
Por último, AVA-ASAJA ha insistido en que el Gobierno aproveche todos los recursos de la Unión Europea para ayudar a los agricultores y ganaderos damnificados. También hizo un llamado para implementar medidas que prevengan futuras catástrofes similares.
Estas son las ayudas directas que anunciaba el gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la importancia de asistir al sector agrícola, altamente impactado por las recientes lluvias torrenciales, al señalar que «el campo ha sufrido muchos daños y muy severos.» En agradecimiento a los agricultores que han ayudado a las poblaciones afectadas, Sánchez enfatizó la necesidad de apoyar al sector con el mismo esfuerzo y compromiso.
La línea de ayudas directas, valorada en 200 millones de euros, está destinada a explotaciones agrarias que han experimentado pérdidas significativas que comprometen su capacidad de operar en la próxima campaña o que han sufrido daños superiores al 40 % de su potencial productivo.
Nueva línea de créditos para explotaciones agrarias
Además de las ayudas directas, el Gobierno ha puesto en marcha una línea de créditos que permitirá a los agricultores acceder a financiamiento en condiciones favorables. Esta línea de crédito, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es permitir a los agricultores afectados acceder a recursos financieros para mitigar las pérdidas y reconstruir sus infraestructuras productivas, garantizando así la continuidad de sus operaciones.
Programa de reparación de infraestructuras agrícolas
Otra de las medidas destacadas es el programa de reparación de infraestructuras, en el cual se invertirán 175 millones de euros. Este programa tiene como objetivo restaurar caminos, bancales y sistemas de riego dañados por la tormenta, aspectos esenciales para que los agricultores puedan recuperar sus actividades y asegurar la producción de alimentos. El plan será ejecutado por la empresa pública Tragsa, y busca no solo mejorar las condiciones actuales sino también prevenir futuros daños mediante una infraestructura más resistente.
Un plan integral para la reconstrucción del sector agrario
Con este conjunto de medidas, el Gobierno pretende no solo ayudar al sector agrario en su proceso de recuperación, sino también evitar el abandono de la actividad agrícola, particularmente en pequeñas explotaciones ubicadas cerca de las zonas urbanas. Esta ayuda es parte de un plan integral que refuerza el tejido productivo en las áreas afectadas, ayudando a mantener la economía local y a reactivar el sector.
El presidente Sánchez ha indicado que estas medidas forman parte de una segunda fase del plan de reconstrucción, en la que se están evaluando necesidades adicionales para facilitar la recuperación de las áreas impactadas y la reactivación de la producción agraria en todo el territorio afectado.
Un escudo social para las zonas afectadas
Las ayudas para el sector agrario se suman a otros esfuerzos de apoyo a las comunidades afectadas por la DANA. Con una inversión que supera los 41.000 millones de euros, el Gobierno de España continúa desplegando un escudo social que asegura apoyo tanto a nivel económico como infraestructural para reconstruir las zonas golpeadas por el temporal. Esta inversión histórica busca no solo reparar los daños físicos, sino también brindar apoyo a los agricultores y trabajadores que sostienen el tejido económico de las áreas afectadas.
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Valencia
Multan con 25.000 euros a una empresa de Valencia por obligar a sus trabajadoras a llevar cofia
Publicado
hace 16 horasen
4 noviembre, 2026
El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.
Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.
La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.
La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.
La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema
Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.
Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.
La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.
En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.
La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.
El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria
La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.
Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.
La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.
El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.
Una infracción muy grave por discriminación laboral
La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.
La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.
El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.
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