A raíz de las declaraciones de ayer en la Audiencia Nacional del exdirigente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una moción de urgencia para que Francisco Camps deje su cargo en el Consejo Jurídico Consultivo. Además, esta moción pide que se establezcan las medidas oportunas para la recuperación del dinero desviado en casos de corrupción y se insta a las Cortes Valencianas a generar mecanismos de retirada de la condición de expresidentes “cuando se ponen en riesgo la dignidad y la honorabilidad de las instituciones valencianas”.

“En estos momentos de una gravedad tan extrema por la confirmación y las confesiones de la corrupción del pasado, es imprescindible que el Ayuntamiento de Valencia tome una posición clara en defensa de la legalidad y en contra de la corrupción. Tenemos que dar una respuesta rápida a esa situación”, ha afirmado antes del Pleno el alcalde Joan Ribó, que ha propuesto esta moción de urgencia. Una moción planteada en un primer momento como declaración institucional, pero ante la oposición del PP en el Pleno, se ha optado por aprobarla de urgencia con los votos a favor del Gobierno de la Nau y de Ciudadanos, y los votos en contra del PP, unas votacions que también han coincidido en la declaración de urgencia de esta moción que ha sido defendida por el concejal Pere Fuset (Compromís).

La moción aprobada insta así a Francisco Camps a renunciar tanto a su cargo como miembro del Consejo Jurídico Consultivo, como del resto de atribuciones reguladas en la Ley del Estatuto de Expresidentes, “por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución”. Esta ley de la Generalitat Valenciana dispone, entre otras cuestiones, la pertenencia al Consejo Jurídico Consultivo por un periodo de 15 años de las personas que hayan ostentado la Presidencia de la Generalitat.

Además, ante la inexistencia de mecanismo alguno “que permita poder retirar la condición honorífica de expresidente a aquellas personas que han incurrido en actas o comportamientos impropios de esta condición”, el Pleno municipal también pide a las Cortes Valencianas mejorar esa ley para regular mecanismos de retirada de esta condición. La moción, cómo ha apuntado el alcalde, coincide con otras mociones parecidas que hoy también se han presentado en los ayuntamientos de Alicante y de Castellón, cuando mañana se cumplen dos años del comienzo de la operación policial conocida como Taula.

El debate se ha producido entre todos los grupos municipales. Así, el grupo municipal de Valècia en Común ha presentado una enmienda de adición a esta moción para instar al Congreso y al Senado a promover una reforma del Código Penal para que los delitos cometidos por los servidores públicos, que atentan contra el patrimonio del Estado y de las Administraciones Públicas causando un grave perjuicio económico, aumenten el período de prescripción del delito y no permitan régimen de inmunidad.

Por orden de concejales, de menor a mayor, la portavoz de València en Común, Maria Oliver, ha dicho que “estamos ante un momento tristemente histórico. Estamos hablando de delitos en contra de los fondos públicos. Es el momento de tomar medidas al respeto”. Ha continuado diciendo que el PP es un “partido creado para saquear nuestras instituciones. Camps es el paradigma de una red corrupta”. La portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, ha dicho que “Camps ha pasado de ser el Molt Honorable al muy miserable y nos cuesta 140.000 euros anuales. Exigimos el cese de su cargo”.

“Es ahora cuando se están juzgando los hechos. Aun así, después de estas declaraciones, parece que podemos hablar no de un caso Gürtel si no de un caso PP”, ha explicado el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, quien también ha dicho que “los valencianos no nos merecemos estar todos los días en la prensa por casos de corrupción”.

El alcalde y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha reclamado que “el dinero de las instituciones públicas valencianas tiene que volver al erario público”, y ha apuntado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como posible responsable “de la Gürtel en todo el Estado”.

Por su parte, el portavoz de PP en el pleno, Eusebio Monzó, ha dicho que “este no es el momento ni el lugar para presentar esta moción. Las declaraciones de Ricardo Costa podrían ser fruto de una estrategia procesal y se debe esperar a conocer el resultado del proceso judicial”.

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

El Pleno municipal también ha aprobado, mediante moción urgente, la adhesión al plan de cooperación entre la Generalitat y las administraciones locales de la Comunitat Valenciana para la construcción, ampliación, adecuación, reforma y equipamiento de los centros públicos docentes de la Generalitat. Así, se prevé la construcción del CEIP Fernando de los Ríos, CEIP Sant Àngel de la Guarda y la IES número 41 de Patraix. Además, se contempla la reforma del CEIP Sant Josep de Calasanz, CEIP Carles Salvador, CEIP Raquel Payá, CEIP Salvador Fuset, CEIP Teodor Llorente y el CEIP Lluís Vives.

Al mismo tiempo, esta moción urgente, que ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de Gobierno y de Ciudadanos y la abstención del PP, autoriza a la concejala de Educación, Maria Oliver, a realizar todos los trámites necesarios durante la ejecución de este plan de cooperación.

Fernando Giner, de Ciudadanos, ha afirmado que su grupo reclamó estas medidas ya hace unos meses y que no entiende la urgencia de la moción de hoy. Giner también ha destacado que no entendía el motivo por el que no ha ido al Pleno como expediente. El concejal Cristóbal Grau, del PP, ha manifestado que no han dado apoyo a la urgencia porque consideran que falta información y el expediente relativo a la moción; aun así, no han votado en contra de la moción.