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#CasoTaula| Los grupos municipales, salvo el PP, instan al Gobierno la obligatoriedad de las comparecencias
Publicado
hace 10 añosen
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La comisión de investigación del Caso Taula celebrada esta mañana ha acordado, con el pronunciamiento contrario del Grupo Popular, instar al gobierno Central para que las comparecencias en las comisiones creadas en el ámbito municipal sean obligatorias y tengan las mismas garantías de funcionamiento y organización que las de otras administraciones. También se han llegado a acuerdos sobre el funcionamiento de los grupos municipales que garanticen su transparencia, pero la elaboración de las conclusiones sobre responsabilidades políticas del denominado “caso Taula” y el cierre de la propia comisión se ha pospuesto para una nueva sesión el próximo 7 de marzo.
Estas son las opiniones de los distintos grupos:
Carlos Galiana (Grupo Municipal Compromís)
“Esta sesión ha sido muy positiva por alguna de las conclusiones a las que hemos llegado. Había tres puntos, uno de los cuales era instar al gobierno Central a establecer los mecanismos legales para que las comparecencias en las comisiones de investigación de la administración local sean obligatorias, un punto en el que no ha habido acuerdo porque el representante del Partido Popular se ha mostrado contrario”, ha afirmado Carlos Galiana, presidente de la comisión de investigación del Caso Taula y representante del Grupo Municipal Compromis, al concluir la sesión celebrada esta mañana.
“Otro punto que ha abordado la comisión, y en el que hemos estado todos de acuerdo, ha sido el relativo a elaborar una nueva reglamentación por parte del Ayuntamiento para estas comisiones de investigación, ya que como esta ha sido la primera nos hemos encontrado con algunos problemas y queremos que no vuelvan a producirse en el futuro”, ha añadido Galiana, que se ha referido también a un segundo punto abordado, “sobre funcionamiento de los grupos municipales , donde todas las propuestas de acuerdo se han debatido, algunas se han aprobado por unanimidad y se han rechazado otras”.
Sandra Gómez( Grupo Municipal Socialista)
“La comisión de investigación sobre el Caso Taula llega a su fin. Hoy hemos cerrado una de las partes más importantes para las que nació, que era establecer los mecanismos, tanto de funcionamiento como jurídicos, que eviten que los presuntos casos de financiación irregular se vuelvan a repetir en el Ayuntamiento de Valencia”, ha afirmado por su parte la concejala y representante del Grupo Socialista, Sandra Gómez. “Por parte de todos los grupos políticos ha habido una buena disposición para llegar a acuerdos, y creo que hemos acordado medidas importantes que cambiarán el funcionamiento de los grupos políticos dotándolos de mayor control y transparencia”
Otro asunto al que se ha referido Gómez es el punto relativo a conseguir que “las comisiones de investigación que puedan crearse en los ayuntamientos tengan las mismas garantías de funcionamiento y de organización que las de otras instituciones que igualmente son sedes de soberanía popular, de forma que las personas deban venir a declarar obligatoriamente por ley, y por lo tanto podamos garantizar que en el ámbito municipal pueda haber comisiones de investigación que realmente funcionen”.
Jordi Peris( Grupo Municipal València En Comú)
“Hemos estado esbozando las conclusiones relativas a todo el trabajo que se ha venido realizando hasta ahora y llegado a un cierto consenso sobre todo en lo relativo a cómo deben funcionar las comisiones de investigación en el ayuntamiento, con la excepción de la propuesta de instar al gobierno Central a que regule la obligatoriedad de las comparecencias, ya que el Grupo Popular no ha querido sumarse”, ha señalado el concejal Jordi Peris, quien ha añadido que esta negativa del representante del Partido Popular “perece coherente con la actitud que ha mantenido durante todo este tiempo de boicotear las comparecencias de miembros de ese grupo que estaban citados a declarar y que se han negado a venir”.
El representante de València en Comú ha propuesto que el trabajo de la comisión “continúa por lo menos dos sesiones más”. “Todavía no hemos llegado al fondo del asunto, que es donde entiendo que será más complicado que el consenso se produzca. Desde València en Comú hemos planteado no dar por concluidas las tareas de esta comisión y continuar trabajando sobre los expedientes que en este momento tenemos encima de la mesa”, refiriéndose en concreto “al contrato del que ahora sí que tenemos toda la información disponible, que es el relativo a La Rambleta”.
Eusebio Monzó ( Grupo Municipal Popular)
El representante del Grupo Popular ha resaltado que en la sesión de hoy “Muchos de los acuerdos alcanzados han sido a propuesta del Grupo Popular” y también que “ha habido un consenso sobre el reglamento que debe regir el funcionamiento de los grupos municipales, y esas conclusiones se van a aportar al propio reglamento municipal para que se adecue”.
Respecto a la próxima sesión para elaborar las conclusiones finales sobre responsabilidades políticas, Monzó ha dicho que “en ese caso lógicamente se aprecian diferencias por cuanto el Grupo Popular entiende que esta comisión se inició de forma precipitada porque todavía en sede judicial no ha habido siquiera apertura de juicio, y eso es importante que se tengan en cuenta sobre todo a la hora de redactar las conclusiones. Nosotros entendemos que de las comparecencias de esta comisión no se puede dirimir ningún tipo de responsabilidad, y también que los trabajos de la comisión deben concluir, y en caso de que se quiera abrir otra u otras en el futuro, que se proponga, se debata y se vote otra vez”.
Narciso Estellés (Grupo Municipal de Ciudadanos)
También se ha mostrado satisfecho del resultado de la sesión el representante del Grupo Ciudadanos. “Teníamos que establecer los mecanismos por los cuales se pueden mejorar estas comisiones y también cómo mejorar el funcionamiento interno de los partidos políticos de cara al futuro, pero hemos debido dejar pendientes por falta de tiempo dos cuestiones importantes sobre las responsabilidades políticas derivadas y el decidir si se prolonga o no la comisión”.
Se ha referido al acuerdo alcanzado, excepto por el Grupo Popular, “para instar al gobierno Central a que establezca un mecanismo legal para que sean obligatorias las comparecencia, y también respecto a los mecanismos de funcionamiento de los partidos políticos ha habido mucho consenso”. En cuanto a la reunión del día 7 donde se decidirá si la comisión continúa su actividad, Estellés ha recordado que “el objeto de la comisión es derivado del acuerdo plenario de dirimir responsabilidades políticas del Caso Taula y nosotros creemos que esto está vivo. En Grupo Municipal Ciudadanos tenemos claro que esto tiene que continuar. El Caso Rambleta está ahí. Tenemos los expedientes y alguna fase más de comparecencias podemos plantearla perfectamente”
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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts
Publicado
hace 1 díaen
2 octubre, 2026
El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.
El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.
El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda
El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.
PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.
La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.
Junts mantiene su rechazo a los decretos
El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.
Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.
El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.
¿Qué medidas dejan de estar vigentes?
La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.
También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.
La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.
El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas
El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.
La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.
La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.
El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda
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