La dana asestó un doble golpe al centro para personas con discapacidad intelectual La Torre, situado en una pedanía de València. Los daños materiales son altísimos y una de sus usuarias perdió la vida junto a su padre, aún desaparecido. Su directora, Gloria Cubillos, lanza un SOS: «Partimos de cero, de las cuatro paredes, necesitamos ayuda».
Un grupo de voluntarios se afanaba este fin de semana en limpiar el barro que queda en el interior de las instalaciones y retirar el material ya inservible de los talleres de carpintería, cerámica o encuadernación en los que ocupaban su tiempo las 80 personas que acudían al centro antes de la catástrofe del 29 de octubre.
Aunque es mucho el trabajo que se ha hecho, Cubillos asegura que aún queda mucho más y admite sentir vértigo ante el reto mayúsculo que supone volver a poner en pie un recurso que es esencial para las personas que asisten a él, que se encuentran entre los más vulnerables de la sociedad.
«Nuestros usuarios tienen una media de edad de entre 35 y 40 años, lo que significa que sus padres son ya septuagenarios. En algunos casos, son ya los hermanos o terceras personas los que se hacen cargo de ellos. No es fácil la gestión de todo esto», ha explicado en declaraciones a EFE.
De estas 80 personas, 23 residen en la zona cero de la dana. Y tres de ellas, que vivían en bajos en Alfafar y Sedaví, han perdido sus casas. Otras dos familias se han quedado sin sus negocios de la noche a la mañana.
Pérdidas de más de medio millón de euros
«Va a ser difícil reabrir en el mismo punto en que estábamos antes de la riada. Son 1.200 m2 de superficie. No tenemos ni mesas. Estamos tirando las que creíamos que se podían salvar porque se han vuelto a enmohecer y se han hinchado. Nos damos cuenta de que partimos de cero, de las cuatro paredes», ha dicho.
Entre el material perdido se encuentra la maquinaria de los talleres y las tabletas y ordenadores que servían como métodos de comunicación aumentativa. También se han quedado sin la cocina y sin sus tres vehículos, uno adaptado a personas con movilidad reducida, que cuestan entre 36.000 y 56.000 euros.
La directora del taller teme que el apoyo de las administraciones públicas -el centro está concertado con la Generalitat Valenciana- no sea suficiente para reanudar la actividad. «Las subvenciones no siempre llegan a tiempo. Necesitamos líquido y por eso hemos lanzado una campaña de búsqueda de donativos a través de las redes sociales», ha subrayado.
Más de 100.000 euros recaudados en donativos
Hasta ahora han recaudado ya más de 100.000 euros, aunque calcula que el centro necesita más de medio millón. «No podemos abrir así como así, hay que asegurarse que está en perfectas condiciones higiénicas, pasar una inspección. Nuestros usuarios son especialmente frágiles», advierte.
Entre los voluntarios que echan una mano estos días para adecentar el local se encuentra Ernesto Ansuategui, uno de los fundadores hace 35 años de la asociación de familiares que pudo abrir unos años más tarde este centro ocupacional con mucho esfuerzo. «Hay que volver a empezar», afirma resignado.
De momento, las personas que asistían al centro han sido derivadas a otros talleres y a fundaciones privadas, y unos pocos son atendidos en sus propios domicilios, a la espera de poder retomar la actividad normal.
Dejando a un lado las pérdidas materiales, la directora de este recurso asistencial se emociona cuando recuerda a Susana, la joven de 30 años con Síndrome de Down a la que la tromba de agua y lodo sorprendió cuando se encontraba con su padre en su casa de campo de Pedralba. Su cuerpo apareció unos días más tarde a unos 50 kilómetros de allí, en El Saler. El del padre aún no ha sido localizado.
«Queremos dar ánimos y acompañar» a Susana, su madre y esposa del desaparecido, Javier. «Esperemos que puedan encontrarlo para que ella pueda despedirse y descansar», ha dicho.
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El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, a su llegada a declarar como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, a 29 de abril de 2025, en Valencia (España) - Rober Solsona - Europa Press
Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:
Pradas presenta un vídeo del Ayuntamiento de Paiporta para demostrar que el barranco del Poyo ya estaba desbordado cuando se recibió el aviso de la CHJ
València, 21 de mayo de 2025 – La exconsellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, ha incorporado un nuevo elemento clave a su defensa en relación con la gestión del episodio de inundaciones ocurrido en Paiporta. Pradas ha aportado un vídeo oficial del Ayuntamiento de Paiporta que, según su equipo, demostraría que el barranco del Poyo ya estaba desbordado cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió su aviso por correo electrónico.
Según ha explicado la exconsellera, el vídeo fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del consistorio a las 18:42 horas, un momento en el que, subraya, “ya era imposible tomar medidas extraordinarias de prevención”.
El correo de la CHJ llegó con el tiempo justo
La defensa de Pradas sostiene que el aviso de la CHJ sobre el posible desbordamiento del barranco llegó cuando la emergencia ya se estaba produciendo, lo que limitaría la capacidad de reacción de las autoridades autonómicas. La exconsellera intenta así justificar que su gestión no incurrió en negligencia y que las circunstancias hacían inviable cualquier respuesta preventiva eficaz en ese momento.
El vídeo en cuestión muestra imágenes del desbordamiento y ha sido incluido como prueba documental por parte del equipo legal de Pradas, que insiste en que “los hechos deben analizarse con objetividad y con base en evidencias verificables”.
Contexto del caso
El desbordamiento del barranco del Poyo provocó graves afecciones en varias localidades del área metropolitana de València, incluyendo Paiporta, y ha generado un intenso debate político sobre la gestión de las alertas y la coordinación institucional entre administraciones.
La responsabilidad en la cadena de avisos y la actuación de las distintas instituciones implicadas están siendo objeto de análisis tanto en sede judicial como en el ámbito político. La aportación de este vídeo pretende reforzar la tesis de que la Generalitat no tuvo margen operativo suficiente una vez recibido el aviso.
Trabajadores de la AVSRE y del 112 testificarán en junio por la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana
La investigación judicial sobre la gestión de la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024 sigue avanzando. La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) ha citado a declarar a una docena de trabajadores de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y del servicio 112 Comunitat Valenciana, en calidad de testigos, durante los meses de junio y julio.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), estas declaraciones forman parte de la instrucción de la causa penal abierta para esclarecer posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia que dejó cuantiosos daños materiales y varias víctimas mortales.
Calendario de testificales por la DANA
Las comparecencias comenzarán el 2 de junio, con la declaración de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València (UV), que acudirá en calidad de perito. Posteriormente, se irán sucediendo los testimonios de personal técnico y operativo vinculado a los servicios de emergencia:
4 de junio: operadora de comunicación del 112
6 de junio: técnica superior de Emergencias
10 de junio: jefe de unidad de análisis y seguimiento de Emergencias
12 de junio: trabajador de Ilunion Emergencias
17 de junio: jefa de servicio de Emergencias
19 de junio: técnico medio de Protección Civil
20 de junio: jefe de Servicio de Emergencias
25 de junio: coordinadora de Recursos y Protección Civil
27 de junio: segunda trabajadora de Ilunion Emergencias
1 de julio: empleado de Ilunion
3 de julio: otro trabajador de la misma empresa
Una causa clave para depurar responsabilidades
La DANA que azotó la Comunitat Valenciana a finales de octubre de 2024 dejó graves inundaciones, especialmente en la comarca de l’Horta Sud, donde municipios como Torrent, Paiporta, Catarroja o Albal sufrieron daños sin precedentes.
Esta investigación penal busca analizar la actuación de las administraciones y servicios de emergencia durante las horas críticas en las que se produjeron las precipitaciones torrenciales, especialmente en lo referente a la gestión de avisos, coordinación y respuesta.
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