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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Las condiciones de Vox para apoyar a Pérez Llorca

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Vox Pérez Llorca
El portavoz de VOX en las Corts, José María Llanos - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Vox pide revocar las Zonas de Bajas Emisiones y rechazar la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo en Les Corts

Vox ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para exigir un giro total en las políticas ambientales vigentes en la Comunitat Valenciana. La formación reclama al Consell que solicite al Gobierno central la revocación inmediata de la obligación de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles y que se deje sin efecto cualquier iniciativa ya aprobada en las localidades valencianas.

Una propuesta que cuestiona las leyes climáticas y las tasas derivadas

La iniciativa registrada plantea además revertir “cualquier medida restrictiva” vinculada a la Ley de Cambio Climático de 2021, al considerar que encarece la movilidad, afecta negativamente a la economía y perjudica a la industria automovilística y al comercio de proximidad.

Vox también reclama la eliminación de la normativa asociada a la Ley de Residuos de 2022, a la que acusa de introducir nuevos gravámenes estatales y tasas municipales —como la tasa de residuos— que, según la formación, impactan en las familias y en el tejido empresarial local.

Rechazo al “fanatismo verde”, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo

La PNL incluye un punto específico para que Les Corts manifiesten su “disconformidad absoluta” con las políticas climáticas europeas y con lo que Vox denomina “fanatismo verde”. El partido de Santiago Abascal sostiene que la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo representan un “modelo ideológico” que limita libertades, incrementa los costes energéticos y debilita el tejido industrial.

En su exposición de motivos, la formación afirma que las ZBE en España son una “imposición ideológica de Bruselas”, impulsada —dicen— por el bipartidismo europeo, y que su aplicación se ha convertido “en un castigo para las clases trabajadoras”, especialmente aquellas que necesitan el vehículo privado para su día a día.

Devolución de sanciones y paralización de las ZBE

Vox propone que Les Corts avalen la devolución de todas las sanciones por incumplimiento de las ZBE que hayan sido cobradas por los ayuntamientos. Asegura que estas medidas penalizan a los vecinos y que debe restablecerse la igualdad de movilidad para todos los ciudadanos.

En este sentido, la formación reivindica como “victoria del sentido común” la paralización de la ZBE de València, aprobada por el pleno municipal pero frenada tras la negativa de Vox a apoyarla. Consideran que la ordenanza respondía a “directrices abusivas de Bruselas” y que “castigaba injustamente” a conductores, autónomos y pequeños comercios.

Un movimiento en pleno proceso de negociación con el PP

La presentación de esta PNL se produce en un momento clave: Vox y el Partido Popular siguen negociando el apoyo a la investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat tras la salida de Carlos Mazón. El plazo para registrar candidaturas expira este miércoles y las conversaciones todavía no están cerradas.

La formación de Abascal busca compromisos claros en materia de rechazo a las políticas ecológicas, restricciones ambientales e inmigración irregular, siguiendo la línea del acuerdo pactado con el anterior gobierno en funciones. También han reclamado inversiones en presas y diques para evitar tragedias como la última DANA, además de políticas de rebaja fiscal.

Por su parte, el PP registrará la candidatura de Pérez Llorca, mientras el debate sobre la ZBE de València continúa tensionando la relación entre ambos socios en el Ayuntamiento.

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