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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Cerca del 40 % de las ITV de Valencia acumulan listas de espera de más de un mes

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reservar cita de ITV Valencia
Cita previa ITV Valencia-EFE

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la provincia de Valencia se ha convertido en un auténtico reto para miles de conductores. Cerca del 40 % de las estaciones ITV valencianas presentan actualmente listas de espera superiores a un mes, una situación que está generando malestar entre los usuarios y preocupación entre los sindicatos del sector.

Las estaciones más colapsadas se localizan en Massalfassar, Sagunt y Xàtiva, donde obtener una cita dentro de un plazo razonable resulta especialmente complicado. A estas se suman otras como Catarroja y Ontinyent, que también registran retrasos significativos y un elevado volumen de solicitudes.

Estaciones saturadas y plazos al alza

Según los datos recopilados, en algunas ITV de la provincia la demora supera ampliamente las cuatro semanas, lo que dificulta el cumplimiento de los plazos legales de inspección, especialmente para conductores profesionales, flotas de empresas y vehículos industriales.

La saturación no es homogénea, pero sí persistente. En áreas con mayor densidad de población o alto tránsito de vehículos, como el eje industrial de l’Horta Nord o la Costera, la presión sobre las estaciones se ha incrementado en los últimos meses.

Falta de personal, uno de los principales problemas

Los sindicatos del sector señalan como causa principal de esta situación la falta de personal. Actualmente existen 73 plazas pendientes de cubrir, lo que limita la capacidad operativa de muchas estaciones, reduce el número de líneas abiertas y alarga inevitablemente los tiempos de espera.

Por ello, las organizaciones sindicales han reclamado a la administración autonómica que acelere la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para reforzar las plantillas y normalizar el servicio cuanto antes.

Consecuencias para los conductores

Las largas listas de espera están obligando a muchos usuarios a:

  • Desplazarse a otras comarcas para encontrar cita disponible.

  • Circular durante semanas con la ITV caducada, con el consiguiente riesgo de sanción.

  • Reorganizar su actividad laboral en el caso de vehículos profesionales.

Además, los sindicatos advierten de que la presión asistencial también repercute en las condiciones de trabajo del personal actual y en la calidad del servicio prestado.

Una situación que podría prolongarse

Si no se adoptan medidas urgentes, el colapso podría agravarse en los próximos meses, coincidiendo con picos estacionales de demanda y el envejecimiento del parque móvil valenciano, que obliga a revisiones más frecuentes.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores solicitar cita con la máxima antelación posible y consultar varias estaciones para reducir los tiempos de espera.

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