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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Investigan al alcalde de Jérica (PP) por presuntas agresiones sexuales a dos menores

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Jorge Peiró

Partido Popular suspende su militancia y lo cesa como asesor en la Diputación de Castellón

El alcalde de Jérica (Castellón), Jorge Peiró, del Partido Popular, está siendo investigado por presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa se tramita en la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segorbe y está abierta desde hace varios meses. La jueza que instruye el caso impuso medidas cautelares que incluyen alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes, las cuales continúan vigentes.


Reacciones del Partido Popular

El PP de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión inmediata de militancia de Peiró y lo ha cesado como asesor del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha reafirmado su respeto a la justicia y a la presunción de inocencia del investigado.


Reacciones del PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE provincial ha pedido que Peiró dimita como alcalde de Jérica, argumentando que su imputación es incompatible con el ejercicio de un cargo público.
Maria Jiménez, secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Castelló, instó a los responsables del PP provincial, Marta Barrachina y Salvador Aguilella, a tomar medidas contundentes frente a esta situación.


Contexto

Jorge Peiró es alcalde de Jérica desde 2019. La investigación busca determinar la presunta implicación en agresiones sexuales a dos menores de edad. La apertura de la causa y las medidas cautelares reflejan la gravedad de las denuncias y la protección de las víctimas durante el proceso judicial.

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