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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Juanfran Pérez Llorca declara ante la jueza de Catarroja por la dana del 29-O y las llamadas a Salomé Pradas

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Juan Francisco Pérez Llorca perfil
El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

València, 21 de noviembre de 2025 – El candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, comenzó a declarar este viernes ante la jueza de Catarroja por la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 229 víctimas mortales, sobre las 11.45 horas.

La citación de Pérez Llorca se produce tras las llamadas que realizó ese día a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, y cuyo análisis puede aportar información relevante sobre la gestión de la emergencia.

Detalles de la declaración

La magistrada justificó la comparecencia de Pérez Llorca como testigo al considerar que sus intercambios telefónicos con Pradas pueden ayudar a esclarecer la toma de decisiones en el Cecopi y la gestión del envío de alertas a la población.

Según el auto judicial, las llamadas registradas incluyen:

  • 18:57 horas: llamada perdida a Pradas.

  • 18:58 horas: llamada saliente de 14 segundos.

  • 18:59 horas: llamada entrante de 9 segundos.

Estas comunicaciones se enmarcan en un contexto donde Mazón también realizó varias llamadas a su síndic entre las 18:16 y las 18:30 horas, lo que la jueza considera necesario “para poner en contexto la información disponible a cada integrante del Consell y valorar cómo pudo influir en la toma de decisiones”.

Relevancia del testimonio

La magistrada subraya que el testimonio de Pérez Llorca es relevante para entender la coordinación del Consell durante la dana y cómo la información recibida —o la falta de ella— pudo afectar las decisiones que posteriormente influyeron en los daños personales ocurridos.

Asimismo, el auto de la Audiencia Provincial de Valencia recuerda que Mazón, como presidente de la Generalitat y máximo responsable del Consell, tenía funciones directivas y de coordinación, pudiendo impartir instrucciones a los miembros del gobierno, lo que contextualiza la importancia de las llamadas entre Mazón, Pradas y Pérez Llorca.

La jueza de la dana solicita a Emergencias las imágenes de la llegada de Carlos Mazón al CEE el 29O con hora de entrada

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana de octubre de 2024 ha solicitado a la Conselleria de Emergencias que le remita, en un plazo de tres días, las imágenes en las que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) de l’Eliana el 29 de octubre de 2024, indicando la hora exacta de su llegada.

El auto de este jueves se produce tras recibir un oficio de la Subdirección General de Emergencias, que respondía a una petición previa de la magistrada sobre la grabación de la llamada realizada a las 20:08 horas del 29 de octubre de 2024. La llamada, entrante en el teléfono corporativo del técnico de Emergencias que validó el Es-Alert, tuvo una duración de 2 minutos y 35 segundos y fue realizada desde el contacto “1·1·2 CoordCom”.

Según la jueza, uno de los aspectos más relevantes de la investigación es analizar tanto el retraso en el envío de alertas a la población como su contenido. El técnico que validó la alerta declaró que tardó tres minutos en remitir el aviso de las 20:11 horas, pero la magistrada señala que el tiempo real fue menor: 2 minutos y 35 segundos, según la grabación de la llamada en la que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, instruyó al técnico para descartar un mensaje anterior y validar el que finalmente se envió.

El auto también destaca que la validación del mensaje Es-Alert no requería autorización de ninguna autoridad nacional ajena a la dirección de la emergencia, correspondiendo únicamente a la Generalitat Valenciana, y que se realizó en menos de tres minutos.

La magistrada considera que esta diligencia es relevante para el análisis del proceso de decisión de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y subraya que las funciones del presidente de la Generalitat incluyen tanto las acciones presenciales como las decisiones comunicadas telefónicamente.

Por ello, la jueza acuerda recabar las imágenes de la llegada de Carlos Mazón al CEE de l’Eliana el 29 de octubre de 2024, indicando la hora exacta de entrada en las dependencias, como parte de la investigación sobre la gestión de la dana en la Comunitat Valenciana.

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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