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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Alerta de la situación crítica en Urgencias de Llíria con esperas de más de 11 horas y falta de camas

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la situación «crítica» que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital de Llíria, donde, según el sindicato, los pacientes enfrentan esperas superiores a 11 horas, camas improvisadas en pasillos y una atención cada vez más complicada por la falta de espacio y el elevado volumen de usuarios, especialmente durante los picos estacionales.

Saturación extrema y falta de espacio

CSIF subraya que el problema no radica en la falta de personal, ya que la plantilla de enfermería ha sido reforzada, incluso doblada en urgencias y plantas de hospitalización. Sin embargo, la capacidad estructural del servicio es insuficiente, con solo 13 boxes —de los cuales cuatro están doblados con camas— y hasta cinco camas habilitadas en los pasillos. Esta situación ha derivado en un ambiente caótico y sobrecargado, con pacientes respiratorios graves compartiendo espacio con pacientes psiquiátricos, personas mayores desorientadas sin acompañamiento y procedimientos médicos realizados en lugares inadecuados.

El diseño del área de urgencias, con el control de enfermería en el centro rodeado de camas, expone a todos los pacientes, aumentando la sensación de desorganización y agotamiento tanto para los usuarios como para el personal sanitario.

Impacto en pacientes y profesionales

El sindicato alerta de que muchos pacientes permanecen ingresados en camas de urgencias desde el fin de semana, sin información clara para sus familiares. La situación genera estrés y malestar entre los profesionales, que denuncian la dificultad de ofrecer una atención de calidad bajo estas condiciones. Los usuarios también presentan quejas frecuentes por largas esperas y falta de descanso.

Medidas urgentes necesarias

Desde CSIF instan a la Conselleria de Sanidad a adoptar medidas estructurales urgentes que permitan:

  • Ampliar los espacios de urgencias.

  • Mejorar la capacidad de hospitalización.

  • Garantizar una atención digna y segura para pacientes y sanitarios.

Mientras tanto, la única alternativa disponible sigue siendo derivar pacientes a otros centros o mantenerlos en condiciones claramente insuficientes dentro de urgencias.

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