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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

La jueza solicita a la Generalitat el registro de llamadas del chófer de Mazón para verificar cuándo fue movilizado al Cecopi

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Carlos Mazón última hora
El ex secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Cayetano García Ramírez. - Eduardo Parra - Europa Press

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 —que dejó 230 fallecidos en la provincia de València— ha reclamado a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) el listado de llamadas del teléfono corporativo del chófer del expresident Carlos Mazón.

El objetivo es determinar la hora exacta en la que fue requerido para trasladar al entonces jefe del Consell al Cecopi, ubicado en l’Eliana, en plena emergencia por el temporal.

Petición judicial tras la declaración del conductor

La decisión llega después de la comparecencia del conductor como testigo el pasado viernes. En su declaración, explicó que el sistema de alertas masivas Es-Alert —enviado a la ciudadanía a las 20.11 horas— sonó cuando aún se encontraban en València, de camino hacia l’Eliana.

Según relató ante la magistrada, tras finalizar la jornada, sobre las 19.00 horas, se dirigió a repostar combustible junto al vehículo de los escoltas. Sin embargo, no llegaron a hacerlo porque recibió una llamada de la secretaria de Mazón en la que se le indicaba que regresara para trasladar al president al centro de coordinación operativa.

“Dimos la vuelta y volvimos al Palau”, afirmó. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, la llegada al Cecopi se produjo a las 20.28 horas.

Franja horaria bajo análisis

La instructora ha solicitado el detalle de las llamadas entrantes y salientes realizadas entre las 19.00 y las 20.00 horas del 29 de octubre. La finalidad es que la Letrada de la Administración de Justicia verifique:

  • La hora exacta de la llamada recibida por el conductor desde la secretaría de Presidencia para ordenar el regreso al Palau.

  • El momento en que el chófer comunicó la instrucción al escolta.

La investigación judicial trata de esclarecer la cronología de decisiones adoptadas durante la jornada de la dana y el tiempo de reacción institucional ante la emergencia que afectó a numerosos municipios de la provincia de València.

La causa continúa abierta mientras se practican diligencias dirigidas a reconstruir con precisión los movimientos y comunicaciones de los responsables implicados en la gestión del episodio meteorológico más grave registrado en la Comunitat Valenciana en los últimos años.

 


Así es Nuria Ruiz Torraba, la jueza encargada de la investigación de la DANA

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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