Valencia
Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo
Publicado
hace 4 añosen
València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.
Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.
Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».
En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.
Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.
Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.
El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.
Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».
De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.
Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.
Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.
Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.
Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.
Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.
También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.
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Valencia
La jueza de la DANA incorpora a la causa dos vídeos sobre la llegada de Carlos Mazón al Cecopi el 29 de octubre
Publicado
hace 44 minsen
2 diciembre, 2025
Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:
La investigación judicial sobre la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana continúa avanzando. La magistrada del Juzgado de Catarroja que instruye el caso ha decidido añadir al procedimiento dos vídeos que registran la llegada del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l’Eliana y al edificio donde estaba operativo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) durante la jornada del 29 de octubre de 2024.
Los archivos audiovisuales han sido remitidos por la Conselleria de Emergencias en respuesta a un oficio de la jueza fechado el 21 de noviembre de 2025. Tras su recepción, los vídeos han quedado formalmente incorporados a la causa mediante diligencia de ordenación.
Qué muestran los vídeos incorporados por la jueza
Los dos archivos aportados recogen distintos momentos de la llegada del expresidente:
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Primer vídeo, de algo más de un minuto, donde se observa el exterior del CCE, el acceso al recinto y la entrada de los vehículos de Presidencia que trasladaban a Mazón y a su equipo.
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Segundo vídeo, de unos veinte segundos, centrado en el acceso de Mazón al edificio del Cecopi acompañado por varios asesores y el saludo al personal que lo recibe.
Ambas grabaciones permiten reconstruir con precisión la secuencia de movimientos del expresidente en torno a las 20:26 y 20:28 horas, momento en el que accede al área del Cecopi tras recorrer el tramo interno del recinto.
La declaración del responsable de seguridad: por qué se conservaron las imágenes
En la misma jornada en que se incorporaron los vídeos, la jueza tomó declaración a un coordinador de prevención y responsable de seguridad física e infraestructuras del CCE, quien compareció como testigo.
El funcionario explicó que fue él mismo quien extrajo las imágenes correspondientes a la llegada del expresidente y que decidió conservarlas más allá del plazo legal de 30 días que marca la normativa de videovigilancia. Según su testimonio, lo hizo “por precaución” y “por su relevancia”, dado que aquel día acudieron al recinto diversas autoridades, entre ellas los Reyes de España.
El testigo detalló que:
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La decisión de guardar las imágenes se tomó junto al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez.
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No existió ninguna instrucción externa ni orden de la Generalitat para preservarlas.
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La selección de las grabaciones que se conservarían se realizó durante la semana siguiente, antes de que venciera el plazo legal de borrado.
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El resto de los vídeos que no se consideraron necesarios fueron eliminados automáticamente una vez transcurridos los 30 días.
La jueza de la dana descarta «por ahora» citar de nuevo a Vilaplana y pregunta a Pradas si quiere volver a declarar
VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, descarta «por el momento» volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la ríada, y ha preguntado a la exconsellera de Justicia e Interior, investigada en el procedimiento, si quiere volver a declarar –ya lo hizo hace unos meses–.
Así se desprende de un auto, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).
En su resolución, la jueza descarta «en el presente momento» volver a citar a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular.
La jueza de la dana cuestiona el reservado del Ventorro y abre la puerta a nuevas declaraciones
La jueza considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos realizó esta petición por considerar que la comunicadora pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre tras escuchar al dueño del restaurante El Ventorro y ver las fotografías aportadas a la causa sobre las dimensiones del reservado en el que comieron la periodista y Mazón.
En su resolución, la instructora señala que, «ciertamente, las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor».
No obstante, cree «necesario, antes de reiterar una declaración ya prestada» por Vilaplana, «oír al resto de las personas que pudieron tener conocimiento de aquellas manifestaciones que pudieron referirse al proceso de decisión en la remisión del mensaje Es-Alert, de las medidas de protección a la población, oír a los testigos que de manera similar a la sra. Vilaplana, pudieran haber tenido conocimiento de las manifestaciones que por el señor Carlos Mazón se pudieran haber efectuado respecto de ese proceso de decisión y cualesquiera otros destinados a proteger a la población».
La magistrada también rechaza la petición de que se investigue a la testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello «es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme».
En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.
PRADAS Y SALVADOS
Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.
En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener «efecto en el proceso», ha de efectuarse con la «oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento», pues se trata de «una garantía para la propia investigada».
Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón
Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón
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