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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Sucesos

Detenido un exconvicto por el presunto homicidio de un empresario desaparecido de Bocairent

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Desaparecido empresario Bocairent

La Guardia Civil arresta a Antonio C. B., condenado previamente por asesinato, tras hallar pruebas biológicas en el vehículo y en la casa rural de la víctima

4 de julio de 2025 — La Guardia Civil ha detenido a Antonio C. B., un expresidiario con antecedentes por homicidio, como presunto autor de la muerte de un empresario desaparecido el pasado 29 de mayo en circunstancias sospechosas. Aunque el cuerpo aún no ha sido localizado, los investigadores han reunido pruebas concluyentes que apuntan a una muerte violenta.

La detención se ha llevado a cabo tras días de vigilancia discreta por parte del Grupo de Homicidios, que esperaba el resultado de pruebas de ADN para proceder al arresto con todas las garantías judiciales. La investigación apunta a que el empresario, Enrique G., de 77 años, pudo ser asesinado el mismo día de su desaparición.

Pruebas biológicas y una escena del crimen clara

La clave para esclarecer el caso ha sido el trabajo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que analizó tanto el vehículo de la víctima como su casa rural, donde se localizaron salpicaduras de sangre por proyección. El estudio detallado de esas manchas permitió deducir la trayectoria del arma blanca empleada, la dirección del ataque y la violencia del mismo.

Además, se hallaron vestigios biológicos del detenido en el coche, un Volkswagen Golf, presuntamente utilizado para transportar el cadáver. El análisis de estas pruebas, junto con el cotejo de ADN, fue decisivo para vincular al sospechoso con el crimen.

Una fuga sospechosa y antecedentes por asesinato

Según fuentes de la investigación, el día de la desaparición, una patrulla local observó maniobras extrañas en el vehículo de Enrique G. al entrar en una localidad próxima. El conductor, que no fue identificado en ese momento, huyó a gran velocidad, lo que generó sospechas. Todo apunta a que Antonio C. B. trasladaba el cuerpo sin vida del empresario en ese momento.

El arrestado ya fue condenado en 2006 por otro homicidio, cuando mató a cuchilladas al propietario de un establecimiento nocturno tras una discusión. Aquel crimen fue reconocido por el propio Antonio durante el juicio, tras pagar una indemnización a la familia de la víctima.

Hipótesis principal: venganza o robo

Los agentes investigan el móvil del crimen, ya que ambos hombres mantenían desavenencias tras una denuncia por intento de robo interpuesta por Enrique G. La víctima solía dormir en su casa rural en venta, donde realizaba labores de mantenimiento y mostraba la propiedad a posibles compradores.

Todo apunta a que Antonio C. B. entró en la vivienda con intención de robar o ajustar cuentas, y que, tras cometer el homicidio, trató de ocultar el cadáver sin éxito.

La investigación sigue abierta y la prioridad ahora es localizar el cuerpo del empresario para esclarecer completamente lo ocurrido.

 

 

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