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Comunicado de empresarios de Benidorm sobre Eduardo Zaplana

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ALICANTE, 5 Ene. (EUROPA PRESS) –

Varios hoteleros de Benidorm (Alicante) defienden que el ‘expresident’ y exministro Eduardo Zaplana reciba «el trato humanitario más adecuado» en su situación de prisión provisional ante la grave enfermedad que padece, que motivó a mediados de diciembre su traslado del centro penitenciario de Picassent al Hospital La Fe de València.

En un comunicado difundido por Hosbec, patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca, los empresarios recuerdan que Zaplana fue alcalde de la localidad y «posiblemente el que impulsó al turismo como sector estratégico de la economía valenciana desde su responsabilidad como presidente de la Generalitat».

Por ello, entienden que no pueden ser ajenos a su situación procesal y personal, «sobre la que están corriendo ríos de tinta en las últimas semanas y que forma parte de todos los círculos de conversación de numerosos ámbitos, periodísticos, radiofónicos, políticos, profesionales e incluso familiares».

«Y no podemos serlo porque muchos de los empresarios y directivos que formamos parte de Hosbec hemos conocido directamente a Eduardo Zaplana», subrayan, con el objetivo de pronunciarse públicamente «desde un punto de vista humanitario sobre una situación absolutamente excepcional». Remarcan así que tendrían el mismo posicionamiento «fuera quien fuera la persona que se encontrara en idéntica situación».

Bajo este prisma, los hoteleros creen que «todas las personas que no han sido juzgadas ni condenadas, igual que las que lo hubieran sido, tienen el derecho de vivir con la mayor dignidad posible una enfermedad tan cruel como es el cáncer, que además se encuentra en fase de extrema complicación y, posiblemente, gravedad».

«EJERCICIO DE COMPASIÓN»
«Es simplemente un ejercicio de compasión pedir a los jueces que están instruyendo la causa que le mantiene en prisión preventiva el trato humanitario más adecuado para la complicada situación de salud por la que está atravesando», afirman en este punto.

En consecuencia, consideran que «si los informes médicos así lo determinan, lo más aconsejable sería que pudiese estar en su casa, en la situación de arresto domiciliario, con todas las cautelas y condiciones que se consideren oportunas, pero rodeado de su esposa, hijas, nietos y resto de familiares y sujeto a los mejores cuidados médicos que se le puedan proporcionar».

En cualquier caso, a su juicio, «lo deseable sería que la Justicia tuviera a su disposición mecanismos que permitan garantizar las más eficientes investigaciones de las causas» y, a su vez, «garantizar también los mas elementales derechos fundamentales de cualquier persona; en este caso, de una persona afectada gravemente por una leucemia».

Los hoteleros quieren sumarse así «todos los que se han manifestado de una forma muy similar a esta, desde todos los ámbitos políticos, periodísticos, médicos, judiciales, sociales, económicos y, en definitiva, simplemente humanos».

Firman el comunicado difundido por Hosbec el presidente de la patronal y de Port Hotels, Toni Mayor; el de la patronal entre 2000 y 2008 y Hoteles Poseidón, Pere Joan Devesa; el vicepresidente de Hoteles Magic Costa Blanca, Javier García Cuenca; el también vicepresidente de RH Hoteles, José Hernández Guirado, y la secretaria general de la organización hotelera, Nuria Montes de Diego.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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