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Comunicado de empresarios de Benidorm sobre Eduardo Zaplana

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ALICANTE, 5 Ene. (EUROPA PRESS) –

Varios hoteleros de Benidorm (Alicante) defienden que el ‘expresident’ y exministro Eduardo Zaplana reciba «el trato humanitario más adecuado» en su situación de prisión provisional ante la grave enfermedad que padece, que motivó a mediados de diciembre su traslado del centro penitenciario de Picassent al Hospital La Fe de València.

En un comunicado difundido por Hosbec, patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca, los empresarios recuerdan que Zaplana fue alcalde de la localidad y «posiblemente el que impulsó al turismo como sector estratégico de la economía valenciana desde su responsabilidad como presidente de la Generalitat».

Por ello, entienden que no pueden ser ajenos a su situación procesal y personal, «sobre la que están corriendo ríos de tinta en las últimas semanas y que forma parte de todos los círculos de conversación de numerosos ámbitos, periodísticos, radiofónicos, políticos, profesionales e incluso familiares».

«Y no podemos serlo porque muchos de los empresarios y directivos que formamos parte de Hosbec hemos conocido directamente a Eduardo Zaplana», subrayan, con el objetivo de pronunciarse públicamente «desde un punto de vista humanitario sobre una situación absolutamente excepcional». Remarcan así que tendrían el mismo posicionamiento «fuera quien fuera la persona que se encontrara en idéntica situación».

Bajo este prisma, los hoteleros creen que «todas las personas que no han sido juzgadas ni condenadas, igual que las que lo hubieran sido, tienen el derecho de vivir con la mayor dignidad posible una enfermedad tan cruel como es el cáncer, que además se encuentra en fase de extrema complicación y, posiblemente, gravedad».

«EJERCICIO DE COMPASIÓN»
«Es simplemente un ejercicio de compasión pedir a los jueces que están instruyendo la causa que le mantiene en prisión preventiva el trato humanitario más adecuado para la complicada situación de salud por la que está atravesando», afirman en este punto.

En consecuencia, consideran que «si los informes médicos así lo determinan, lo más aconsejable sería que pudiese estar en su casa, en la situación de arresto domiciliario, con todas las cautelas y condiciones que se consideren oportunas, pero rodeado de su esposa, hijas, nietos y resto de familiares y sujeto a los mejores cuidados médicos que se le puedan proporcionar».

En cualquier caso, a su juicio, «lo deseable sería que la Justicia tuviera a su disposición mecanismos que permitan garantizar las más eficientes investigaciones de las causas» y, a su vez, «garantizar también los mas elementales derechos fundamentales de cualquier persona; en este caso, de una persona afectada gravemente por una leucemia».

Los hoteleros quieren sumarse así «todos los que se han manifestado de una forma muy similar a esta, desde todos los ámbitos políticos, periodísticos, médicos, judiciales, sociales, económicos y, en definitiva, simplemente humanos».

Firman el comunicado difundido por Hosbec el presidente de la patronal y de Port Hotels, Toni Mayor; el de la patronal entre 2000 y 2008 y Hoteles Poseidón, Pere Joan Devesa; el vicepresidente de Hoteles Magic Costa Blanca, Javier García Cuenca; el también vicepresidente de RH Hoteles, José Hernández Guirado, y la secretaria general de la organización hotelera, Nuria Montes de Diego.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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