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Valencia

Condenan a la Generalitat por la muerte de una paciente tras amputarle una pierna

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia en la que condena a la Generalitat a indemnizar con 100.000 euros a los hijos de una paciente que falleció debido a las complicaciones surgidas tras una cirugía de prótesis de cadera. Este fallo judicial responde al recurso presentado por los familiares de la fallecida, quienes alegaron una «defectuosa asistencia sanitaria».

Detalles de la Sentencia

Hechos del Caso

Los hechos se remontan a abril de 2019, cuando una paciente de 74 años fue sometida a una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis de cadera en el Hospital Francesc de Borja de Gandia. Durante la operación, la paciente sufrió una rotura de la pared posterior y del fondo del acetábulo, lo que requirió la colocación de unos clavos. Estos clavos perforaron el peritoneo, causando una lesión en la arteria ilíaca interna y un desgarro de la vena ilíaca.

Complicaciones Postoperatorias

Tras la cirugía, se detectó una falta de vascularización en la arteria ilíaca de la pierna derecha, lo que llevó a que la paciente fuera trasladada a otro centro hospitalario. Sin embargo, este traslado se realizó demasiado tarde, y la pierna tuvo que ser amputada. La paciente falleció dos meses después debido a las complicaciones derivadas de la amputación.

Reclamación de Responsabilidad Patrimonial

En 2020, los hijos de la paciente presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat, solicitando una indemnización de 140.000 euros. Esta reclamación fue desestimada por silencio administrativo. No conformes con esta decisión, los hijos impugnaron la desestimación, lo que llevó al TSJCV a pronunciarse a su favor parcialmente.

Sentencia del TSJCV

La sentencia, fechada el 19 de junio, reconoce la responsabilidad patrimonial de la Generalitat y otorga a los reclamantes una indemnización de 100.000 euros. La asociación El Defensor del Paciente, que ejerció la defensa, facilitó esta información y expresó su desacuerdo con el importe de la indemnización, considerando que debería ascender a los 140.000 euros inicialmente reclamados.

Opinión del Defensor del Paciente

Críticas al Proceso Asistencial

El Defensor del Paciente ha criticado la gestión del caso, señalando la ausencia de un cirujano vascular en el hospital de Gandia como un factor crucial que contribuyó al desenlace fatal. Según la asociación, el traslado de la paciente a otro hospital se realizó demasiado tarde, cuando la recuperación de la pierna ya no era posible.

Desigualdad en las Indemnizaciones

Además, la asociación ha manifestado su desacuerdo con el importe de la indemnización fijada por el TSJCV. Argumentan que esta cantidad genera una situación de desigualdad en comparación con otros casos similares, y reiteran que la cifra justa debería ser de 140.000 euros.

Conclusión

La sentencia del TSJCV pone de manifiesto la importancia de una adecuada asistencia sanitaria y la responsabilidad de las instituciones en garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes. Este fallo, aunque parcial, reconoce los errores en la atención brindada y ofrece una indemnización a los familiares de la paciente fallecida. Sin embargo, la discrepancia sobre el importe de la compensación destaca la necesidad de revisar y ajustar los criterios de indemnización para asegurar la equidad y justicia en todos los casos de negligencia médica.

 

 

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Valencia

Polémica en València: el Ayuntamiento ordena al Circ de Nadal desalojar un solar municipal por falta de permiso

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El Ayuntamiento de València ha ordenado al Circ de Nadal desalojar el solar municipal donde estaba instalando su carpa al carecer de la autorización necesaria. Según fuentes municipales, además de ocupar sin permiso el terreno, la empresa circense mantiene pagos pendientes en vía ejecutiva con la administración local, motivo por el que también ha sido requerida a regularizar su situación económica.

La Policía Local ya había advertido en varias ocasiones a los responsables del circo, al constatar que estaban montando la infraestructura en un suelo de titularidad municipal sin la aprobación del consistorio. Tras trasladar la incidencia al servicio de Dominio Público, se ha emitido un requerimiento formal ordenando el desmontaje inmediato de lo instalado y la liberación de la parcela.

Críticas desde la oposición: “Un auténtico despropósito”

La concejala socialista Maite Ibáñez ha acusado al gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa María José Catalá (PP), de actuar con improvisación y “desgobierno”. Ibáñez sostiene que el consistorio ha bloqueado la licencia del circo con apenas 48 horas de margen respecto a su primer espectáculo, y critica que no se haya aplicado antes el acuerdo municipal que prohíbe las funciones con animales en la ciudad.

Según la edil del PSPV-PSOE, la decisión de exigir el desalojo no responde a motivos de protección animal, sino a la “falta de permisos”, lo que a su juicio “borra cualquier medida” en favor del circo sin animales. Ibáñez también apunta a una supuesta cesión del PP a Vox, sugiriendo que la resolución se ha producido coincidiendo con la investidura del candidato popular en Les Corts.

Para la concejala, esta situación podría formar parte de una estrategia para revertir la prohibición de espectáculos con animales vigente desde hace una década. “Los socialistas no vamos a consentir que el PP nos lleve a un pasado de maltrato animal”, ha afirmado.

Respuesta del gobierno local: “Falsedades y falta de rigor”

El equipo de gobierno ha rechazado rotundamente las acusaciones socialistas y ha lamentado las “mentiras” atribuidas al proceso administrativo. Desde el consistorio insisten en que no se ha denegado ninguna autorización, sino que se ha emitido un requerimiento para subsanar irregularidades previas a una posible concesión.

“El Ayuntamiento sigue trabajando para que la empresa cumpla toda la normativa”, recalcan fuentes municipales, que exigen a la oposición “rigor” y respeto por el trabajo de los técnicos. El gobierno local sostiene que sólo si el circo no atiende el requerimiento se procederá a denegar la autorización de ocupación del dominio público.

Asimismo, han pedido al PSPV que deje de generar “confusión” y de difundir “fake news” sobre un expediente que, según subrayan, continúa en curso.

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