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Valencia

Condenan a la Generalitat por la muerte de una paciente tras amputarle una pierna

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia en la que condena a la Generalitat a indemnizar con 100.000 euros a los hijos de una paciente que falleció debido a las complicaciones surgidas tras una cirugía de prótesis de cadera. Este fallo judicial responde al recurso presentado por los familiares de la fallecida, quienes alegaron una «defectuosa asistencia sanitaria».

Detalles de la Sentencia

Hechos del Caso

Los hechos se remontan a abril de 2019, cuando una paciente de 74 años fue sometida a una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis de cadera en el Hospital Francesc de Borja de Gandia. Durante la operación, la paciente sufrió una rotura de la pared posterior y del fondo del acetábulo, lo que requirió la colocación de unos clavos. Estos clavos perforaron el peritoneo, causando una lesión en la arteria ilíaca interna y un desgarro de la vena ilíaca.

Complicaciones Postoperatorias

Tras la cirugía, se detectó una falta de vascularización en la arteria ilíaca de la pierna derecha, lo que llevó a que la paciente fuera trasladada a otro centro hospitalario. Sin embargo, este traslado se realizó demasiado tarde, y la pierna tuvo que ser amputada. La paciente falleció dos meses después debido a las complicaciones derivadas de la amputación.

Reclamación de Responsabilidad Patrimonial

En 2020, los hijos de la paciente presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat, solicitando una indemnización de 140.000 euros. Esta reclamación fue desestimada por silencio administrativo. No conformes con esta decisión, los hijos impugnaron la desestimación, lo que llevó al TSJCV a pronunciarse a su favor parcialmente.

Sentencia del TSJCV

La sentencia, fechada el 19 de junio, reconoce la responsabilidad patrimonial de la Generalitat y otorga a los reclamantes una indemnización de 100.000 euros. La asociación El Defensor del Paciente, que ejerció la defensa, facilitó esta información y expresó su desacuerdo con el importe de la indemnización, considerando que debería ascender a los 140.000 euros inicialmente reclamados.

Opinión del Defensor del Paciente

Críticas al Proceso Asistencial

El Defensor del Paciente ha criticado la gestión del caso, señalando la ausencia de un cirujano vascular en el hospital de Gandia como un factor crucial que contribuyó al desenlace fatal. Según la asociación, el traslado de la paciente a otro hospital se realizó demasiado tarde, cuando la recuperación de la pierna ya no era posible.

Desigualdad en las Indemnizaciones

Además, la asociación ha manifestado su desacuerdo con el importe de la indemnización fijada por el TSJCV. Argumentan que esta cantidad genera una situación de desigualdad en comparación con otros casos similares, y reiteran que la cifra justa debería ser de 140.000 euros.

Conclusión

La sentencia del TSJCV pone de manifiesto la importancia de una adecuada asistencia sanitaria y la responsabilidad de las instituciones en garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes. Este fallo, aunque parcial, reconoce los errores en la atención brindada y ofrece una indemnización a los familiares de la paciente fallecida. Sin embargo, la discrepancia sobre el importe de la compensación destaca la necesidad de revisar y ajustar los criterios de indemnización para asegurar la equidad y justicia en todos los casos de negligencia médica.

 

 

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Valencia

La AVL rechaza cambiar a tilde cerrada el topónimo oficial ‘València’

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valencia cambio denominación bilingue
Vista general del pleno del Ayuntamiento de València, que ha aprobado conceder la distinción de alcaldesa honoraria, a título póstumo, a Rita Barberá, e iniciar el procedimiento para el cambio de denominación de la ciudad por la versión bilingüe. EFE/Biel Aliño

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha aprobado un informe en el que rechaza la propuesta de modificar el topónimo oficial en valenciano de la ciudad para escribirlo con tilde cerrada —‘Valéncia’— y mantiene la grafía actual: València.

El documento, aprobado por una amplia mayoría en el pleno celebrado este viernes, será remitido a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat y posteriormente se hará público con toda su argumentación técnica y filológica.


La propuesta partió del Ayuntamiento de València

El debate se reactivó después de que el pleno del Ayuntamiento de València aprobara en diciembre de 2025 solicitar el cambio del topónimo por la versión bilingüe ‘Valencia’ (castellano) y ‘Valéncia’ (valenciano con tilde cerrada).

La iniciativa salió adelante con los votos del equipo de gobierno municipal (PP y Vox) y el rechazo de la oposición (Compromís y PSPV-PSOE). El ejecutivo local justificó la petición en un estudio técnico encargado al lingüista y académico de la propia AVL Abelard Saragossà.


La Generalitat debe recabar informe preceptivo

La competencia para fijar la toponimia oficial de los municipios corresponde a la Generalitat Valenciana, que debe solicitar un informe preceptivo a la AVL antes de adoptar cualquier decisión.

A partir de ahora, se abrirá un periodo de alegaciones tras la emisión de la resolución del ente normativo.


La AVL mantiene el criterio fijado en 2016

La decisión adoptada sigue la misma línea que el acuerdo alcanzado por la AVL en diciembre de 2016. Entonces ya se concluyó que, aunque la pronunciación recomendada para los valencianos es con ‘e’ cerrada, la grafía adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico del topónimo es València, con tilde abierta.

El informe aprobado ahora refuerza ese criterio y defiende la coherencia normativa y filológica del nombre oficial.


Apoyo académico al mantenimiento de ‘València’

También se han pronunciado otras entidades académicas, como el Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (IIFV) —integrado por las universidades de Alicante, València y Jaume I de Castelló—, que defiende mantener el topónimo oficial en valenciano.

El IIFV advierte de que alterar la grafía sin criterios filológicos consolidados supondría una fractura cultural y lingüística sin justificación académica.

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