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Valencia

Condenan a la Generalitat por la muerte de una paciente tras amputarle una pierna

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia en la que condena a la Generalitat a indemnizar con 100.000 euros a los hijos de una paciente que falleció debido a las complicaciones surgidas tras una cirugía de prótesis de cadera. Este fallo judicial responde al recurso presentado por los familiares de la fallecida, quienes alegaron una «defectuosa asistencia sanitaria».

Detalles de la Sentencia

Hechos del Caso

Los hechos se remontan a abril de 2019, cuando una paciente de 74 años fue sometida a una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis de cadera en el Hospital Francesc de Borja de Gandia. Durante la operación, la paciente sufrió una rotura de la pared posterior y del fondo del acetábulo, lo que requirió la colocación de unos clavos. Estos clavos perforaron el peritoneo, causando una lesión en la arteria ilíaca interna y un desgarro de la vena ilíaca.

Complicaciones Postoperatorias

Tras la cirugía, se detectó una falta de vascularización en la arteria ilíaca de la pierna derecha, lo que llevó a que la paciente fuera trasladada a otro centro hospitalario. Sin embargo, este traslado se realizó demasiado tarde, y la pierna tuvo que ser amputada. La paciente falleció dos meses después debido a las complicaciones derivadas de la amputación.

Reclamación de Responsabilidad Patrimonial

En 2020, los hijos de la paciente presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat, solicitando una indemnización de 140.000 euros. Esta reclamación fue desestimada por silencio administrativo. No conformes con esta decisión, los hijos impugnaron la desestimación, lo que llevó al TSJCV a pronunciarse a su favor parcialmente.

Sentencia del TSJCV

La sentencia, fechada el 19 de junio, reconoce la responsabilidad patrimonial de la Generalitat y otorga a los reclamantes una indemnización de 100.000 euros. La asociación El Defensor del Paciente, que ejerció la defensa, facilitó esta información y expresó su desacuerdo con el importe de la indemnización, considerando que debería ascender a los 140.000 euros inicialmente reclamados.

Opinión del Defensor del Paciente

Críticas al Proceso Asistencial

El Defensor del Paciente ha criticado la gestión del caso, señalando la ausencia de un cirujano vascular en el hospital de Gandia como un factor crucial que contribuyó al desenlace fatal. Según la asociación, el traslado de la paciente a otro hospital se realizó demasiado tarde, cuando la recuperación de la pierna ya no era posible.

Desigualdad en las Indemnizaciones

Además, la asociación ha manifestado su desacuerdo con el importe de la indemnización fijada por el TSJCV. Argumentan que esta cantidad genera una situación de desigualdad en comparación con otros casos similares, y reiteran que la cifra justa debería ser de 140.000 euros.

Conclusión

La sentencia del TSJCV pone de manifiesto la importancia de una adecuada asistencia sanitaria y la responsabilidad de las instituciones en garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes. Este fallo, aunque parcial, reconoce los errores en la atención brindada y ofrece una indemnización a los familiares de la paciente fallecida. Sin embargo, la discrepancia sobre el importe de la compensación destaca la necesidad de revisar y ajustar los criterios de indemnización para asegurar la equidad y justicia en todos los casos de negligencia médica.

 

 

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Valencia

Careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca: “Soy yo la que estuvo al pie del cañón”

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La tensión se ha vivido este lunes en el juzgado de Catarroja durante el careo entre Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Los gritos de “asesina”, “mentiroso” y “golfo” marcaron la entrada y salida de los comparecientes.

La principal disputa: confinamiento durante la DANA

El careo se centró en las posibles contradicciones sobre la decisión de confinar o no a la población durante la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana. Pradas defendió su posición y se ratificó en los WhatsApp intercambiados con Mazón y Cuenca, que constan en acta notarial.

Según su declaración, a las 19:43 horas del día en cuestión contactó con Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia, porque no lograba comunicarse con Mazón. Pradas explicó que le informó sobre la posibilidad de confinar y que consideraba que el “president” debía conocer el caso.

En cambio, Cuenca se opuso a la idea de un confinamiento general y le envió un mensaje a Pradas diciendo: “De confinar nada”, sugiriendo que se trataba de una acción de responsabilidad de la Delegación del Gobierno y calificándola de “barbaridad”. Pradas sostuvo que, según la ley autonómica de emergencias, sí era posible el confinamiento y que discrepaba de la postura de Cuenca.

La presencia (o ausencia) de Carlos Mazón

Pradas señaló que desconocía que Carlos Mazón estaba en una comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro. “Si lo llego a saber, le llamo más veces”, afirmó, dejando claro que su intención era comunicarse con el presidente, pero que no pudo localizarlo por teléfono. Además, añadió que Cuenca le había indicado desde las 13:19 horas que centralizara todas las comunicaciones en él porque Mazón estaba “de actos”.

Pradas insistió: “Soy yo la que estuvo al pie del cañón”, destacando que actuó de manera activa durante la crisis, mientras que Cuenca mantuvo que su preocupación era únicamente la cobertura legal de la medida, asociando el término confinamiento a la pandemia y a posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Incidente tras el careo

El exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, sufrió una agresión a su salida del juzgado. Según Vozpópuli, uno de los presentes le golpeó con una pancarta mientras abandonaba el edificio a pie.

El careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca deja en evidencia la tensión entre la Conselleria de Justicia e Interior y la oficina del presidente en decisiones críticas sobre emergencias. La discrepancia sobre la legalidad y oportunidad del confinamiento sigue siendo el eje central de la investigación, mientras el público sigue de cerca los mensajes que intercambiaron los implicados.

 

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