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¿Cuánto cobra un eurodiputado?

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¿Cuánto cobra un eurodiputado?
¿Cuánto cobra un eurodiputado?-Foto: Alvise Pérez

Tras las elecciones europeas que han durado cuatro días, el Parlamento Europeo se reconfigura según los resultados obtenidos en los diferentes países. De los 720 miembros de la Eurocámara en esta legislatura, 61 provienen de España. El PP ha ganado en España, como anticipaban los sondeos, aunque por un margen estrecho. Estas elecciones han sido notables para la ultraderecha, especialmente en Austria, Francia y los Países Bajos, y en menor medida en España, donde Vox ha duplicado sus escaños a seis, y la formación «Se acabó la fiesta» de Alvise Pérez ha obtenido tres escaños.

Cada país elige un número específico de eurodiputados: Alemania, con 96, es el país que más representantes envía, mientras que Malta, Luxemburgo y Chipre envían seis cada uno. Todos estos eurodiputados reciben un salario. ¿Cuál es? Los eurodiputados del Parlamento Europeo reciben una asignación de 12.800 euros al mes, que incluye el sueldo mensual fijo y la asignación para gastos generales. Esta cifra puede ser mayor debido a las dietas diarias que perciben cuando están presentes en la Eurocámara.

Salario y asignación mensual

La asignación mensual fija de un eurodiputado es de 10.075,18 euros brutos y 7.853,18 euros netos después de deducir el impuesto de la UE y las cotizaciones al seguro. La cifra neta puede variar según la nacionalidad del diputado, ya que los Estados miembros pueden imponer impuestos adicionales. Según el Estatuto único de los eurodiputados, los salarios se calculan como el 38,5% del sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la UE.

Dietas

Además de su salario, los eurodiputados tienen derecho a dietas para cubrir los gastos en los que incurren durante el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Reciben una dieta mensual de 4.950 euros para cubrir los gastos de oficina, equipos, programas informáticos, material de oficina, teléfonos móviles y contratos de teléfono e internet en los países donde han sido elegidos. Si no asisten a la mitad de las sesiones plenarias anuales sin justificación, esta cuantía se reduce a la mitad.

Mensualmente, los eurodiputados ganan 12.800 euros, sin contar con los impuestos nacionales. Además, reciben una dieta diaria de 350 euros por alojamiento, comidas y otros gastos cuando están en el Parlamento Europeo por asuntos oficiales. Para percibirla, deben firmar un registro de asistencia. Si faltan a más de la mitad de las votaciones nominales en días de votación en el pleno, la dieta se reduce a la mitad.

Gastos de viaje

El Parlamento Europeo cubre los gastos de viaje de los eurodiputados para asistir a reuniones, sesiones plenarias y comisiones parlamentarias, principalmente en Bruselas y Estrasburgo. Se reembolsa el coste real de los billetes en clase business para vuelos, primera clase para trenes, o 0,58 euros por kilómetro para viajes en coche, hasta un máximo de 1.000 kilómetros. Además, se fijan importes según la distancia y duración del viaje para cubrir otros gastos como peajes y tasas de equipaje.

Cuando los eurodiputados viajan fuera de sus lugares de trabajo en representación del Parlamento Europeo, los gastos se imputan al presupuesto de la comisión o delegación organizadora. Si los viajes son a título individual para funciones oficiales, el Parlamento reembolsa los gastos con máximos anuales.

Indemnización y pensión

Al terminar su mandato, los eurodiputados tienen derecho a una indemnización transitoria equivalente a un mes de salario por cada año en el cargo, durante un máximo de dos años. Si asumen un nuevo cargo, el salario se compensa con la indemnización transitoria. En caso de tener derecho a una pensión de jubilación o invalidez simultáneamente, deben elegir una de las dos.

Los exdiputados tienen derecho a una pensión a los 63 años, que asciende al 3,5% de su asignación por cada año completo de mandato, más una doceava parte por cada mes adicional. El importe total no puede superar el 70% de la asignación. El coste de las pensiones se cubre con el presupuesto de la Unión.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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