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Cuenta atrás para la finalización de la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento de València

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La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha anunciado que en el mes de agosto está previsto que acaben los trabajos de recuperación del espacio público y peatonalización de dos de las principales plazas del centro de la ciudad, como son la plaza del Ayuntamiento y de San Agustín.

Así lo ha asegurado durante la visita a las obras de peatonalización de la Plaza de San Agustín que han arrancado esta semana y que durarán un mes. Sandra Gómez ha puesto en valor que se trata de “una intervención que beneficiará la actividad comercial de la Avenida del Oeste ya que amplía el espacio público para la ciudadanía y crea un espacio más amable en un enclave singular”.

El proyecto cuenta con un presupuesto alrededor de 70.000 euros, afecta a una superficie de unos 300 metros cuadrados de la plaza, situada entre las tres dársenas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que sirven como distribuidoras de las líneas de autobuses, y la fachada de la iglesia de San Agustín. Gómez ha agradecido a la Marina de València la cesión de mobiliario y otros elementos cedidos, que han permitido abaratar costes.

DE DÁRSENA A PLAZA

Respecto al color del pavimento, la vicealcaldesa ha explicado que al tratarse de un entorno protegido se ha optado por integrarlo con la acera existente por lo que será del mismo tono gris que el actual. “Este espacio se convertirá en una plataforma peatonal única sin desniveles y de la misma tonalidad”, ha precisado y ha asegurado que “después de muchos años como dársena de autobuses, se transformará en una auténtica plaza donde poder sentarse y disfrutar de una de las entradas al centro histórico”.


Gómez ha precisado que “prácticamente no afectará al tránsito de vehículos”. “La circulación se desviará por la calle Huesca y, por lo tanto, no genera problemas de circulación, sino muy positiva tanto para el centro histórico como para ayudar a dinamizar el comercio de la zona”, ha valorado.

La edila ha precisado que” la crisis de la COVID-19 ha acelerado la recuperación de espacio público y en el caso de València está en la sintonía de consolidar la ciudad de plazas”. A este respecto, ha recordado que “el gobierno permite destinar parte del remanente a este tipo de intervenciones de urbanismo táctico”.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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