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Valencia

Desalojan a 14 ancianos por el desahucio de una residencia en L’Eliana

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EFE
En la imagen, un agente de la Guardia Civil, a las puertas de una residencia. EFE/ Kai Försterling/Archivo

L’Eliana (Valencia), 8 nov (OFFICIAL PRESS/EFE).- Una residencia de ancianos privada de l’Eliana ha sido desalojada este martes por orden judicial, por el impago de rentas a la empresa propietaria del inmueble, y los catorce residentes que había en la misma se han ido con sus familias o han sido trasladados a la Residencia Pública de Carlet, con plazas disponibles en situaciones de emergencia.

Según fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que han precisado que se trata de una residencia privada con la que la Generalitat no tiene ninguna plaza concertada, cinco de las personas se han ido con sus familias y las otras nueve han sido llevadas al centro de Carlet.

Tres de estas últimas estaban afectadas por la covid-19, por lo que han sido trasladas en ambulancia, mientras que el resto ha sido llevado en transporte adaptado.

Al desalojo también han acudido agentes de la Guardia Civil, aunque fuentes del instituto armado no han ofrecido información al respecto y se han limitado a señalar que no había novedades.

Hasta la residencia Cuidamont se han desplazado seis trabajadores de la Conselleria para garantizar el bienestar y la asistencia necesaria a todas las personas residentes que han tenido que dejar el centro debido al desahucio ordenado por un juzgado de Llíria.

QUÉ HACER ANTE ESTA SITUACIÓN

Este personal, según las fuentes, ha garantizado la aplicación del protocolo de cierre de centros residenciales, que contempla varias vías de actuación: la primera pasa por que la familia, con la ayuda que percibe la persona mayor, busque plaza en otro centro privado.

La segunda sería que la familia solicitara el cambio de preferencias de dependencia a Servicio de Atención Residencial, en los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de L’Eliana, y la Consellería vería las posibilidades de asignacion.

Por último, una vez realizado el desalojo, si hay personas que necesitan una respuesta inmediata, se les puede asignar plaza en la Residencia Pública de Carlet, en las que tiene disponibles para situaciones de emergencia, y desde aquí, ir asignándoles plaza en centros lo más próximos posibles a los familiares.

LOS ANTECEDENTES JUDICIALES

Según fuentes judiciales, el 25 de enero de 2021 la empresa propietaria del inmueble interpuso una demanda contra la mercantil que gestionaba la residencia por el impago de rentas por importe de 84.734 euros.

Tras admitir el juzgado la demanda el 18 de febrero, fijó fecha de lanzamiento el 10 de junio para el caso de no pagar o no contestar, y de vista oral para el 14 de abril, aunque esta última fecha suspendió el proceso durante 60 días a petición de todas las partes al alegar que estaban en vías de transacción extrajudicial.

En diciembre de 2021 se dictó sentencia y el juzgado condenó a la empresa que gestiona la residencia a desalojar el inmueble y abonar a la demandante 225.472 euros, con intereses legales, y las cuotas de alquiler que puedan devengarse hasta la entrega efectiva de la posesión, a razón de 20.400 euros al mes.

Tras diversos requerimientos judiciales y solicitud de información por parte del juzgado, tanto a la empresa gestora como al Ayuntamiento y a la Generalitat, el juzgado recibió un escrito de la Conselleria de Igualdad que le informaba de que había 49 personas ingresadas, 40 de ellas con prestación económica por dependencia para hacer frente al coste de la plaza en centro privado.

En ese escrito, la Conselleria pedía medidas cautelares para evitar que ingresaran más residentes, ya que la presencia de la Administración es nula ante las admisiones.

El pasado 25 de octubre, Igualdad remitió al Juzgado otro informe informando de que se había dado plaza pública a 16 residentes y otros cuatro habían cambiado de centro por propia voluntad. También comunicó que si el día del lanzamiento quedaban residentes se les podría asignar plaza en la residencia pública de Carlet, como finalmente ha ocurrido.

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Fallas

El Congreso Fallero tumba la propuesta del Fallero Mayor con una mayoría aplastante

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Congreso Fallero tumba Fallero Mayor
Imagen de archivo- OFFICIAL PRESS/JCF

El debate estaba servido, pero el resultado parecía escrito antes incluso de comenzar la votación. El Congreso Fallero ha rechazado de manera contundente la propuesta de abrir la posibilidad de que el cargo representativo de las comisiones falleras pudiera recaer también en un hombre. La iniciativa, que pretendía modificar el reglamento para permitir la figura del Fallero Mayor, fue descartada por una abrumadora mayoría.

La última sesión semanal del Congreso retomó un asunto que ya había generado debate en jornadas anteriores. No se trataba tanto de decidir el sentido del voto, ampliamente conocido de antemano, como de confrontar dos visiones opuestas sobre el futuro de la representación fallera: tradición frente a adaptación a los nuevos tiempos.

El argumento a favor: abrir la puerta sin imponer cambios

La defensa de la propuesta corrió a cargo de José Martínez Tormo, quien insistió en que la modificación del reglamento no suponía imponer una figura masculina, sino permitir que las comisiones tuvieran libertad de elección. Según explicó, el actual texto normativo impide directamente que exista un Fallero Mayor al especificar que el cargo debe ser ocupado por una mujer.

Martínez Tormo apeló a la modernidad y a la necesidad de actualizar el reglamento para reflejar la realidad social. A su juicio, abrir la puerta no obligaría a nadie a cruzarla, pero sí permitiría comprobar si existe o no esa demanda dentro del mundo fallero. “Si no se abre la posibilidad, nunca lo sabremos”, vino a defender durante su intervención.

Las voces en contra: tradición y demanda social

Frente a esta postura, Vicent Almela articuló uno de los principales discursos contrarios a la propuesta. Aunque reconoció que la idea no le resultaba especialmente desagradable, planteó una cuestión clave: si la sociedad fallera realmente demanda este cambio. En su intervención recordó que otras transformaciones, hoy normalizadas, surgieron de manera natural y progresiva desde las bases, como ocurrió con la evolución de la indumentaria masculina.

Para Almela, el problema radica en que este cambio se pretende impulsar desde arriba, sin que exista una presión clara desde las comisiones falleras. Una reflexión que fue compartida por buena parte de los congresistas presentes.

El precedente legal y el ejemplo de Alcoi

Durante el debate también se recuperó un argumento ya expuesto en sesiones anteriores: una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los organizadores de fiestas a establecer cargos reservados a un solo género, como ocurre en celebraciones de Moros y Cristianos.

Este punto fue rebatido por Martínez Tormo con un ejemplo concreto: el caso de Alcoi, donde desde 2024 los cargos festivos pueden ser ocupados indistintamente por hombres y mujeres. Según defendió, las Fallas se encuentran en una situación equiparable y cuentan con margen suficiente para adaptar su normativa sin vulnerar ningún marco legal.

¿Peligra el reconocimiento de la Unesco?

Otro de los argumentos contrarios a la propuesta apuntaba al posible riesgo de afectar al reconocimiento de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La mención exclusiva a la Fallera Mayor en el expediente de la Unesco fue utilizada como motivo de cautela.

En este punto, Martínez Tormo, como redactor del expediente, recordó que dicho documento es una fotografía fija del momento en el que se redactó y que la Unesco garantiza la autonomía de los organizadores para definir su fiesta. A su juicio, permitir un cambio en la figura representativa no supondría ninguna amenaza para ese reconocimiento internacional.

La propuesta de un cambio de denominación

La exconcejala Pilar Soriano intervino en la misma línea, defendiendo la necesidad de adaptar el reglamento a la realidad actual. Desde su experiencia en la falla Borrull-Socors, la primera en contar con un Fallero Mayor en València, planteó incluso eliminar la denominación de Fallera Mayor y sustituirla por la de “Representante”, un término que, según explicó, englobaría a todas las sensibilidades.

Soriano subrayó que la cuestión de género va más allá del nombre y recordó que la sociedad avanza hacia modelos más flexibles, también en el ámbito administrativo y social.

Una votación sin sorpresas

Pese a la variedad de argumentos expuestos, el sentir mayoritario del Congreso quedó claro en el momento de la votación. La propuesta fue rechazada con 144 votos en contra frente a solo 15 a favor, una diferencia que evidenció el escaso respaldo a la iniciativa.

Un resultado similar se produjo posteriormente al trasladar el debate a los cargos infantiles, donde la opción de abrir el género también fue descartada de forma clara.

El Fallero Mayor, una opción que seguirá fuera del reglamento

La modernización, la revolución o simplemente la posibilidad de elegir tendrá que esperar. El reglamento fallero seguirá sin contemplar oficialmente la figura del Fallero Mayor. No obstante, las comisiones que deseen hacerlo podrán seguir eligiendo a un representante masculino, como ya ha ocurrido en algunos casos puntuales en la ciudad, aunque sin visibilidad oficial en el Libro Fallero.

Por ahora, el Congreso Fallero ha dejado claro que la tradición pesa más que el cambio y que, al menos a corto plazo, la puerta seguirá cerrada.

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