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Valencia

Desalojan a 14 ancianos por el desahucio de una residencia en L’Eliana

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Investigan la aparición de dos cuerpos sin vida en una vivienda de Moraira
EFE
En la imagen, un agente de la Guardia Civil, a las puertas de una residencia. EFE/ Kai Försterling/Archivo

L’Eliana (Valencia), 8 nov (OFFICIAL PRESS/EFE).- Una residencia de ancianos privada de l’Eliana ha sido desalojada este martes por orden judicial, por el impago de rentas a la empresa propietaria del inmueble, y los catorce residentes que había en la misma se han ido con sus familias o han sido trasladados a la Residencia Pública de Carlet, con plazas disponibles en situaciones de emergencia.

Según fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que han precisado que se trata de una residencia privada con la que la Generalitat no tiene ninguna plaza concertada, cinco de las personas se han ido con sus familias y las otras nueve han sido llevadas al centro de Carlet.

Tres de estas últimas estaban afectadas por la covid-19, por lo que han sido trasladas en ambulancia, mientras que el resto ha sido llevado en transporte adaptado.

Al desalojo también han acudido agentes de la Guardia Civil, aunque fuentes del instituto armado no han ofrecido información al respecto y se han limitado a señalar que no había novedades.

Hasta la residencia Cuidamont se han desplazado seis trabajadores de la Conselleria para garantizar el bienestar y la asistencia necesaria a todas las personas residentes que han tenido que dejar el centro debido al desahucio ordenado por un juzgado de Llíria.

QUÉ HACER ANTE ESTA SITUACIÓN

Este personal, según las fuentes, ha garantizado la aplicación del protocolo de cierre de centros residenciales, que contempla varias vías de actuación: la primera pasa por que la familia, con la ayuda que percibe la persona mayor, busque plaza en otro centro privado.

La segunda sería que la familia solicitara el cambio de preferencias de dependencia a Servicio de Atención Residencial, en los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de L’Eliana, y la Consellería vería las posibilidades de asignacion.

Por último, una vez realizado el desalojo, si hay personas que necesitan una respuesta inmediata, se les puede asignar plaza en la Residencia Pública de Carlet, en las que tiene disponibles para situaciones de emergencia, y desde aquí, ir asignándoles plaza en centros lo más próximos posibles a los familiares.

LOS ANTECEDENTES JUDICIALES

Según fuentes judiciales, el 25 de enero de 2021 la empresa propietaria del inmueble interpuso una demanda contra la mercantil que gestionaba la residencia por el impago de rentas por importe de 84.734 euros.

Tras admitir el juzgado la demanda el 18 de febrero, fijó fecha de lanzamiento el 10 de junio para el caso de no pagar o no contestar, y de vista oral para el 14 de abril, aunque esta última fecha suspendió el proceso durante 60 días a petición de todas las partes al alegar que estaban en vías de transacción extrajudicial.

En diciembre de 2021 se dictó sentencia y el juzgado condenó a la empresa que gestiona la residencia a desalojar el inmueble y abonar a la demandante 225.472 euros, con intereses legales, y las cuotas de alquiler que puedan devengarse hasta la entrega efectiva de la posesión, a razón de 20.400 euros al mes.

Tras diversos requerimientos judiciales y solicitud de información por parte del juzgado, tanto a la empresa gestora como al Ayuntamiento y a la Generalitat, el juzgado recibió un escrito de la Conselleria de Igualdad que le informaba de que había 49 personas ingresadas, 40 de ellas con prestación económica por dependencia para hacer frente al coste de la plaza en centro privado.

En ese escrito, la Conselleria pedía medidas cautelares para evitar que ingresaran más residentes, ya que la presencia de la Administración es nula ante las admisiones.

El pasado 25 de octubre, Igualdad remitió al Juzgado otro informe informando de que se había dado plaza pública a 16 residentes y otros cuatro habían cambiado de centro por propia voluntad. También comunicó que si el día del lanzamiento quedaban residentes se les podría asignar plaza en la residencia pública de Carlet, como finalmente ha ocurrido.

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Valencia

Las claves de la declaración de Jorge Suárez sobre la DANA: por qué se retrasó la alerta para salvar vidas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha ofrecido una de las declaraciones más esperadas en la investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Su testimonio ante el juzgado de Catarroja ha destapado detalles inéditos sobre cómo se tomaron las decisiones críticas aquella tarde y por qué la alerta a la población —que podría haber evitado víctimas— se retrasó más de dos horas.

La jueza investiga ya a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su número dos, Emilio Argüeso, pero el relato de Suárez añade nuevos elementos que pueden resultar determinantes para esclarecer responsabilidades.


🕒 Cronología del día de la DANA: qué ocurrió y cuándo

Jorge Suárez ha presentado una cronología detallada de la tarde de la DANA, explicando paso a paso por qué el aviso masivo a la población no se envió cuando él lo propuso:

  • 17:15 h: Suárez plantea por primera vez enviar un aviso masivo al detectar imágenes de personas atrapadas en los tejados en Utiel y Requena. Lo hace incluso antes de la primera reunión operativa del Cecopi.

  • 17:38 h: Vuelve a insistir en activar el sistema ES-Alert, tras recibir información del Plan de Emergencia de la presa de Forata y del riesgo de una posible rotura.

  • 20:11 h: Finalmente se envía la primera alerta a los móviles. Para entonces, la situación ya se había desbordado en varios municipios.

  • 20:57 h: Se lanza un segundo mensaje, más específico, instando a subir a zonas altas.

Entre la primera propuesta y el envío efectivo pasaron casi tres horas, un lapso que podría haber resultado decisivo para muchas de las víctimas.


🔧 ¿Por qué se retrasó el ES-Alert? Las razones que expone Suárez

El testimonio del subdirector general de Emergencias revela tres causas principales que explican la demora:

1. Cambios lingüísticos exigidos por responsables políticos

Según Suárez, la consellera Salomé Pradas y el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, solicitaron modificar el mensaje en valenciano. Entre los cambios ordenados figuraban:

  • Quitar la tilde a la palabra “València”.

  • Sustituir “tipus” por “tipo”.

  • Cambiar “aquest” por “este”.

Estas correcciones —de carácter puramente formal— alargaron la redacción del mensaje y retrasaron el envío del aviso.

2. Dudas jurídicas por la expresión “permanezcan en sus casas”

Los responsables políticos debatieron si esa frase podía interpretarse como un confinamiento similar al de la pandemia. El equipo jurídico debía valorarlo, lo que supuso más tiempo de espera.

3. Intento de contactar con alcaldes afectados

A petición de varios cargos políticos, se trató de avisar directamente a alcaldes de municipios ribereños del río Magro, especialmente ante el riesgo elevado en torno a la presa de Forata.

Este proceso también retrasó el envío de la alerta masiva.


⚠️ El riesgo de la presa de Forata: un punto crítico en la declaración

Suárez ha explicado que uno de los “impactos más fuertes de la tarde” fue el aviso del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la posibilidad de pasar a un escenario 3 de rotura de la presa de Forata.

Según el testigo:

  • El plan de emergencia contemplaba alturas de agua de hasta seis o siete metros en varias poblaciones.

  • La prioridad era alertar a la población vulnerable cuanto antes.

Pese a ello, la alerta masiva siguió sin enviarse hasta horas después.


📺 Las imágenes del Cecopi: por qué se conservaron

Otro detalle relevante aportado por Suárez es que se decidió conservar las grabaciones de las cámaras del Cecopi durante la entrada de autoridades.

El motivo, según su testimonio:

  • El Cecopi es una “estructura crítica”.

  • Se entendió que había interés social en conservar las imágenes ante un episodio tan delicado.

Estas grabaciones fueron clave para reconstruir la llegada de altos cargos, incluido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyo horario de entrada no coincidía con las declaraciones públicas previas.


👥 Señalamientos cruzados y responsabilidades

La declaración de Suárez cobra especial relevancia porque:

  • Es el técnico de mayor rango presente aquella tarde.

  • Los responsables políticos habían derivado parte de la responsabilidad hacia él y otros técnicos.

  • Su testimonio contradice esas versiones y devuelve el foco a la cadena de decisiones políticas.

Suárez también ha explicado que su principal preocupación eran las personas atrapadas en tejados y el riesgo de hipotermia, lo que refuerza su insistencia en activar cuanto antes el Es-Alert.


🧑‍⚖️ Impacto judicial y político de estas revelaciones

El relato de Jorge Suárez puede marcar un antes y un después en la investigación. Sus palabras apuntan a que:

  1. Las decisiones críticas no fallaron por motivos técnicos, sino por debates y correcciones impuestos desde la esfera política.

  2. La alerta se habría podido emitir más de dos horas antes, lo que abre la puerta a responsabilidades penales.

  3. Varias muertes podrían haber sido evitadas con una reacción más rápida.

La jueza ya elevó la cifra oficial de víctimas mortales a 230, y la magnitud de esa tragedia convierte cada detalle del retraso en un elemento clave para determinar responsabilidades.


📝 Conclusión: una declaración que cambia la perspectiva del caso

La comparecencia de Jorge Suárez ofrece una visión interna precisa y detallada del caos, las dudas y los retrasos que marcaron la gestión de la DANA. Su versión presenta una imagen clara:

  • Hubo avisos internos tempranos.

  • Hubo capacidad de enviar alertas a tiempo.

  • Hubo obstáculos ajenos a la urgencia de la situación.

Ahora, la investigación judicial deberá determinar si esos retrasos fueron simples errores de coordinación o decisiones negligentes que agravaron la tragedia.

 

 

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