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Detenciones por violencia de género, segundas en número en València tras las de seguridad vial

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“Estamos ante un problema gravísimo y una necesidad social imperiosa”. La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha definido con estas palabras la situación por los delitos y casos de violencia contra las mujeres en la ciudad de València: actualmente, el número de detenciones por violencia de género es ya el segundo mayor tras las efectuadas por delitos contra la seguridad vial.

Menguzzato ha informado hoy sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la ciudad, y ha dado a conocer la memoria de actuaciones de 2017 del Grupo GAMA, el equipo de la Policía Local dedicado específicamente a la prevención y acción contra la violencia de género. El pasado año se produjeron 247 detenciones por esta causa (299 en 2016, y 224 en 2015). Además, durante el ejercicio 2017 se dictó un total de 1.289 órdenes de protección, de las que 1.066 lo fueron por violencia de género específicamente, 97 por violencia doméstica (que incluye la ejercida contra niños y niñas o personas ancianas), 12 por violencia sexual, y otras 111 por acoso, amenazas o coacciones.

Hasta 2016, los agentes de la Policía realizaban su trabajo en este campo de manera paralela a sus ocupaciones cotidianas, pero desde ese año el Grupo GAMA se constituye como un equipo especializado y con dedicación exclusiva, “lo que permite mayor aplicación, y ha ofrecido mejores resultados”, ha asegurado la concejala. De hecho, desde el año 2008, en que se tienen datos, y en el que se registraron 1.800 órdenes de protección, se ha producido una tendencia a la baja en el número de órdenes que se gestionan. Además, en la memoria de 2017 se desglosan por primera vez los casos de órdenes de protección por violencia sexual, que hasta ahora se contabilizaban en el apartado ‘otros’ junto a las coacciones y el acoso.

EL NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS SE HA MULTIPLICADO POR TRES
También por primera vez se ha cuantificado la vigilancia de las víctimas desde el momento inicial en el que se plantea el posible caso de violencia y se denuncia, sin tener que esperar a que haya una orden dictada. Son las acciones de ‘acompañamiento’ a las víctimas (o posibles víctimas), el 80% de las cuales están apoyadas y acompañadas durante todo el proceso, inlcuidas las actuaciones en sede judicial, cuyos procesos, por su propia aridez, pueden llegar a disuadir a las mujeres de seguir adelante con su denuncia. “Actualmente siempre hay un o una agente del Grupo GAMA que las acompaña en todo momento y les presta el apoyo para poder salir del círculo de violencia”, ha destacado la concejala de Protección Ciudadana, con lo que se logra que haya menos retiradas de denuncias. Durante el año pasado, el número de acompañamientos se ha multiplicado por tres, al pasar de 287 en 2015 y 280 en 2016, a 650 en 2017.

De la misma manera, las y los agentes especializados efectúan también diligencias de prevención (de las 44 realizadas en 2016 se ha pasado a 126 en 2017), es decir, que la comunicación de posibles hechos delictivos a la Policía Nacional la efectúan los propios policías locales, en los casos en los que la presunta víctima no quiere alertar de las amenazas o riesgos por temor.

“Se trata de un trabajo muy importante, una labor minuciosa de prevención”, ha destacado la concejala Anaïs Menguzzato, que se complementa con labores de formación y sensibilización, por ejemplo en centros escolares. O también en centros de salud, como actualmente en La Fe, donde se lleva a cabo una tarea de detección precoz de posibles casos de violencia. De hecho, la Conselleria de Sanidad ha reconocido esta buena práctica del Grupo GAMA.

La delegada ha concluido con una reflexión sobre la importancia de este problema en la sociedad, y la necesidad de incrementar los recursos que se destinan a combatirlo. Por eso, ha anunciado el incremento de efectivos del Grupo GAMA, que se ampliará después de las próximas incorporaciones de agentes del cuerpo de la Policía Local. “La exclusividad del grupo mejora notablemente las actuaciones –ha afirmado- pero hay que continuar en esta línea porque estamos ante una necesidad imperiosa”.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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