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El cambio de nombre de 51 calles en València afectará a 20.000 ciudadanos y 400 comercios

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El alcalde de València, Joan Ribó, se ha pronunciado este miércoles sobre la aplicación de las exigencias de la Ley Memoria Histórica en el callejero urbano. Ribó ha destacado el hecho de que en València se ha actuado en este tema “con mucha más lentitud que en otras ciudades españolas (Madrid, Alacant…) porque siempre nos hemos basado en los informes de la Universitat de València, es decir, que se cumple la Ley de Memoria Histórica pero en virtud del estudio histórico de tipo técnico y el informe legal”.

A la hora de renombrar las vías públicas, el Gobierno Local se ha basado en diversos criterios, de los que el acalde ha destacado incrementar la presencia de nombres femeninos, dado el desequilibrio por la abrumadora mayoría de calles dedicadas a hombres frente a mujeres (sólo un 7%), ha señalado. Y también seguir el criterio de las propuestas realizadas hace tiempo por entidades vecinales o Juntas de Distrito, además de recuperar los nombres históricos y populares, o referentes de los valores democráticos. Es el caso de Simone de Beauvoir, la avenida del Oeste, o Amado Granell, el valenciano que encabezó la liberación de París del régimen nazi.

“Los cambios propuestos no son arbitrarios –ha concluido Joan Ribó- sino que se basan en informes serios y objetivos de expertos de la Universitat, realizados con criterios académicos, científicos y profesionales, que son los que han de regir”. El alcalde ha señalado que, obviamente, los cambios propuestos para las 51 calles afectadas no permiten atender todas las peticiones y propuestas de nombres, pero éstas irán cumpliendo poco a poco con las nuevas calles a las que habrá que nombrar.

Finalmente, ha destacado la decisión de establecer un periodo de convivencia con la doble denominación en las placas durante un año, “con la voluntad de causar el mínimo perjuicio y ser muy respetuosos para generar el mínimo de problemas posible”.

«Obsesión» de Ribó

Por su parte, desde la oposición se han mostrado contrarios a esta iniciativa. El grupo municipal popular ha informado que presentará una Moción alternativa a la propuesta del cambio de nombre de 50 calles y plazas que el acalde Ribó y socios del tripartito pretenden aprobar en la comisión de Desarrollo Humano y Cultura que se celebra este jueves.

La alternativa del Grupo Popular, ha anunciado Alfonso Novo, “planteará la necesidad de que el servicio municipal correspondiente emita un informe técnico respecto de si el cambio de denominación de una de las calles y plazas es estrictamente necesario para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Memoria Histórica.”

Asimismo, ha continuado el concejal popular, “en nuestra alternativa vamos a pedir que el servicio municipal correspondiente emita un informe técnico respecto de cada una de las personas cuyo nombre se propone para la nueva denominación de las calles y plazas afectadas, para conocer su trayectoria artística, cultural, científica y profesional le hacen merecedor de esta distinción.”

De esta manera, el concejal popular ha señalado que “en el informe de la Universidad, que le ha costado a los valencianos 18.000 euros, no solo llama la atención que en algunos casos no estén documentadas las causas que motivan el cambio, sino que tampoco recoge un estudio histórico, cultural o social sobre los méritos que han hecho algunos de los personas que van ser reconocidas ahora con el nombre de alguna calle o plaza.”

«El deseo de Ribó de situar a los ciudadanos en un bando u otro, dice muy poco de un político que debería estar centrado en procurar el bienestar y concordia de los valencianos y no en enfrentarlos», ha destacado.

Por otra parte, Alfonso Novo, ha informado que “más de 400 comercios, restaurantes y cafeterías se verán afectados por la decisión del alcalde Ribó de cambiar el nombre de las calles en las que desarrollan su actividad o prestan servicios.”

Además de estos más de 400 establecimientos, ha añadido, “otros tantas empresas y despachos profesionales que no trabajan a píe de calle y lo hacen en pisos, se verán también afectados por esta medida, así como los más de 20.000 valencianos que viven en las 50 calles y plazas que cambiarán de nombre.”

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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