La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda a los afectados por el colapso en las ITV valencianas que guarden las pruebas que justifican la no disponibilidad de cita, para reclamar en caso de sanción, y en su caso los gastos en que hayan incurrido para solicitarlos a la Conselleria competente.

Ante la dificultad de pedir cita previa para las ITV valencianas, muchos usuarios han optado por desplazarse a otras autonomías, dado que circular con ITV caducada puede conllevar sanciones, según indica la organización en nota de prensa.

Tal como señalan, el Gobierno valenciano ha admitido la dificultad en conseguir citas y ha señalado cuestiones de falta de personal, pero ello, «no puede ser un obstáculo para el cumplimiento de la prestación de un servicio obligatorio para garantizar la seguridad de los vehículos en circulación, y demoren, mediante la cita previa -cuya obligatoriedad en este caso no consta en ninguna disposición con rango de ley-, la obtención de fecha para pasar la revisión obligatoria de vehículos con los riesgos y perjuicios que ello conlleva».

El pasado jueves se puso en marcha un plan de choque para tratar de aportar soluciones a la insostenible situación que atraviesan las ITV valencianas, según la OCU, pero ello no soluciona de forma inmediata el colapso y retraso que sufren los valencianos en conseguir una cita previa, puesto que de momento sigue sin haber disponibilidad hasta julio -última fecha que aparece en la página web-.

OCU lamenta que los usuarios continúen obligados a prescindir de su vehículo o en su caso, a exponerse a sanciones y consecuencias muy graves por la deficiente actuación a la administración, por lo que insta a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo a que adopte las medidas necesarias para una solución inmediata que garantice el cumplimiento de la prestación de un servicio público y obligatorio.

OCU Valencia recuerda a los afectados, que las sanciones impuestas por circular con la ITV caducada puede recurrirse, por lo que se recomienda que guarden las pruebas que justifican la no disponibilidad de cita, y en su caso, todos los gastos que hayan asumido para una reclamación a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, por los daños y perjuicios causados.

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