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Valencia

Supremo confirma la condena al exconseller Blasco por el caso Cooperación

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Supremo confirma la condena al exconseller Blasco por el caso Cooperación
Imagen de archivo del exconseller del PP Rafael Blasco. EFE/Juan Carlos Cárdenas

València, 20 dic (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta al exconseller del PP Rafael Blasco en el caso de desvío de fondos de ayudas públicas a la cooperación internacional, aunque insta a calcular de nuevo las penas impuestas tanto a él como al empresario Augusto César Tauroni.

En un auto hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Sala Segunda del Supremo resuelve los recursos planteados por cinco acusados y dos acusaciones contra la sentencia de la Audiencia de Valencia, de 24 de abril de 2020, en piezas del citado caso donde fueron condenados Blasco y una veintena más de personas.

En su sentencia, el Supremo estima parcialmente los recursos formulados por las defensas de Blasco y de Marcos Antonio Llinares, así como de la acusación popular ejercida por la Coordinadora Valenciana de ONGD, mientras que desestima los recursos de Rafael Pedro Barrera Cuquerella, José Luis Mezquita Alcañiz, Felix Sanz Pardo, y de la Abogada de la Generalitat, esta última como acusación particular

La estimación parcial de los recursos de Blasco y Llinares se debe a que el Supremo entiende que debe serle aplicada a ambos la atenuante de confesión tardía de los hechos, aunque especifica que el cambio no tendrá consecuencia en las penas de prisión establecidas para ambos.

«La que sí puede tenerlo -añaden desde el TSJCV- es la estimación parcial del recurso de la acusación popular», que el Supremo indica que obliga a calcular de nuevo las penas tanto de Blasco como del empresario Augusto César Tauroni.

El tribunal indica que las penas definitivamente a imponer a los mismos, tras la correspondiente compensación de las condenas con las impuestas en la pieza I del caso Cooperación, debe determinarse en ejecución de sentencia, ya que los hechos allí enjuiciados y los que ahora lo han sido pudieron ser juzgados conjuntamente, y el cálculo que realiza el tribunal de instancia fue contradictorio, al hablar en la sentencia de 1 año y 6 meses de prisión como pena máxima e imponer en el fallo 1 año.

El Supremo recuerda, en todo caso, que la pena máxima a Blasco será de 8 años de prisión, sumando la pena que se imponga en esta causa a los 6 años y 6 meses de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta que se le impusieron en la pieza I.

En ambos casos los delitos juzgados y por los que fue condenado fueron malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y continuado de falsedad en documento oficial.

Respecto a la no repercusión en la pena de la estimación parcial del recurso de Blasco, la Sala lo basa en la importante participación en los hechos del exconseller, que hace que las penas fijadas por el tribunal sean proporcionales y adecuadas a la gran antijuridicidad de los hechos que se declaran probados, sin perjuicio de las consecuencias que pueda tener la estimación parcial del recurso de la Acusación Popular.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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