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Supremo confirma la condena al exconseller Blasco por el caso Cooperación

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Supremo confirma la condena al exconseller Blasco por el caso Cooperación
Imagen de archivo del exconseller del PP Rafael Blasco. EFE/Juan Carlos Cárdenas

València, 20 dic (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta al exconseller del PP Rafael Blasco en el caso de desvío de fondos de ayudas públicas a la cooperación internacional, aunque insta a calcular de nuevo las penas impuestas tanto a él como al empresario Augusto César Tauroni.

En un auto hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Sala Segunda del Supremo resuelve los recursos planteados por cinco acusados y dos acusaciones contra la sentencia de la Audiencia de Valencia, de 24 de abril de 2020, en piezas del citado caso donde fueron condenados Blasco y una veintena más de personas.

En su sentencia, el Supremo estima parcialmente los recursos formulados por las defensas de Blasco y de Marcos Antonio Llinares, así como de la acusación popular ejercida por la Coordinadora Valenciana de ONGD, mientras que desestima los recursos de Rafael Pedro Barrera Cuquerella, José Luis Mezquita Alcañiz, Felix Sanz Pardo, y de la Abogada de la Generalitat, esta última como acusación particular

La estimación parcial de los recursos de Blasco y Llinares se debe a que el Supremo entiende que debe serle aplicada a ambos la atenuante de confesión tardía de los hechos, aunque especifica que el cambio no tendrá consecuencia en las penas de prisión establecidas para ambos.

«La que sí puede tenerlo -añaden desde el TSJCV- es la estimación parcial del recurso de la acusación popular», que el Supremo indica que obliga a calcular de nuevo las penas tanto de Blasco como del empresario Augusto César Tauroni.

El tribunal indica que las penas definitivamente a imponer a los mismos, tras la correspondiente compensación de las condenas con las impuestas en la pieza I del caso Cooperación, debe determinarse en ejecución de sentencia, ya que los hechos allí enjuiciados y los que ahora lo han sido pudieron ser juzgados conjuntamente, y el cálculo que realiza el tribunal de instancia fue contradictorio, al hablar en la sentencia de 1 año y 6 meses de prisión como pena máxima e imponer en el fallo 1 año.

El Supremo recuerda, en todo caso, que la pena máxima a Blasco será de 8 años de prisión, sumando la pena que se imponga en esta causa a los 6 años y 6 meses de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta que se le impusieron en la pieza I.

En ambos casos los delitos juzgados y por los que fue condenado fueron malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y continuado de falsedad en documento oficial.

Respecto a la no repercusión en la pena de la estimación parcial del recurso de Blasco, la Sala lo basa en la importante participación en los hechos del exconseller, que hace que las penas fijadas por el tribunal sean proporcionales y adecuadas a la gran antijuridicidad de los hechos que se declaran probados, sin perjuicio de las consecuencias que pueda tener la estimación parcial del recurso de la Acusación Popular.

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Valencia

Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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falsa médica tratamientos estéticos Valencia
Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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