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EMARSA| El saqueo en la depuradora de Pinedo deja 10 años de cárcel para Crespo
Publicado
hace 7 añosen

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) –
El saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo (València), lo que se ha conocido como el caso Emarsa, ha dejado 10 años de prisión para Enrique Crespo, exvicepresidente ‘popular’ de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de la entidad, y otros 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar).
Así consta en la sentencia, dada a conocer este viernes, que se dirige contra las 24 personas que se han sentado en el banquillo de los acusados por la pieza principal del caso Emarsa y que quedó vista para sentencia el pasado mes de diciembre tras siete años de investigaciones. La resolución puede ser recurrida y, de hecho, Enrique Crespo ha confirmado a la salida del juzgado que va a recurrir.
La resolución considera que los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.
Las penas impuestas oscilan entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados y, además, considera partícipe a título lucrativo a la exmujer de uno ellos. Asimismo, fija indemnizaciones a pagar de forma solidaria hasta los 23,5 millones de euros, asó como otras de menor cuantía a título particular.
Así, al exvicepresidente ‘popular’ de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de la entidad se le han impuesto 10 años de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio durante la condena y 20 años de años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y mercantil y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada. Se le absuelve del delito de falsedad en documento oficial y malversación de caudales relativo a la Epsar.
En el caso de José Juan Morenilla, exgerente de la Epsar, la pena es de 9 años de prisión y también 20 años de inhabilitación absoluta por prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales.
Entre otros condenados por el fraude también se encuentra el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, a quien se le han impuesto 12 años y medio de cárcel, la pena más alta. En concreto, son 4 de cárcel, 9 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de un año a 10 euros diarios por un delito de cohecho en concurso medial con falsedad en documento mercantil; y otros 8 años y seis meses por prevaricación, falsedad y malversación. Queda absuelto de la prevaricación y la falsedad en lo referente a Epsar. Asimismo, el tribunal considera participe a título lucrativo a su exmujer Cristina Segarra por una cantidad de 342.427 euros.
Para Ignacio Bernácer, exjefe de Explotaciones de Epsar, la pena, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y devolver parte del dinero saqueado, se le ha quedado en 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 9 años por un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental y malversación. Al empresario Jorge Ignacio Roca, único que está actualmente en prisión por este procedimiento, se le han fijado 6 años y un día como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales público y como autor de otro de falsedad documental.
A Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, se le han fijado 8 años y seis meses de prisión y 20 años de inhabilitación por prevaricación, falsedad y malversación; y a su hermano Antonio José, le caen 11 meses de prisión e inhabilitación durante un año y siete meses por falsedad y cooperador de malversación; mientras que a Sebastián García Martínez ‘Chanín’, exinformático de la entidad, 7 años y seis meses y 20 de inhabilitación por malversación y falsedad.
Así mismo, a Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de ‘Chanín’, se le han impuesto 2 años y seis meses de prisión y 5 años de inhabilitación total (cooperador de la malversación y falsedad); a Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, 4 años y seis meses de cárcel y 6 de inhabilitación, como cooperador necesario de los delitos contemplados; y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente, un año, nueve meses y un día de prisión como cooperador de un delito de cohecho y delito de falsedad; nueve meses de multa a 6 euros diarios.
A Adolfo Polo, exjefe del área medioambiental, 2 años y seis meses de cárcel y 5 años de inhabilitación al considerarlo cooperador de un delito de malversación y autor de uno de falsedad. En cuanto a Santos Peral, exjefe de contabilidad y con responsabilidad políticas en el PP de València, nueve meses y un día de cárcel e inhabilitación durante dos años por malversación; e Ignacio Martínez Maiques, exjefe de compras e igualmente miembro del PP, nueve meses y un día y dos años de inhabilitación por la misma infracción.
Para Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec, se han impuesto 6 años y un día de cárcel para el primero y 6 años y seis meses de cárcel para el segundo como cooperadores de la malversación y autores de falsedad en documento mercantil; para María Paz García Martínez, hermana de ‘Chanín’, tres años de cárcel y más de 7 de inhabilitación como cooperadora necesaria de malversación en concurso con falsedad; para la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil, 2 años y seis meses e inhabilitación de 5 años, también por ser cooperadora necesaria; para Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d’Estudis, 10 meses y tres días de cárcel y un año y seis meses de inhabilitación; para Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua, 4 años y seis meses de prisión y 6 años de inhabilitación, también por su cooperación en delitos de malversación y falsedad; y para Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet, 11 meses de cárcel y un año y seis meses de inhabilitación.
Por su parte, Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa, ha sido condenada a 11 meses de cárcel e inhabilitación absoluta de un año y medio por falsedad y como cooperadora de malversación; la misma pena que ha recaído en Leonor Moreno, abogada de la entidad, y Luis Antonio Botella, abogado y ex primer teniente alcalde de Moncada.
En cuanto a las indemnizaciones, la sentencia determina que en conjunto y de forma solidaria deberán pagar hasta 23,5 millones Esteban Cuesta, Enrique Crespo y Enrique Arnal; mientras que hasta 13 millones deberán indemnizar Morenilla, Bernácer, Roca, Ros y Sena; y hasta 7,2 millones, ‘Chanín’ y su hermana.
PERDÓN
En la última sesión del juicio, algunos acusados reconocieron lo que hicieron y pidieron disculpas. Fue el caso de Esteban Cuesta, quien manifestó que no había día en que no se arrepintiera de lo que había hecho. Enrique Arnal aseguró que no se reconocía en la persona que contrarió la ley y ‘Chanin’ pidió perdón por si había perjudicado a personas a instituciones de la Comunitat.
Por su parte, Roca reconoció haberse quedado con el dinero del IVA de facturas de Emarsa pero negó ser el cerebro del fraude; mientras que Morenilla insistió en que no era un «ladrón de guante blanco». Crespo no quiso pronunciarse ese día pero sí mantuvo a lo largo del juicio que era inocente.
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Santos Cerdán, a prisión sin fianza por riesgo de fuga y destrucción de pruebas
Publicado
hace 20 horasen
30 junio, 2025
El Tribunal Supremo (TS) ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública, conocida como el ‘caso Koldo’. Se le atribuyen los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, debido a su supuesta posición de liderazgo dentro de la red corrupta.
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, sostiene en el auto —al que ha tenido acceso Europa Press— que Cerdán se encargaba personalmente de reclamar a las constructoras favorecidas las cantidades pactadas de forma irregular, recaudarlas y hacerlas llegar a José Luis Ábalos y Koldo García. Según el juez, existía entre ellos una relación «vertical», donde Cerdán ejercía un papel de preeminencia en la distribución de los beneficios ilícitos obtenidos por la organización.
Así serán los primeros cinco días de Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real tras ser encarcelado por el caso Koldo
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha ingresado oficialmente en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid V) tras la decisión del Tribunal Supremo de decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza, por su presunta implicación en la trama de comisiones ilegales conocida como el caso Koldo.
Durante sus primeros cinco días en prisión, Cerdán permanecerá en el departamento de ingresos, una fase clave para todos los reclusos preventivos en la que será evaluado por los distintos técnicos del centro penitenciario antes de que se le asigne una celda definitiva.
Evaluación médica, social y psicológica: el protocolo de ingreso penitenciario
Según establece el artículo 20 del Reglamento Penitenciario, todos los internos recién llegados pasan por un proceso de evaluación integral. Cerdán será examinado a la mayor brevedad posible por el médico del centro y entrevistado por un educador y un trabajador social, quienes detectarán sus posibles necesidades sociales, personales o psicológicas. Esta evaluación inicial también ayudará a determinar su inclusión en programas de tratamiento o intervención específicos.
El objetivo de este procedimiento es ofrecer un modelo individualizado de intervención y velar tanto por su salud como por su seguridad y adaptación al entorno penitenciario.
La celda definitiva y el informe técnico
Durante estos días, los profesionales de Soto del Real emitirán un primer informe de clasificación interior conforme al artículo 99 del Reglamento Penitenciario, que determinará su ubicación definitiva dentro del centro. Esta fase puede incluir una propuesta de separación interior, inclusión en módulos específicos o incluso, en casos puntuales, el traslado a otro centro penitenciario si así se considera oportuno.
Solo se podrá prolongar esta fase inicial más allá de los cinco días por motivos sanitarios o de seguridad, debiendo ser notificado al juez de vigilancia penitenciaria.
Además, la prisión planificará desde el primer momento las actividades educativas, socioculturales, deportivas y de desarrollo personal en las que podrá participar el exdirigente socialista.
El papel de la Junta de Tratamiento
Una vez finalizado el ingreso, la Junta de Tratamiento del centro valorará factores como su ocupación laboral previa, nivel de estudios, formación profesional y situación familiar para definir un modelo de intervención adaptado. Todo ello respetando el principio de presunción de inocencia, dado que Cerdán se encuentra en calidad de investigado y no condenado.
Las acusaciones del Tribunal Supremo: organización criminal, cohecho y tráfico de influencias
El ingreso en prisión de Santos Cerdán se produce tras un auto firmado por el magistrado Leopoldo Puente, que lo considera pieza clave en la presunta red de adjudicación irregular de obra pública a cambio de comisiones, conocida como el caso Koldo. El Supremo atribuye a Cerdán delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Según el juez, Cerdán habría actuado con un papel de “cierta preeminencia” dentro de la trama, encargándose de reclamar las cantidades pactadas a las constructoras beneficiadas, para después distribuir esos fondos ilícitos entre José Luis Ábalos y Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Soto del Real, la cárcel de referencia para presos políticos y mediáticos
Soto del Real es una prisión tipo ubicada al norte de la Comunidad de Madrid y ha sido en los últimos años centro de ingreso habitual para figuras relevantes envueltas en causas judiciales. Desde políticos hasta grandes empresarios o celebridades mediáticas, este centro penitenciario ha adquirido un perfil altamente visible en causas de impacto nacional.
La adjudicación de obras, clave en la presunta trama
El juez detecta un patrón común en los presuntos amaños de contratos públicos: todas las obras fueron adjudicadas a Acciona Construcción, que operaba en UTE con otras empresas más pequeñas. Llama la atención que, en ninguno de los casos, la adjudicataria presentó la mejor oferta económica, siendo favorecida sistemáticamente por criterios de valoración subjetivos.
La clave: los audios grabados por Koldo
Uno de los puntos más relevantes de la investigación es la existencia de grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023, en las que figuran conversaciones directas con Cerdán y Ábalos. El juez considera estas pruebas como «notabilísimos indicios», subrayando que son conversaciones explícitas protagonizadas por los propios implicados, lo que les otorga un alto valor probatorio.
El magistrado descarta que estas grabaciones hayan sido manipuladas o que Koldo actuase como agente encubierto. Asegura que fueron encontradas en poder del propio García, lo que refuerza su autenticidad.
Declaración de Cerdán: niega los hechos y habla de «persecución política»
Durante su declaración, que ha durado aproximadamente una hora, Cerdán solo respondió a preguntas de su abogado. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, el exdirigente socialista ha negado su implicación en los hechos y ha asegurado que todo responde a una cacería política, afirmando ser el «arquitecto» de los gobiernos progresistas liderados por Pedro Sánchez.
Tras la declaración, se celebró una vistilla de medidas cautelares. En ella, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó el ingreso inmediato en prisión, argumentando que Cerdán era el jefe de la organización criminal. A esta petición se sumaron también las acusaciones populares, lo que no ocurrió en su momento con Ábalos y García.
Riesgo de destrucción de pruebas
Aunque el magistrado instructor no considera que exista riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, sí identifica un peligro fundado de que Cerdán pueda destruir o manipular pruebas relevantes de cara al juicio. Por este motivo, ha ordenado su ingreso inmediato en prisión sin posibilidad de fianza.
Posibles nuevos delitos: malversación y fraude fiscal
Durante la vistilla, la Fiscalía Anticorrupción también apuntó a posibles delitos de malversación y contra la Hacienda Pública, aunque el juez Puente ha indicado que «no es ahora el momento de profundizar» en estos extremos. No obstante, no se descarta que estas acusaciones se sumen en el futuro a la causa.
El Supremo sospecha que más personas podrían haberse lucrado en la trama del ‘caso Koldo’ y cifra el botín en 5 millones de euros
El Tribunal Supremo considera que en la trama del ‘caso Koldo’, por la que ha sido enviado a prisión Santos Cerdán, más personas físicas o jurídicas podrían haber participado y obtenido beneficios económicos ilícitos. Así lo ha señalado el magistrado Leopoldo Puente en el auto por el que acuerda prisión provisional sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE.
Según detalla el instructor, el «botín» de los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública ascendería a 5 millones de euros, muy por encima del millón que habrían recibido José Luis Ábalos y Koldo García, según los indicios recogidos.
El papel de Santos Cerdán en la supuesta red corrupta
El auto judicial establece que Cerdán era el encargado de reclamar a las constructoras favorecidas las comisiones pactadas, supuestamente obtenidas a cambio de adjudicaciones públicas, y posteriormente repartía esas cantidades entre los miembros clave de la trama. La investigación sostiene que existía un patrón organizado que podría implicar a más beneficiarios de lo que inicialmente se creía.
En palabras del magistrado, “el botín indiciariamente obtenido por o comprometido para Ábalos y García representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas”. Calcula que si se hubiese aplicado un 1 % de comisión sobre el valor total de las obras adjudicadas, el beneficio económico superaría los 5 millones de euros, “una cantidad varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y García”.
Más personas implicadas: una posibilidad abierta
Para el juez instructor, esta diferencia entre el supuesto monto total y lo recibido por los principales investigados sugiere que podría haber más implicados en la trama de corrupción: “refuerza así, siempre en los términos indiciarios, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones”.
A pesar de que todavía no hay imputaciones formales adicionales, el magistrado no descarta nuevas investigaciones en función de cómo evolucionen las diligencias y el análisis de las pruebas obtenidas.
Cerdán niega su implicación y habla de «cacería política»
Durante su comparecencia, Santos Cerdán ha negado cualquier relación con la trama corrupta, rechazando también la existencia de pagos al PSOE. Ha asegurado que su implicación en la causa responde a una persecución política motivada por su papel como «arquitecto» de los gobiernos progresistas liderados por Pedro Sánchez.
Tras la declaración, se celebró una vistilla para valorar las medidas cautelares, en la que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza, al considerar que Cerdán es el jefe de la organización criminal. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción ha sido tajante al asegurar que las pruebas y mensajes son lo suficientemente explícitos como para justificar la gravedad de las medidas adoptadas.
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