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Empresarios abandonan un Congreso al negarse un diputado de Compromís a hablar en castellano

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VALÈNCIA, 20 Nov. – Empresarios de varias comunidades autónomas se han marchado este miércoles de una mesa de debate en el marco del Congreso de Áreas Empresariales de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) al negarse el diputado de Compromís Josep Nadal a hablar en castellano durante su intervención.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de lo sucedido, que han relatado que alrededor de 20 empresarios procedentes de varias autonomías han salido de la mesa debate molestos con la actitud del parlamentario, que participaba junto con diputados de otras formaciones políticas, en una mesa debate abierta sobre la Ley 14/2018 de 5 de junio de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana. También empresarios valencianos se han ausentado en solidaridad con sus colegas.

Nadal, que intervenía en calidad de presidente de la Comisión de Industria de Les Corts, ante la petición de uno de los asistentes de que hablara en castellano al haber participantes de fuera de la autonomía que no entendían la lengua, se ha ofrecido a quedarse después de su intervención inicial el tiempo que fuera necesario y se comprometía a resolver cualquier duda que tuvieran, pero ha continuado con su discurso en valenciano.

Sin embargo, alrededor de 20 empresarios han declinado esta opción y han optado por marcharse, molestos, de la mesa de debate, en la que participaban, además de Nadal, los diputados Jesús Sellés (PSPV); Ana María Cerdán (Vox); Felipe Carrasco (PP) y Carlos Gracia (Cs) y se había invitado a Ferran Martínez (UP), que no ha podido asistir.

El Congreso, que previamente había sido inaugurado por el ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, y con asistencia del conseller de Economía, Rafa Climent, ha reunido en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia) a gerentes de toda España de áreas empresariales que han estudiado casos de éxito y buenas prácticas a nivel autonómico y empresarial. Entre los asistentes, se han dado cita empresarios de Murcia, la Rioja, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, Asturias, Cataluña y Canarias.

Ante lo sucedido, el portavoz de Industria del PP, Felipe Carrasco, que participaba en la mesa debate, ha lamentado en un comunicado que Compromís es «el peor embajador para atraer inversiones y empleo en la Comunitat Valenciana» y ha calificado de «bochornoso» el «espectáculo» del diputado de la coalición «ante empresarios de toda España».

«La imagen de la Comunitat Valenciana que debemos exportar es la de la unidad, la apertura, el diálogo, y lamentablemente hoy no se ha dado por culpa de una postura intransigente», ha señalado y se ha preguntado «cómo vamos a trasladar la idea de que la Comunitat valenciana es un buen lugar para invertir si cuando vienen empresarios de toda España se les desprecia de esta manera. Una vez más vemos que para Compromís la lengua no es elemento de unión, sino de desunión y enfrentamiento».

«POLÍTICA ‘GO HOME'»
Para Carrasco, «la política ‘go home’ de Compromís es espantar inversiones de la Comunitat Valenciana. La gente no come de hablar valenciano sino de trabajar. En estas manos se encuentra la Conselleria encargada de la gestión económico-empresarial. En lugar de aperturismo, hay reduccionismo. Ni la ideología sectaria ni la lengua deberían interferir así en cuestiones empresariales».

Por su parte, el síndic de Cs en Les Corts, Toni Cantó, ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter donde ha explicado que «empresarios de toda España plantan a Compromís por no querer hablarles en castellano. Ningunear a profesionales que se recorren todo el país hablándoles en una lengua que no entienden es una absoluta falta de respeto. Basta ya de sectarismo».

El diputado Nadal se ha limitado a señalar también a través de un tuit que la noticia, avanzada por Las Provincias, «dice algunas mentirijillas» y añade: «Si alguien está interesado en qué discurso he hecho sobre la política industrial valenciana que defiende Compromís que lo pida. Sobre polémicas estériles no voy a hacer declaraciones. Seguimos!».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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