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Empresarios abandonan un Congreso al negarse un diputado de Compromís a hablar en castellano

Publicado
hace 5 añosen
VALÈNCIA, 20 Nov. – Empresarios de varias comunidades autónomas se han marchado este miércoles de una mesa de debate en el marco del Congreso de Áreas Empresariales de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) al negarse el diputado de Compromís Josep Nadal a hablar en castellano durante su intervención.
Así lo han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de lo sucedido, que han relatado que alrededor de 20 empresarios procedentes de varias autonomías han salido de la mesa debate molestos con la actitud del parlamentario, que participaba junto con diputados de otras formaciones políticas, en una mesa debate abierta sobre la Ley 14/2018 de 5 de junio de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana. También empresarios valencianos se han ausentado en solidaridad con sus colegas.
Nadal, que intervenía en calidad de presidente de la Comisión de Industria de Les Corts, ante la petición de uno de los asistentes de que hablara en castellano al haber participantes de fuera de la autonomía que no entendían la lengua, se ha ofrecido a quedarse después de su intervención inicial el tiempo que fuera necesario y se comprometía a resolver cualquier duda que tuvieran, pero ha continuado con su discurso en valenciano.
Sin embargo, alrededor de 20 empresarios han declinado esta opción y han optado por marcharse, molestos, de la mesa de debate, en la que participaban, además de Nadal, los diputados Jesús Sellés (PSPV); Ana María Cerdán (Vox); Felipe Carrasco (PP) y Carlos Gracia (Cs) y se había invitado a Ferran Martínez (UP), que no ha podido asistir.
El Congreso, que previamente había sido inaugurado por el ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, y con asistencia del conseller de Economía, Rafa Climent, ha reunido en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia) a gerentes de toda España de áreas empresariales que han estudiado casos de éxito y buenas prácticas a nivel autonómico y empresarial. Entre los asistentes, se han dado cita empresarios de Murcia, la Rioja, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, Asturias, Cataluña y Canarias.
Ante lo sucedido, el portavoz de Industria del PP, Felipe Carrasco, que participaba en la mesa debate, ha lamentado en un comunicado que Compromís es «el peor embajador para atraer inversiones y empleo en la Comunitat Valenciana» y ha calificado de «bochornoso» el «espectáculo» del diputado de la coalición «ante empresarios de toda España».
«La imagen de la Comunitat Valenciana que debemos exportar es la de la unidad, la apertura, el diálogo, y lamentablemente hoy no se ha dado por culpa de una postura intransigente», ha señalado y se ha preguntado «cómo vamos a trasladar la idea de que la Comunitat valenciana es un buen lugar para invertir si cuando vienen empresarios de toda España se les desprecia de esta manera. Una vez más vemos que para Compromís la lengua no es elemento de unión, sino de desunión y enfrentamiento».
«POLÍTICA ‘GO HOME'»
Para Carrasco, «la política ‘go home’ de Compromís es espantar inversiones de la Comunitat Valenciana. La gente no come de hablar valenciano sino de trabajar. En estas manos se encuentra la Conselleria encargada de la gestión económico-empresarial. En lugar de aperturismo, hay reduccionismo. Ni la ideología sectaria ni la lengua deberían interferir así en cuestiones empresariales».
Por su parte, el síndic de Cs en Les Corts, Toni Cantó, ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter donde ha explicado que «empresarios de toda España plantan a Compromís por no querer hablarles en castellano. Ningunear a profesionales que se recorren todo el país hablándoles en una lengua que no entienden es una absoluta falta de respeto. Basta ya de sectarismo».
El diputado Nadal se ha limitado a señalar también a través de un tuit que la noticia, avanzada por Las Provincias, «dice algunas mentirijillas» y añade: «Si alguien está interesado en qué discurso he hecho sobre la política industrial valenciana que defiende Compromís que lo pida. Sobre polémicas estériles no voy a hacer declaraciones. Seguimos!».
Fuente: (EUROPA PRESS)
Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.
La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».
Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».
Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.
La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.
Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.
Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.
En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.
“Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.
Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.
Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».
La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:
Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.
Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.
Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.
El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.
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