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EMT València lleva su fraude al Tribunal de Cuentas y Banco de España obligado por el Ayuntamiento

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VALÈNCIA, 20 Dic. – La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València aprobará este viernes llevar el fraude de cuatro millones de euros detectado en sus cuentas al Tribunal de Cuentas y al Banco de España atendiendo al acuerdo en este sentido adoptado este jueves en el pleno del Ayuntamiento con los votos a favor del equipo de gobierno que conforman Compromís y PSPV y la abstención de los grupos de la oposición –PP, Cs y Vox–.

Asimismo, explicará las alegaciones que la compañía –a través de su gerente, Josep Enric Garcia, y su responsable jurídica, Virgina Álvarez– presentó el 14 de noviembre al Tribunal de Cuentas después de que el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) elevara una denuncia ante este órgano por el fraude y con el fin de «precisar» cuestiones planteadas en este escrito que los responsables de la compañía consideran «erróneas», según han indicado a Europa Press fuentes de la entidad.

Tanto el acuerdo para dar cumplimiento a la decisión del pleno municipal como la explicación de las alegaciones se llevarán a cabo en una sesión extraordinaria del consejo de administración de la EMT convocada para las 12.30 horas de este viernes, como ha anunciado la compañía en un comunicado.

Esta reunión tendrá lugar después de la prevista a las 11.00 horas con el fin de informar de la decisión del Tribunal de Cuentas de nombrar un instructor para practicar diligencias de investigación sobre las posibles irregularidades cometidas en la jubilación parcial en la empresa, aprobar el pliego de condiciones para la contratación del mantenimiento de diversos autobuses y proponer la prórroga del mantenimiento del Sistema de Ayuda a la Explotación.

El Ayuntamiento de València acordó este jueves en pleno instar al consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes, como empresa pública municipal, a llevar el fraude detectado en sus cuentas al Tribunal de Cuentas y al Banco de España. Asimismo, reiteró el «compromiso» de asumir «con carácter vinculante» el dictamen de conclusiones que elabore la comisión de trabajo abierta en el seno de la compañía para investigar esta estafa.

La EMT ha señalado que asumirá el mandato del pleno y que, en consecuencia, comunicará al Tribunal de Cuentas los hechos acaecidos entre el 3 y el 23 de septiembre, periodo en el que se llevó a cabo el fraude.

La entidad ha considerado que esta comunicación al Tribunal de Cuentas «servirá para aclarar el escrito de carácter partidista que presentó en su momento Ciudadanos, donde habla de una ‘estafa informática’. Asimismo, ha expuesto que el escrito de Cs «además de presentar varias carencias, está lleno de juicios valorativos y ofrece información sesgada de las auditorías».

«El objetivo del escrito de Ciudadanos era hacer daño a la empresa y dificultar la recuperación del dinero», ha explicado el presidente de la entidad y concejal de Movilidad Sostenible en el Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi (Compromís).

Grezzi ha destacado que la compañía comunicará «exactamente lo que ha pasado» y ha dicho que esperará a «que los tribunales dictaminen para hacer juicios de valor». «Nuestro principal objetivo es recuperar el dinero y para eso estamos trabajando desde el primer día», ha subrayado.

«NO FUE UNA ESTAFA INFORMÁTICA»
La EMT ha apuntado que sus alegaciones al Tribunal de Cuentas tras el escrito de Ciudadanos «van en el mismo sentido de lo que se está descubriendo en la comisión de investigación» abierta en la empresa. «Las comparecencias en la comisión apuntan a que no fue una estafa informática y que unos estafadores fuera de la EMT perpetraron el fraude», ha expuesto la compañía.

En esta línea, ha agregado que «presuntamente, contaron con la irresponsabilidad de una trabajadora que se saltó todos los procedimientos y con la falta de control y de medidas de diligencia reforzada en la custodia de los fondos por parte de empleado o empleados de la entidad bancaria» que cursó las transferencias.

Respecto a la comunicación al Banco de España por el fraude, la EMT ha señalado que su consejo de administración aprobará efectuarla «a partir del próximo 16 de enero, atendiendo también al acuerdo plenario.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Ordenan reabrir el caso de Marta del Castillo

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el cuco marta del castillo

Reabren el caso de Marta del Castillo por posible intrusismo en el informe del móvil de Miguel Carcaño

La Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación por posible intrusismo profesional en el caso Marta del Castillo, uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años. El tribunal insta al Juzgado de Instrucción número 7 a practicar nuevas diligencias para determinar si el informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana, fue encargado por el juzgado o aportado por una de las partes.

La decisión revoca el sobreseimiento provisional dictado el 14 de marzo de 2025 y confirmado el 29 de mayo, dando la razón al recurso interpuesto por Pedro de la Torre, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA).


El origen del recurso: el perito no estaba colegiado

La denuncia se centra en la actuación del perito Manuel Huerta de la Morena, autor del informe pericial sobre el móvil de Carcaño. Según el CPITIA, Huerta no era ingeniero técnico en informática ni estaba colegiado, lo que podría constituir un delito de intrusismo profesional. Además, se le acusa de haber mostrado en medios de comunicación imágenes vinculadas a la causa judicial.

La Audiencia de Sevilla descarta continuar la investigación por revelación de secretos, al entender que el caso de Marta del Castillo ha tenido una exposición mediática masiva desde 2009, y no se aprecia información nueva de carácter reservado. Además, el artículo 201.1 del Código Penal exige denuncia del agraviado o su representante, que en este procedimiento “no existe”.


El debate: ¿un informe informático requiere título habilitante?

En relación con el presunto delito de intrusismo, el tribunal destaca que el artículo 403 del Código Penal exige dos elementos: ejercer actos propios de una profesión y carecer del título correspondiente.
En este sentido, recuerda que el perito “no firmó el informe como ingeniero informático”, sino como representante de la empresa Lazarus Technology, sin atribuirse expresamente esa condición.

No obstante, la Audiencia subraya que aún se desconoce si el equipo forense incluía a algún titulado en informática ni si el informe fue encargado por el juzgado o aportado por una parte, cuestiones que considera determinantes para decidir si la conducta constituye delito.

El tribunal cita la Ley 12/1986, que reconoce a los ingenieros técnicos la competencia para realizar “peritaciones, valoraciones, tasaciones, informes, estudios, planes y proyectos”, un argumento que refuerza la posición del CPITIA.


El juzgado deberá decidir en 12 días

La Audiencia de Sevilla ordena ahora que el Juzgado de Instrucción número 7 practique, en un plazo de 12 días, las diligencias necesarias para aclarar si el informe fue o no encargado judicialmente y si participó algún profesional titulado.
Tras ello, el juzgado deberá resolver “con entera libertad de criterio” si procede mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

 

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