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Valencia

El escándalo del Instituto de Mislata: escasez, dimisiones y conductas suicidas

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Imagen de un centro de educación secundaria. Archivo/EFE/David Fernández

La crisis arrastrada por el IES La Moreria de Mislata ha devenido en un auténtico escándalo al hacerse público a gran nivel mediático la suma indefensión sufrida por el instituto ante de una de las grandes lacras juveniles: el suicidio. Una gravedad que ha llevado a dimitir en bloque a todo el equipo directivo del centro educativo ante «la imposibilidad de gestionar los escasos recursos» del centro. Ellos lo achacan a la falta de respuesta administrativa a los 15 procedimientos activos por conductas suicidas, autolesivas o violentas que han contabilizado entre su alumnado.

Denuncias del profesorado del IES La Moreria

En un comunicado el claustro del instituto ha mostrado su total apoyo a la directiva dimitida. Han denunciado el «desamparo que sufre el centro por parte de la Conselleria«. También han declarado que la escasez de recursos «se ha puesto de manifiesto de forma preocupante en los últimos meses a través de varias situaciones dramáticas relacionadas con problemas de salud mental». Entre ellas, han narrado «desde intentos de suicidio en el propio centro a agresiones a miembros de la comunidad educativa, algunas físicas y muy serias». Añaden que «el número y la gravedad de los incidentes relacionados con la salud mental han aumentado exponencialmente en los últimos años». Todo eso se ha traducido en 15 procedimientos abiertos por conductas suicidas, autolesivas o violentas.

Los datos refrendan esa dramática tendencia. Las conductas suicidas en adolescentes se han disparado en los últimos tiempos. Los suicidios cometidos por menores de 15 años han pasado de 7 en 2020, a 14 en 2021 y a 22 el año pasado. Según el barómetro de la Fundación FAD, la tasa de jóvenes que reconocieron haber padecido problemas de salud mental con asiduidad rozaba el 16% en 2021, cuando en 2017 era del 6,2%. La Fundación Anar anunció que las peticiones de ayuda por autolesiones se multiplicaron por 56 en 13 años (de 57 casos en 2009 a nada más y nada menos que 3.200 en 2021).

Reclamaciones del instituto

El profesorado del IES La Moreria también ha recalcado la necesidad de «reforzar el departamento de orientación educativa», ya que «el alumnado con necesidades específicas de apoyo necesita una evaluación sociopsicopedagógica, así como atención y seguimiento por parte de los docentes de Pedagogía Terapéutica y educadores». La insuficiencia de personal en materia de orientación y terapia es, según ellos, uno de los factores decisivos en el agravamiento del problema.

Finalmente, los profesores de La Moreria concluyen que «es inadmisible que se llame desde la dirección de un centro y no haya nadie al otro lado, realizar una petición formal y no obtener nunca respuesta” y que “el sentimiento de abandono ha hecho mella en un claustro cada vez más desbordado y, finalmente, ha llevado a la dimisión de un excelente equipo directivo».

Educación anuncia medidas y un entendimiento

A principios de este mes, tras un largo proceso de desasistencia por parte de la Administración Pública, la dirección del centro educativo presentó su dimisión formal ante la Conselleria de Educación. En vista del revuelo causado, Conselleria organizó una reunión entre el equipo directivo del centro y la Directora Territorial a fin de analizar la situación. Y está previsto que la semana que viene haga lo propio el secretario autonómico de Educación. Asimismo, se anunció que la Dirección General de Inclusión Educativa ha activado medidas como la asignación de un docente de Pedagogía Terapéutica y de otro PT escolta, este último dependiente de la Conselleria de Igualdad, además de personal de refuerzo en Orientación.

Tras esos anuncios por parte de la Administración, el centro educativo emitió un nuevo comunicado reconociendo el intento de acercamiento entre ambas entidades. «Una vez que la Conselleria fue consciente de la difícil situación» del instituto, se puso en contacto con el equipo directivo para tratar de «arreglar la situación». Al igual que en la reunión con la directora territorial del pasado 16 de febrero ya les habían «propuesto soluciones muy satisfactorias».

El STEPV a favor del centro educativo

El Sindicat de Treballadors i treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) fue una de las principales organizaciones en manifestar su «total apoyo» a las reivindicaciones del instituto». Se han mostrado conscientes de que se ha «registrado un incremento de las situaciones conflictivas en los centros como secuela de la pandemia». Para solucionarlo, apelan a la introducción de más orientadores en los centros educativos, al igual que piden una postura más colaboracionista desde Conselleria.

El caso de este instituto de Mislata ha servido para poner de relieve la vulnerabilidad y falta de medios que sufren los centros educativos respecto a la alargada sombra del suicidio. Aunque paulatinamente la salud mental está adquiriendo la importancia que merece, todavía se postula como una de las mayores amenazas para la juventud. Poner la voz en alto es necesario para que problemáticas como esta disminuyan en la medida de lo posible. Pero, sobre todo, con el objetivo de que las autoridades políticas asuman responsabilidades y un rol activo en este asunto. No hay avance sin conciencia.

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Valencia

La jueza de la dana descarta «por ahora» citar de nuevo a Vilaplana y pregunta a Pradas si quiere volver a declarar

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Maribel Vilaplana juicio
La periodista Maribel Vilaplana en imagen de archivo-LEVANTE UD

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, descarta «por el momento» volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la ríada, y ha preguntado a la exconsellera de Justicia e Interior, investigada en el procedimiento, si quiere volver a declarar –ya lo hizo hace unos meses–.

Así se desprende de un auto, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).

En su resolución, la jueza descarta «en el presente momento» volver a citar a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular.

La jueza de la dana cuestiona el reservado del Ventorro y abre la puerta a nuevas declaraciones

La jueza considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos realizó esta petición por considerar que la comunicadora pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre tras escuchar al dueño del restaurante El Ventorro y ver las fotografías aportadas a la causa sobre las dimensiones del reservado en el que comieron la periodista y Mazón.

En su resolución, la instructora señala que, «ciertamente, las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor».

No obstante, cree «necesario, antes de reiterar una declaración ya prestada» por Vilaplana, «oír al resto de las personas que pudieron tener conocimiento de aquellas manifestaciones que pudieron referirse al proceso de decisión en la remisión del mensaje Es-Alert, de las medidas de protección a la población, oír a los testigos que de manera similar a la sra. Vilaplana, pudieran haber tenido conocimiento de las manifestaciones que por el señor Carlos Mazón se pudieran haber efectuado respecto de ese proceso de decisión y cualesquiera otros destinados a proteger a la población».

La magistrada también rechaza la petición de que se investigue a la testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello «es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme».

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

PRADAS Y SALVADOS

Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener «efecto en el proceso», ha de efectuarse con la «oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento», pues se trata de «una garantía para la propia investigada».

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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