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Valencia

El escándalo del Instituto de Mislata: escasez, dimisiones y conductas suicidas

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Imagen de un centro de educación secundaria. Archivo/EFE/David Fernández

La crisis arrastrada por el IES La Moreria de Mislata ha devenido en un auténtico escándalo al hacerse público a gran nivel mediático la suma indefensión sufrida por el instituto ante de una de las grandes lacras juveniles: el suicidio. Una gravedad que ha llevado a dimitir en bloque a todo el equipo directivo del centro educativo ante «la imposibilidad de gestionar los escasos recursos» del centro. Ellos lo achacan a la falta de respuesta administrativa a los 15 procedimientos activos por conductas suicidas, autolesivas o violentas que han contabilizado entre su alumnado.

Denuncias del profesorado del IES La Moreria

En un comunicado el claustro del instituto ha mostrado su total apoyo a la directiva dimitida. Han denunciado el «desamparo que sufre el centro por parte de la Conselleria«. También han declarado que la escasez de recursos «se ha puesto de manifiesto de forma preocupante en los últimos meses a través de varias situaciones dramáticas relacionadas con problemas de salud mental». Entre ellas, han narrado «desde intentos de suicidio en el propio centro a agresiones a miembros de la comunidad educativa, algunas físicas y muy serias». Añaden que «el número y la gravedad de los incidentes relacionados con la salud mental han aumentado exponencialmente en los últimos años». Todo eso se ha traducido en 15 procedimientos abiertos por conductas suicidas, autolesivas o violentas.

Los datos refrendan esa dramática tendencia. Las conductas suicidas en adolescentes se han disparado en los últimos tiempos. Los suicidios cometidos por menores de 15 años han pasado de 7 en 2020, a 14 en 2021 y a 22 el año pasado. Según el barómetro de la Fundación FAD, la tasa de jóvenes que reconocieron haber padecido problemas de salud mental con asiduidad rozaba el 16% en 2021, cuando en 2017 era del 6,2%. La Fundación Anar anunció que las peticiones de ayuda por autolesiones se multiplicaron por 56 en 13 años (de 57 casos en 2009 a nada más y nada menos que 3.200 en 2021).

Reclamaciones del instituto

El profesorado del IES La Moreria también ha recalcado la necesidad de «reforzar el departamento de orientación educativa», ya que «el alumnado con necesidades específicas de apoyo necesita una evaluación sociopsicopedagógica, así como atención y seguimiento por parte de los docentes de Pedagogía Terapéutica y educadores». La insuficiencia de personal en materia de orientación y terapia es, según ellos, uno de los factores decisivos en el agravamiento del problema.

Finalmente, los profesores de La Moreria concluyen que «es inadmisible que se llame desde la dirección de un centro y no haya nadie al otro lado, realizar una petición formal y no obtener nunca respuesta” y que “el sentimiento de abandono ha hecho mella en un claustro cada vez más desbordado y, finalmente, ha llevado a la dimisión de un excelente equipo directivo».

Educación anuncia medidas y un entendimiento

A principios de este mes, tras un largo proceso de desasistencia por parte de la Administración Pública, la dirección del centro educativo presentó su dimisión formal ante la Conselleria de Educación. En vista del revuelo causado, Conselleria organizó una reunión entre el equipo directivo del centro y la Directora Territorial a fin de analizar la situación. Y está previsto que la semana que viene haga lo propio el secretario autonómico de Educación. Asimismo, se anunció que la Dirección General de Inclusión Educativa ha activado medidas como la asignación de un docente de Pedagogía Terapéutica y de otro PT escolta, este último dependiente de la Conselleria de Igualdad, además de personal de refuerzo en Orientación.

Tras esos anuncios por parte de la Administración, el centro educativo emitió un nuevo comunicado reconociendo el intento de acercamiento entre ambas entidades. «Una vez que la Conselleria fue consciente de la difícil situación» del instituto, se puso en contacto con el equipo directivo para tratar de «arreglar la situación». Al igual que en la reunión con la directora territorial del pasado 16 de febrero ya les habían «propuesto soluciones muy satisfactorias».

El STEPV a favor del centro educativo

El Sindicat de Treballadors i treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) fue una de las principales organizaciones en manifestar su «total apoyo» a las reivindicaciones del instituto». Se han mostrado conscientes de que se ha «registrado un incremento de las situaciones conflictivas en los centros como secuela de la pandemia». Para solucionarlo, apelan a la introducción de más orientadores en los centros educativos, al igual que piden una postura más colaboracionista desde Conselleria.

El caso de este instituto de Mislata ha servido para poner de relieve la vulnerabilidad y falta de medios que sufren los centros educativos respecto a la alargada sombra del suicidio. Aunque paulatinamente la salud mental está adquiriendo la importancia que merece, todavía se postula como una de las mayores amenazas para la juventud. Poner la voz en alto es necesario para que problemáticas como esta disminuyan en la medida de lo posible. Pero, sobre todo, con el objetivo de que las autoridades políticas asuman responsabilidades y un rol activo en este asunto. No hay avance sin conciencia.

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Valencia

Fiscalía propone investigar la filtración del audio entre Aemet y el 112 durante la DANA en Valencia

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efectos DANA Valencia
Archivo - Sala 112 GVA en imagen de archivo - GVA - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 16 mayo (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Provincial de Valencia ha propuesto abrir una investigación sobre la filtración del audio incompleto de una conversación mantenida entre una meteoróloga de Aemet y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, grabada durante la gestión de la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia el pasado octubre.

Investigación por una posible revelación de información reservada

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal responsable del caso ha solicitado la incoación de diligencias de investigación, tras estudiar la denuncia presentada en marzo por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo es determinar si se ha cometido algún tipo de delito relacionado con la difusión de información confidencial en un contexto de emergencia.

La propuesta de la Fiscalía está pendiente de aprobación por parte de la Jefatura del Ministerio Público, y podría derivar en un proceso judicial formal.

🛑 El contenido del audio y su carácter reservado

El audio en cuestión se difundió el 12 de febrero en varios medios y redes sociales. En él, se escucha una conversación entre una trabajadora de Aemet y una técnica del 112, realizada el mismo día de la DANA, el 29 de octubre de 2023. La presidenta de Aemet, María José Rallo, señaló en su denuncia que la conversación fue parte de la gestión de una emergencia, por lo que la grabación tenía carácter reservado según el artículo 53.3 de la Ley de Transparencia.

La difusión del audio, al haber sido incompleta y sacada de contexto, podría haber afectado a los derechos de la trabajadora y a la interpretación pública de la actuación de Aemet durante la crisis meteorológica.

Controversia política por el uso del audio

El caso tomó un tinte político cuando el president de la Generalitat, Carlos Mazón, publicó en su cuenta de X un extracto del audio acompañado de la frase: “No vamos a marearos con más avisos”. En respuesta, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acusó a Mazón de “manipular” el contenido, advirtiendo que su conducta podría estar “al borde del delito”.

Aemet defendió públicamente a su trabajadora con un comunicado en el que explicaba que la meteoróloga había reafirmado los avisos rojos ya emitidos desde primera hora de la mañana, y que el objetivo de su llamada era actualizar sin generar confusión entre las instituciones.

Próximos pasos: protección al personal y claridad en la investigación

La Agencia Estatal de Meteorología ha expresado su apoyo al equipo implicado, recordando que los trabajadores públicos deben ser protegidos de presiones y ataques externos, especialmente en redes sociales.

Si finalmente se abre una causa judicial, se evaluará también si la filtración ha vulnerado datos personales y la imagen profesional de la empleada pública afectada.


 

 

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