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El escándalo del Instituto de Mislata: escasez, dimisiones y conductas suicidas

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escándalo instituto Mislata
Imagen de un centro de educación secundaria. Archivo/EFE/David Fernández

La crisis arrastrada por el IES La Moreria de Mislata ha devenido en un auténtico escándalo al hacerse público a gran nivel mediático la suma indefensión sufrida por el instituto ante de una de las grandes lacras juveniles: el suicidio. Una gravedad que ha llevado a dimitir en bloque a todo el equipo directivo del centro educativo ante «la imposibilidad de gestionar los escasos recursos» del centro. Ellos lo achacan a la falta de respuesta administrativa a los 15 procedimientos activos por conductas suicidas, autolesivas o violentas que han contabilizado entre su alumnado.

Denuncias del profesorado del IES La Moreria

En un comunicado el claustro del instituto ha mostrado su total apoyo a la directiva dimitida. Han denunciado el «desamparo que sufre el centro por parte de la Conselleria«. También han declarado que la escasez de recursos «se ha puesto de manifiesto de forma preocupante en los últimos meses a través de varias situaciones dramáticas relacionadas con problemas de salud mental». Entre ellas, han narrado «desde intentos de suicidio en el propio centro a agresiones a miembros de la comunidad educativa, algunas físicas y muy serias». Añaden que «el número y la gravedad de los incidentes relacionados con la salud mental han aumentado exponencialmente en los últimos años». Todo eso se ha traducido en 15 procedimientos abiertos por conductas suicidas, autolesivas o violentas.

Los datos refrendan esa dramática tendencia. Las conductas suicidas en adolescentes se han disparado en los últimos tiempos. Los suicidios cometidos por menores de 15 años han pasado de 7 en 2020, a 14 en 2021 y a 22 el año pasado. Según el barómetro de la Fundación FAD, la tasa de jóvenes que reconocieron haber padecido problemas de salud mental con asiduidad rozaba el 16% en 2021, cuando en 2017 era del 6,2%. La Fundación Anar anunció que las peticiones de ayuda por autolesiones se multiplicaron por 56 en 13 años (de 57 casos en 2009 a nada más y nada menos que 3.200 en 2021).

Reclamaciones del instituto

El profesorado del IES La Moreria también ha recalcado la necesidad de «reforzar el departamento de orientación educativa», ya que «el alumnado con necesidades específicas de apoyo necesita una evaluación sociopsicopedagógica, así como atención y seguimiento por parte de los docentes de Pedagogía Terapéutica y educadores». La insuficiencia de personal en materia de orientación y terapia es, según ellos, uno de los factores decisivos en el agravamiento del problema.

Finalmente, los profesores de La Moreria concluyen que «es inadmisible que se llame desde la dirección de un centro y no haya nadie al otro lado, realizar una petición formal y no obtener nunca respuesta” y que “el sentimiento de abandono ha hecho mella en un claustro cada vez más desbordado y, finalmente, ha llevado a la dimisión de un excelente equipo directivo».

Educación anuncia medidas y un entendimiento

A principios de este mes, tras un largo proceso de desasistencia por parte de la Administración Pública, la dirección del centro educativo presentó su dimisión formal ante la Conselleria de Educación. En vista del revuelo causado, Conselleria organizó una reunión entre el equipo directivo del centro y la Directora Territorial a fin de analizar la situación. Y está previsto que la semana que viene haga lo propio el secretario autonómico de Educación. Asimismo, se anunció que la Dirección General de Inclusión Educativa ha activado medidas como la asignación de un docente de Pedagogía Terapéutica y de otro PT escolta, este último dependiente de la Conselleria de Igualdad, además de personal de refuerzo en Orientación.

Tras esos anuncios por parte de la Administración, el centro educativo emitió un nuevo comunicado reconociendo el intento de acercamiento entre ambas entidades. «Una vez que la Conselleria fue consciente de la difícil situación» del instituto, se puso en contacto con el equipo directivo para tratar de «arreglar la situación». Al igual que en la reunión con la directora territorial del pasado 16 de febrero ya les habían «propuesto soluciones muy satisfactorias».

El STEPV a favor del centro educativo

El Sindicat de Treballadors i treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) fue una de las principales organizaciones en manifestar su «total apoyo» a las reivindicaciones del instituto». Se han mostrado conscientes de que se ha «registrado un incremento de las situaciones conflictivas en los centros como secuela de la pandemia». Para solucionarlo, apelan a la introducción de más orientadores en los centros educativos, al igual que piden una postura más colaboracionista desde Conselleria.

El caso de este instituto de Mislata ha servido para poner de relieve la vulnerabilidad y falta de medios que sufren los centros educativos respecto a la alargada sombra del suicidio. Aunque paulatinamente la salud mental está adquiriendo la importancia que merece, todavía se postula como una de las mayores amenazas para la juventud. Poner la voz en alto es necesario para que problemáticas como esta disminuyan en la medida de lo posible. Pero, sobre todo, con el objetivo de que las autoridades políticas asuman responsabilidades y un rol activo en este asunto. No hay avance sin conciencia.

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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»

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Caso Koldo-Ábalos
La expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez (c), a su llegada al Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio de las mascarillas, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS)

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.

“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.


Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.

“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.


“La idea era tener un lugar para estar juntos”

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.

“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.

En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.

“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.


Admite que cobró de Ineco sin trabajar

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.

Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:

“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.

Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.

Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.


Una relación iniciada en 2018 y marcada por la situación política

Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.

No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.

“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.


“Nuestra historia solo la conocemos él y yo”

La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.

Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.

“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.

Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

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