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Valencia

El escándalo del Instituto de Mislata: escasez, dimisiones y conductas suicidas

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Imagen de un centro de educación secundaria. Archivo/EFE/David Fernández

La crisis arrastrada por el IES La Moreria de Mislata ha devenido en un auténtico escándalo al hacerse público a gran nivel mediático la suma indefensión sufrida por el instituto ante de una de las grandes lacras juveniles: el suicidio. Una gravedad que ha llevado a dimitir en bloque a todo el equipo directivo del centro educativo ante «la imposibilidad de gestionar los escasos recursos» del centro. Ellos lo achacan a la falta de respuesta administrativa a los 15 procedimientos activos por conductas suicidas, autolesivas o violentas que han contabilizado entre su alumnado.

Denuncias del profesorado del IES La Moreria

En un comunicado el claustro del instituto ha mostrado su total apoyo a la directiva dimitida. Han denunciado el «desamparo que sufre el centro por parte de la Conselleria«. También han declarado que la escasez de recursos «se ha puesto de manifiesto de forma preocupante en los últimos meses a través de varias situaciones dramáticas relacionadas con problemas de salud mental». Entre ellas, han narrado «desde intentos de suicidio en el propio centro a agresiones a miembros de la comunidad educativa, algunas físicas y muy serias». Añaden que «el número y la gravedad de los incidentes relacionados con la salud mental han aumentado exponencialmente en los últimos años». Todo eso se ha traducido en 15 procedimientos abiertos por conductas suicidas, autolesivas o violentas.

Los datos refrendan esa dramática tendencia. Las conductas suicidas en adolescentes se han disparado en los últimos tiempos. Los suicidios cometidos por menores de 15 años han pasado de 7 en 2020, a 14 en 2021 y a 22 el año pasado. Según el barómetro de la Fundación FAD, la tasa de jóvenes que reconocieron haber padecido problemas de salud mental con asiduidad rozaba el 16% en 2021, cuando en 2017 era del 6,2%. La Fundación Anar anunció que las peticiones de ayuda por autolesiones se multiplicaron por 56 en 13 años (de 57 casos en 2009 a nada más y nada menos que 3.200 en 2021).

Reclamaciones del instituto

El profesorado del IES La Moreria también ha recalcado la necesidad de «reforzar el departamento de orientación educativa», ya que «el alumnado con necesidades específicas de apoyo necesita una evaluación sociopsicopedagógica, así como atención y seguimiento por parte de los docentes de Pedagogía Terapéutica y educadores». La insuficiencia de personal en materia de orientación y terapia es, según ellos, uno de los factores decisivos en el agravamiento del problema.

Finalmente, los profesores de La Moreria concluyen que «es inadmisible que se llame desde la dirección de un centro y no haya nadie al otro lado, realizar una petición formal y no obtener nunca respuesta” y que “el sentimiento de abandono ha hecho mella en un claustro cada vez más desbordado y, finalmente, ha llevado a la dimisión de un excelente equipo directivo».

Educación anuncia medidas y un entendimiento

A principios de este mes, tras un largo proceso de desasistencia por parte de la Administración Pública, la dirección del centro educativo presentó su dimisión formal ante la Conselleria de Educación. En vista del revuelo causado, Conselleria organizó una reunión entre el equipo directivo del centro y la Directora Territorial a fin de analizar la situación. Y está previsto que la semana que viene haga lo propio el secretario autonómico de Educación. Asimismo, se anunció que la Dirección General de Inclusión Educativa ha activado medidas como la asignación de un docente de Pedagogía Terapéutica y de otro PT escolta, este último dependiente de la Conselleria de Igualdad, además de personal de refuerzo en Orientación.

Tras esos anuncios por parte de la Administración, el centro educativo emitió un nuevo comunicado reconociendo el intento de acercamiento entre ambas entidades. «Una vez que la Conselleria fue consciente de la difícil situación» del instituto, se puso en contacto con el equipo directivo para tratar de «arreglar la situación». Al igual que en la reunión con la directora territorial del pasado 16 de febrero ya les habían «propuesto soluciones muy satisfactorias».

El STEPV a favor del centro educativo

El Sindicat de Treballadors i treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) fue una de las principales organizaciones en manifestar su «total apoyo» a las reivindicaciones del instituto». Se han mostrado conscientes de que se ha «registrado un incremento de las situaciones conflictivas en los centros como secuela de la pandemia». Para solucionarlo, apelan a la introducción de más orientadores en los centros educativos, al igual que piden una postura más colaboracionista desde Conselleria.

El caso de este instituto de Mislata ha servido para poner de relieve la vulnerabilidad y falta de medios que sufren los centros educativos respecto a la alargada sombra del suicidio. Aunque paulatinamente la salud mental está adquiriendo la importancia que merece, todavía se postula como una de las mayores amenazas para la juventud. Poner la voz en alto es necesario para que problemáticas como esta disminuyan en la medida de lo posible. Pero, sobre todo, con el objetivo de que las autoridades políticas asuman responsabilidades y un rol activo en este asunto. No hay avance sin conciencia.

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Valencia

La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón los datos de la tarjeta con la que pagó el parking

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Maribel Vilaplana Mazón parking
La periodista Maribel Vilaplana (d) a su llegada a los Juzgados de Catarroja, a 3 de noviembre de 2025, en Catarroja, Valencia Jorge Gil - Europa Press VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado requerir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de las riadas con el ‘president’ de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, los datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta donde dejó su coche.

Qué solicita exactamente la jueza a Maribel Vilaplana

Así consta en una providencia dictada este miércoles en la que la instructora solicita esta información para que la empresa gestora del aparcamiento pueda remitir al órgano judicial los datos concretos de la hora de entrada y salida del vehículo de la periodista.

La magistrada requiere a la comunicadora que proporcione al Juzgado, “a la mayor brevedad”, una captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de València, correspondiente al 29 de octubre de 2024. También le pide los dígitos de la tarjeta bancaria utilizada y el tipo de tarjeta con la que efectuó el pago.

La jueza aclara que estos datos serán anonimizados y utilizados exclusivamente para cumplir con el oficio, remarcando que la propia testigo ya había manifestado su voluntad de facilitar dicha información durante su declaración.

El objetivo del requerimiento: reconstruir la cronología del 29O

Una vez se verifiquen los datos proporcionados por Vilaplana, la jueza enviará la documentación a la empresa Interparking para que, en un plazo de tres días, remitan la información oficial sobre la hora exacta de entrada y salida del vehículo aquel 29 de octubre de 2024.

La magistrada ya había solicitado el tique del parking durante la primera declaración de la periodista —realizada por orden de la Audiencia de Valencia—, pero Vilaplana no pudo aportarlo. En su testimonio, explicó que estuvo en el restaurante El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, momento en el que se dirigió hacia el aparcamiento acompañada por Mazón, dato que se conoció en fechas recientes.


Las grabaciones del 29 de octubre, nuevas pruebas en la causa

Por otra parte, la instructora ha aceptado en un auto la petición de Intersindical Valenciana para recabar las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante el 29 de octubre de 2024 a través del Grupo de Comunicación de Radio V-Valencia del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Se recogerán, además, sus transcripciones, acotando el periodo a las horas solicitadas por la Fiscalía: entre las 12.00 y las 15.30.

Por qué estas grabaciones son consideradas determinantes

La jueza fundamenta su decisión en el testimonio de un sargento de Bomberos, quien declaró que todas sus comunicaciones estaban grabadas, podían solicitarse y estaban monitorizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

A juicio de la magistrada, estas grabaciones constituyen documentación esencial de la actuación profesional de los intervinientes. Su análisis se considera clave en el contexto de una investigación penal sobre la gestión de la dana que dejó 229 víctimas mortales y múltiples heridos.

Además, señala que la obtención de estos datos no vulnera la intimidad de los participantes en las comunicaciones, ya que:

  • Son profesionales conocedores de que sus comunicaciones se graban.

  • No se trata de conversaciones de carácter privado.

  • No afecta al secreto de las comunicaciones, dado que el contenido está vinculado a la prestación de un servicio público en una situación de emergencia.


La gestión de la dana, bajo el escrutinio judicial

La decisión de solicitar la información bancaria de la periodista y las grabaciones del 29O se enmarca en un contexto judicial y político especialmente sensible. La cronología exacta de los movimientos del entonces president en funciones, Carlos Mazón, durante las horas críticas de la tragedia, continúa siendo uno de los puntos más relevantes de la investigación.

El papel de la periodista en la reconstrucción de los hechos

Maribel Vilaplana, figura conocida en València y vinculada a distintos ámbitos de la comunicación institucional, se ha convertido en testigo clave porque estuvo con Mazón durante parte de la franja horaria investigada. Su testimonio puede ayudar a esclarecer:

  • Dónde se encontraba Mazón en las horas críticas.

  • A qué hora llegó y salió del restaurante.

  • En qué momento exacto se dirigieron al parking.

  • Cuánto tiempo permaneció su vehículo estacionado en la zona.

La delimitación precisa de estos movimientos es relevante para contrastar con otras fuentes, como grabaciones oficiales, comunicaciones institucionales y testimonios del dispositivo de emergencia.


Un procedimiento judicial que avanza paso a paso

La investigación continúa acumulando documentos, testimonios y pruebas técnicas con el objetivo de reconstruir al detalle lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, día en el que una de las mayores tragedias por inundación en la historia reciente de España provocó la muerte de 229 personas.

La jueza insiste en que cada requerimiento se justifica por la necesidad de depurar responsabilidades y entender con claridad si hubo fallos de coordinación, retrasos en la reacción o ausencia de decisiones esenciales durante las horas clave de la emergencia.

Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida en El Ventorro, según confirma el entorno de la periodista

 

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