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Estos son los 10 puntos clave del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos

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Madrid, 12 nov.- PSOE y Unidas Podemos han consensuado posturas y este martes han hecho público el acuerdo de gobierno «progresista» por el que ambas formaciones buscarán los respaldos para «echar a andar lo antes posible».

Pese a que no han entrado en detalles quién ocupará cada cargo, ha transcendido que Pedro Sánchez será el Presidente del Gobierno mientras que Pablo Iglesias ejercerá la vicepresidencia.

En su comparecencia pública conjunta, han suscrito las bases de este acuerdo programático que buscará nuevos socios de Gobierno, entre ellos estarán seguramente Más País e incluso ERC.

El preacuerdo se compromete a «garantizar la convivencia en Cataluña» y la «normalización» de la vida política fomentando el diálogo «siempre dentro de la Constitución». Además, los socialistas lo definen como un acuerdo «pogresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa».
Estos son los principales puntos del acuerdo:

1. Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad.

2. Trabajar también por la regeneración y la lucha contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación incluyendo el impulso a las escuelas públicas de 0 a 3 años, la sanidad pública y a la atención a la dependencia; revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida; asegurar la vivienda como derecho y no como mera mercancía; apostar por la ciencia como motor de innovación tecnológica; recuperar talento emigrado y controlar la extensión de las casas de apuestas.

3. La lucha contra el cambio climático, buscando que la transición ecológica se haga de manera justa, protegiendo la biodiversidad y garantizando un trato digno a los animales.

4. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos; impulsar la reindustrialización y el sector primario, así como el impulso digital.

5. Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y el reconocimiento de España como un país de memoria y dignidad.

6. Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector; fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.

7. Las políticas feministas suponen otro ámbito de actuación prioritaria. El acuerdo habla de garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e instranferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral.

8. «Revertir la despoblación» y dar un «apoyo decidido a la llamada España vaciada» y a ejercer la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario porque «la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero».

9. Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.

10. Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales.

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El PP desvela registros en empresas de los socios de Francis Puig

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València, 27 may (EFE).- La síndica del PP en Les Corts, Eva Ortiz, ha desvelado este jueves en la sesión de control que la policía judicial ha registrado la sede de las empresas del hermano del president de la Generalitat Francis Puig y de los socios de este.

Ortiz ha anunciado que su partido va a presentar una «reclamación formal» para que el hermano del president, Ximo Puig, y sus socios devuelvan a los valencianos el dinero «defraudado» y que han recibido de forma «irregular y fraudulenta» de la Generalitat.

La síndica del PP ha indicado que están «muy de acuerdo» con que el Consell diga que persigue el dinero que se ha defraudado a los valencianos, pero ha opinado que es «incoherente» con que no lo hagan con el hermano del president y sus socios.

Ortiz ha destacado que hay «numerosas irregularidades» que se están investigando en ese dinero que se ha dado «con generosidad familiar» y que ha cifrado en «más de 2 millones de euros» al «cártel de sus hermanos».

La dirigente popular ha reclamado que la Abogacía de la Generalitat «no haga distinción entre quién se lleva el dinero» y «se persone ya» en esta causa.

En el turno de repreguntas, el diputado del PP Miguel Barrachina ha pedido «explicaciones» sobre esas ayudas, a lo que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, le ha replicado que el PP lleva 900 peticiones de información sobre este asunto, de las que ya se le han respondido la mitad.

Soler ha reprochado que estas cuestiones las plantee «el partido más corrupto de la historia de España» y ha destacado que esta es la decimoctava sesión de control en la que piden clarificaciones sobre este asunto, aunque ahora le ha tocado hacerlo a un «hijo político de Carlos Fabra».

El PP ha facilitado un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de València del 21 de mayo por el que se desestima el recurso interpuesto por Francis Puig, Canal Maestrat, Kriol Produccions, Nova, Enrique Adell Bover y TVCS Retransmisiones contra registros efectuados en ellas.

Los recurrentes señalaban que considera esa la actuación es «desproporcionada», y que si se les hubiera dado traslado «se podría haber evitado el desplazamiento de la Guardia Civil», porque no tienen «inconveniente alguno en aportar cuantas facturas» les sean requeridas.

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