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Estos son los puntos de la alianza entre Andalucía y la Comunitat para mejorar la financiación

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(EFE).- La «alianza» que este martes han sellado los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), por un cambio del modelo de financiación autonómica queda por escrito en una declaración institucional de once puntos:

1. Ambas comunidades destacan el problema de «insuficiencia global» del sistema de financiación autonómica, aunque hacen hincapié en que la aplicación del modelo ha puesto de manifiesto «importantes desequilibrios en la equidad horizontal».

2. El sistema de financiación ha seguido siendo «discriminatorio, complejo y poco transparente» y sigue generando «diferencias de recursos» de hasta 30 puntos porcentuales por habitante «ajustado».

3. La capacidad de las comunidades de régimen común para decidir sobre sus ingresos está «limitada» porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan, por lo que se pide mayor participación en las decisiones que afectan a estas tasas.

4. La Generalitat Valenciana y la Junta de andalucía son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades y de aumentar su «corresponsabilidad fiscal» en «un escenario de modernización» de la estructura fiscal, especialmente en materia de «imposición medioambiental».

5. La cooperación entre administraciones es «necesaria», aun más durante las crisis.

6. El conjunto de comunidades requieren más financiación porque son responsables de la Sanidad, Educación y Servicios Sociales, por lo que el nuevo modelo debe aportar más fondos en global y «corregir la inequidad horizontal» basándose en el concepto de población ajustada, «que deberá ser consensuado» por todas las regiones.

7. La priorización de los servicios públicos fundamentales de las dos comunidades y «la falta de ingresos» y «el establecimiento de reglas de sostenibilidad fiscal» han producido un «sacrificio» en términos de desarrollo regional y la generación «de un déficit estructural» en ambas comunidades.

8. La «infrafinanciacion» ha provocado que el endeudamiento de ambas comunidades sea «más pronunciado».

9. Ante la crisis del coronavirus los problemas de «asimetrías» entre comunidades deben ser contemplados junto a otros temas que el Gobierno ya está abordando como la modernización del sistema tributario y la reforma de las pensiones, ya que en esta situación «incide en la capacidad de las comunidades de afrontar la reconstrucción».

10. Las comunidades deben tener «un papel mayor en la gobernanza» del plan de recuperación, «tanto en el destino de los recursos como en el diseño de los mecanismos de control y seguimiento».

11. Se propone la creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación prorrogable automáticamente hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación que equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media nacional.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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