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Estos son los puntos de la alianza entre Andalucía y la Comunitat para mejorar la financiación

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(EFE).- La «alianza» que este martes han sellado los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), por un cambio del modelo de financiación autonómica queda por escrito en una declaración institucional de once puntos:

1. Ambas comunidades destacan el problema de «insuficiencia global» del sistema de financiación autonómica, aunque hacen hincapié en que la aplicación del modelo ha puesto de manifiesto «importantes desequilibrios en la equidad horizontal».

2. El sistema de financiación ha seguido siendo «discriminatorio, complejo y poco transparente» y sigue generando «diferencias de recursos» de hasta 30 puntos porcentuales por habitante «ajustado».

3. La capacidad de las comunidades de régimen común para decidir sobre sus ingresos está «limitada» porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan, por lo que se pide mayor participación en las decisiones que afectan a estas tasas.

4. La Generalitat Valenciana y la Junta de andalucía son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades y de aumentar su «corresponsabilidad fiscal» en «un escenario de modernización» de la estructura fiscal, especialmente en materia de «imposición medioambiental».

5. La cooperación entre administraciones es «necesaria», aun más durante las crisis.

6. El conjunto de comunidades requieren más financiación porque son responsables de la Sanidad, Educación y Servicios Sociales, por lo que el nuevo modelo debe aportar más fondos en global y «corregir la inequidad horizontal» basándose en el concepto de población ajustada, «que deberá ser consensuado» por todas las regiones.

7. La priorización de los servicios públicos fundamentales de las dos comunidades y «la falta de ingresos» y «el establecimiento de reglas de sostenibilidad fiscal» han producido un «sacrificio» en términos de desarrollo regional y la generación «de un déficit estructural» en ambas comunidades.

8. La «infrafinanciacion» ha provocado que el endeudamiento de ambas comunidades sea «más pronunciado».

9. Ante la crisis del coronavirus los problemas de «asimetrías» entre comunidades deben ser contemplados junto a otros temas que el Gobierno ya está abordando como la modernización del sistema tributario y la reforma de las pensiones, ya que en esta situación «incide en la capacidad de las comunidades de afrontar la reconstrucción».

10. Las comunidades deben tener «un papel mayor en la gobernanza» del plan de recuperación, «tanto en el destino de los recursos como en el diseño de los mecanismos de control y seguimiento».

11. Se propone la creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación prorrogable automáticamente hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación que equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media nacional.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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