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Estos son los puntos de la alianza entre Andalucía y la Comunitat para mejorar la financiación

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(EFE).- La «alianza» que este martes han sellado los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), por un cambio del modelo de financiación autonómica queda por escrito en una declaración institucional de once puntos:

1. Ambas comunidades destacan el problema de «insuficiencia global» del sistema de financiación autonómica, aunque hacen hincapié en que la aplicación del modelo ha puesto de manifiesto «importantes desequilibrios en la equidad horizontal».

2. El sistema de financiación ha seguido siendo «discriminatorio, complejo y poco transparente» y sigue generando «diferencias de recursos» de hasta 30 puntos porcentuales por habitante «ajustado».

3. La capacidad de las comunidades de régimen común para decidir sobre sus ingresos está «limitada» porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan, por lo que se pide mayor participación en las decisiones que afectan a estas tasas.

4. La Generalitat Valenciana y la Junta de andalucía son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades y de aumentar su «corresponsabilidad fiscal» en «un escenario de modernización» de la estructura fiscal, especialmente en materia de «imposición medioambiental».

5. La cooperación entre administraciones es «necesaria», aun más durante las crisis.

6. El conjunto de comunidades requieren más financiación porque son responsables de la Sanidad, Educación y Servicios Sociales, por lo que el nuevo modelo debe aportar más fondos en global y «corregir la inequidad horizontal» basándose en el concepto de población ajustada, «que deberá ser consensuado» por todas las regiones.

7. La priorización de los servicios públicos fundamentales de las dos comunidades y «la falta de ingresos» y «el establecimiento de reglas de sostenibilidad fiscal» han producido un «sacrificio» en términos de desarrollo regional y la generación «de un déficit estructural» en ambas comunidades.

8. La «infrafinanciacion» ha provocado que el endeudamiento de ambas comunidades sea «más pronunciado».

9. Ante la crisis del coronavirus los problemas de «asimetrías» entre comunidades deben ser contemplados junto a otros temas que el Gobierno ya está abordando como la modernización del sistema tributario y la reforma de las pensiones, ya que en esta situación «incide en la capacidad de las comunidades de afrontar la reconstrucción».

10. Las comunidades deben tener «un papel mayor en la gobernanza» del plan de recuperación, «tanto en el destino de los recursos como en el diseño de los mecanismos de control y seguimiento».

11. Se propone la creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación prorrogable automáticamente hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación que equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media nacional.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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