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Estos son los puntos de la alianza entre Andalucía y la Comunitat para mejorar la financiación

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(EFE).- La «alianza» que este martes han sellado los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), por un cambio del modelo de financiación autonómica queda por escrito en una declaración institucional de once puntos:

1. Ambas comunidades destacan el problema de «insuficiencia global» del sistema de financiación autonómica, aunque hacen hincapié en que la aplicación del modelo ha puesto de manifiesto «importantes desequilibrios en la equidad horizontal».

2. El sistema de financiación ha seguido siendo «discriminatorio, complejo y poco transparente» y sigue generando «diferencias de recursos» de hasta 30 puntos porcentuales por habitante «ajustado».

3. La capacidad de las comunidades de régimen común para decidir sobre sus ingresos está «limitada» porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan, por lo que se pide mayor participación en las decisiones que afectan a estas tasas.

4. La Generalitat Valenciana y la Junta de andalucía son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades y de aumentar su «corresponsabilidad fiscal» en «un escenario de modernización» de la estructura fiscal, especialmente en materia de «imposición medioambiental».

5. La cooperación entre administraciones es «necesaria», aun más durante las crisis.

6. El conjunto de comunidades requieren más financiación porque son responsables de la Sanidad, Educación y Servicios Sociales, por lo que el nuevo modelo debe aportar más fondos en global y «corregir la inequidad horizontal» basándose en el concepto de población ajustada, «que deberá ser consensuado» por todas las regiones.

7. La priorización de los servicios públicos fundamentales de las dos comunidades y «la falta de ingresos» y «el establecimiento de reglas de sostenibilidad fiscal» han producido un «sacrificio» en términos de desarrollo regional y la generación «de un déficit estructural» en ambas comunidades.

8. La «infrafinanciacion» ha provocado que el endeudamiento de ambas comunidades sea «más pronunciado».

9. Ante la crisis del coronavirus los problemas de «asimetrías» entre comunidades deben ser contemplados junto a otros temas que el Gobierno ya está abordando como la modernización del sistema tributario y la reforma de las pensiones, ya que en esta situación «incide en la capacidad de las comunidades de afrontar la reconstrucción».

10. Las comunidades deben tener «un papel mayor en la gobernanza» del plan de recuperación, «tanto en el destino de los recursos como en el diseño de los mecanismos de control y seguimiento».

11. Se propone la creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación prorrogable automáticamente hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación que equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media nacional.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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