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Fernando Simón: «Ahora mismo, no parece necesario el confinamiento completo. Veremos en el futuro”

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EFE/Mariscal

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), como cada jueves ha comentado la evolución del coronavirus en nuestro país, y ha afirmado que la reducción de la movilidad por la borrasca Filomena tendrá «algún impacto» en la evolución de la pandemia, aunque ha admitido que es pronto para cuantificarlo.

Simón, tras ser preguntado sobre si ve necesario un confinamiento por el aumento exponencial de positivos, ha contestado que “ahora mismo, no parece necesario el confinamiento completo. Veremos en el futuro”

Aunque ha reconocido que “el confinamiento estricto siempre está sobre la mesa, pero ahora con lo que tenemos es suficiente”, alegando que las medidas tomadas por las comunidades son por el momento suficientes para frenar la ola de contagios. Simón confía en controlar la tercera ola sin confinamiento, como la segunda.

“El confinamiento domiciliario es una acción que se debe realizar por algún motivo concreto. El que una persona salga de su casa, si no tiene ningún contacto de riesgo, no supone un contacto de riesgo”

En rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad para valorar los últimos datos de incidencia del covid, Simón ha insistido en que la borrasca -a la que se ha referido como «nuestra querida Filomena»- tendrá «algún impacto» si bien ha admitido que desconoce «si será mucho o poco».

No obstante, ha reconocido que el hecho de que la gente esté saliendo menos de casa y haciendo teletrabajo y los lugares de socialización estén cerrados coloca a los ciudadanos «en una situación en la que, indirectamente, se respetan más las normas, aunque no lo hagan a propósito y esto tiene un efecto. No sabemos cuánto será»

Por consiguiente, para Simón, la borrasca Filomena tendrá algún tipo de efecto. «Sería lógico», ha dicho.

Preguntado por si deberían posponerse las elecciones catalanas, Simón ha considerado que dado que la convocatoria es el 14 de febrero hay todavía «un margen» para valorar las decisiones con tiempo suficiente.

Simón ha subrayado que su posición nunca será sobre las elecciones catalanas. «Nosotros vamos a hablar sobre eventos multitudinarios en cualquier lugar de España, nunca vamos a hablar de otra cosa».

Las comunidades notificaron 88 casos de variante británica de la covid

Simón también  ha avanzado que las comunidades autónomas han notificado 88 casos confirmados de variante británica de la covid-19 y hay «por encima de los 150, cerca de los 200, en análisis. Tendremos que ver qué pasa».

En rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad para valorar los datos covid, Simón ha recordado que esto «no es una cosa de dos o tres días», «habrá que ver cómo evoluciona» y si puede llegar a ocupar el «nicho ecológico» como ha hecho en Inglaterra, Irlanda o Dinamarca, pero ahora mismo en España «no lo está ocupando».

Ha admitido que se pueden encontrar infectados entre los que vienen del sureste de Inglaterra, «pero es un volumen pequeño dentro del total de casos. Lo que no quiere decir que en el futuro puedan ser más».

Simón ha asegurado que la cepa británica preocupa desde que se notificó por primera vez en Inglaterra a finales de noviembre y primeros de diciembre, pero ha negado que ahora mismo tenga impacto en España. «Lo puede tener en el futuro», ha insistido.

El responsable del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias ha querido dejar claro que el incremento observado en España estos últimos días «no es achacable a la cepa», al menos en su totalidad.

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García Ortiz niega haber cometido el delito de revelación de secretos por el que se le juzga

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Álvaro García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado

Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados.
Álvaro García Ortiz ha negado ante el Tribunal Supremo haber cometido un delito de revelación de secretos, por el que la Fiscalía solicita entre cuatro y seis años de prisión, además de doce años de inhabilitación y una multa de más de 400.000 euros.

 Un juicio histórico en la democracia española

El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.


El origen del caso: el correo del abogado de González Amador

Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.


La posición del fiscal general

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.

El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:

“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.


Un proceso sin retransmisión pública

Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.


Qué consecuencias puede tener el juicio

Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:

  • Entre 4 y 6 años de cárcel,

  • 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,

  • y una multa superior a los 400.000 euros.

Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.


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