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La Comunitat adopta medidas de protección ante el «notable incremento» de la gripe aviar

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València, 28 dic (EFE).- La Conselleria de Agricultura ha acordado adoptar en la las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana medidas de protección ante el «notable incremento» del virus de la gripe o influenza aviar que se ha producido en Europa y en países no europeos y que afecta tanto a aves de corral como a silvestres.

La situación geográfica de la Comunitat respecto a las rutas de aves acuáticas migratorias del norte y centro de Europa, así como la presencia de humedales con abundancia de aves silvestres migratorias en esta época del año, hace necesaria una actualización de las medidas, según señala una resolución de la dirección de Agricultura.

Al riesgo de introducción y circulación del virus a través las rutas migratorias de aves se une que el sector empresarial avícola y las organizaciones profesionales han solicitado un reforzamiento de las medidas de bioseguridad para garantizar la sanidad animal de sus explotaciones y su medio de vida.

Según la resolución que publica este martes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y que estará en vigor hasta el 28 de febrero de 2022, los titulares de explotaciones avícolas reforzarán las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas de las zonas de introducción de ese virus, especialmente las destinadas a evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres y a reforzar la vigilancia pasiva en las explotaciones.

Estas medidas son de aplicación, en la provincia de Valencia, en municipios como Algemesí, Picassent, Sedaví, Silla, Sollana, Sueca, Torrent, València, Tavernes de la Valldigna, Gandia o Sagunto; en la de Alicante en Pego, Dénia, Orihuela, Torrevieja o Santa Pola; y en la de Castellón en Cabanes, Oropesa, Moncofa, La Vall d’Uixó o Torreblanca.

Estas son todas las prohibiciones:

En esos municipios, se prohíbe la cría de aves de corral al aire libre, y en caso de que alguna explotación solicite expresamente mantener esta forma de cría, el Veterinario de Inspección Pecuaria levantará acta haciendo constar que tienen adecuados que impiden la entrada de aves silvestres y por tanto su contacto con los animales de producción, incluida la zona donde son alimentados y abrevan.

También se prohíbe dar agua a aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que esté tratada para garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar, y los depósitos de agua situados en el exterior para determinadas aves de corral deben quedar protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

Además, se prohíbe la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas cuando estas se celebren al aire libre.

Queda prohibida asimismo la utilización de pájaros de las órdenes Anseriformes y Charadriiformes como reclamo durante la caza de aves, así como la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral, según señala la resolución.

Las explotaciones ganaderas de aves camperas o ecológicas pueden comercializar los productos con la referencia concreta al sistema de cría que se produce en la explotación (camperos o ecológicos) durante el periodo de restricción, siempre y cuando tengan los datos del registro correctamente actualizados.

La Conselleria ha establecido finalmente la obligación de comunicar a los servicios veterinarios oficiales, de forma inmediata, todos los focos de que tenga conocimiento de enfermedades de carácter epizoótico, así como todos los hallazgos de cadáveres de aves silvestres de especies acuática, para descartar la presencia de virus de la influenza aviar altamente patógena en los mismos.

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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